LXII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
Proceso de selección de
Consejero Electoral del Consejo General del Instituto
Federal Electoral (IFE)
José Alberto Aguilar Iñárritu
Marzo 7 de 2013
Una visión de conjunto
Después de varias décadas de profundos cambios políticos, el
México de hoy transcurre su historia marcado por las contradicciones y los
desgastes propios de una larga transformación todavía en proceso de
consolidación. Una ardua circunstancia que sin embargo cuenta a su favor con las
posibilidades de la esperanza, porque en la conciencia de sus ciudadanos cada
vez está más claro que sus déficits sólo se pueden superar si terminamos de
construir ese futuro plenamente democrático que ya tenemos delineado.
Es menester aceptar que cursamos un tramo complejo que exige al quehacer
político no sólo amplitud de miras, sino una actitud generosa y responsable para
con la nación y su mejor destino, aunado a un compromiso ético que honre la
confianza de la sociedad mexicana y atienda su reclamo. La ciudadanía también está obligada a hacer lo
propio y disponerse a intervenir con un papel participativo en la afirmación de
la democracia que sin ella, sin su seguimiento vigilante y evaluador, no puede
desplegar su necesaria integralidad como una forma de vida, porque carecería de
ese imprescindible soporte humano. Una ciudadanía que debe ser apoyada con una
mayor y mejor educación cívica para consolidar su cultura democrática.
Hay quienes visualizan en los retos de esta etapa, la
justificación necesaria para emprender la segunda transición mexicana a la democracia,
yo mismo llegué a reflexionar en ese sentido, pero con el tiempo considero que
lo prioritario es consumar la actualización institucional que nos requiere la
transición democrática realizada. Necesitamos proteger las nuevas instituciones
que nos hemos dado, evitar su desgaste, -las más de las veces resultado del
exiguo avance en otros campos del quehacer político e institucional-, y crear
otras que nos hacen falta, así como renovar la vigencia de aquellas que todavía
son viables, para armonizar todas en bien de su eficacia política y social y en
favor de una República restituida en todas sus capacidades. En todo caso,
desarrollar las instituciones de la democracia es asegurar su capacidad de
cambio y profundización continua.
De pactos, constituciones y
proyecto nacional
Estamos
a la vuelta de celebrar el centenario de la Constitución General de la
República, es decir nos acercamos a una magnifica oportunidad para dotar a
México de una constitucionalidad renovada, toda vez que la actual tiene muy
poco que ver con la que redactó el Constituyente de 1917 y después de tantos
cambios llega a padecer contrasentidos entre sus disposiciones. Se encuentra
plagada de temas propios de las leyes secundarias y necesita robustecer su
eficacia como instrumento para regular las nuevas realidades de esta etapa de
la vida nacional. De acuerdo con el Doctor Diego Valadés[1], sólo 22 de sus 136
artículos no han sido modificados en su redacción original, lo cual equivale al
16% del articulado o al 3% de su texto total.
En
el sentido de impulsar nuestro arribo a una nueva constitucionalidad, el mismo
Dr. Valadés, nos propone una ruta de reforma precisa y ponderada de tres pasos,
que cito libre:
·
Primero, excluir del debate los
grandes principios que cimientan la Constitución, para evitar confrontaciones
innecesarias entre los mexicanos. Entre otros, laicidad, democracia, libertad,
igualdad, federalismo, derechos humanos y sociales;
·
Realizar una profunda reforma al
régimen de gobierno que, -comento yo-, podría resultar de armonizar en la
negociación legislativa lo establecido
por las principales corrientes que participan en ese debate hace poco más de
doce años: quienes abonan por el sistema presidencial funcional y equilibrado,
los que proponen el sistema
presidencial con gobierno de gabinete, quienes establecen el modelo semipresidencial y aún quienes, en
forma minoritaria, proponen un cambio radical hacia el régimen parlamentario;
·
Hacer una revisión del articulado
con base en una buena técnica jurídica para pasar a leyes secundarias todos
aquellos preceptos que aún siendo válidos, no les corresponda formar parte del
texto constitucional.
Personalmente creo que esa propuesta allanaría mucho el camino de
la actualización institucional requerida. Sin embargo subsiste un tema de fondo
que no vamos a poder resolver sin el concurso de todas las fuerzas políticas,
de los grupos de poder y de la ciudadanía en general y es la ausencia de un
nuevo pacto de poder acorde con el
advenimiento de la democracia, como pieza central para consolidar esa nueva era
mexicana a la que no terminamos de arribar.
En doscientos años de vida independiente México ha vivido de tres
pactos de poder: el de Guadalupe Victoria que nos dio nación, el conformado
desde Juárez hasta Díaz que nos dio Estado, y el creado desde Obregón y Calles
hasta Cárdenas que nos dio un régimen para gobernar la Revolución, este último
colapsó en 1982 en medio de una profunda crisis fiscal.
Entonces se inició un importante esfuerzo por volver a pactar al
país, ahora en torno a un proyecto nacional afirmado en una lógica de
modernización global, sin embargo este ejercicio no pudo culminar en un nuevo
pacto de poder y enfrentó una nueva crisis en 1994 que lo hizo fracasar en ese
propósito.
Después de la crisis de 1994, a México le ha costado
mucho trabajo dejar atrás el proceso de modernización fallida que sufrió[2] y
reconstruir el consenso en favor del cambio. Hoy seguimos siendo un país lleno
de diagnósticos y propuestas, pero carente de una visión de futuro
mayoritariamente compartida y sobre todo organizada, para arribar un estadio
superior de progreso incluyente[3].
La constante ha sido que, en el México plural que
ahora reivindica como nunca su diversidad, sus élites han venido actuando
sectariamente. Sin ocuparse por hacer política para crear una versión
compartida, han pretendido que su razón constituya la verdad de todos. Por eso,
aunque hay adelantos, en general los proyectos carecen de visión de Estado y
naturaleza incluyente.
La nación se mira dividida, carente de mecanismos
para edificar salidas colectivas a los retos comunes. El oligopolio coloniza la
vida pública y la anula, la vuelve ineficaz, incapaz de ecualizar los intereses
de todos para conseguir metas y soluciones de unidad. El interés particular
domina sobre el general; se privatizan beneficios y se socializan pérdidas;
prevalece el "grupismo" y
la exclusión social.
Es justamente esa racionalidad dominante, -o irracionalidad no neutralizada-, la
que ha dañado la ejecución de muchas reformas imprescindibles para montar con
firmeza al país sobre los rieles del siglo XXI. No hemos podido construir una
fuerza superior al imperio de las parciales que las relativice y las obligue a
la convergencia. Se necesita conformar, por vía de la política, desde la
democracia y en el marco de la ley, un nuevo bloque de poder capaz de rendir las parcialidades del interés
particular al general y hacer estallar el impasse
que nos paraliza.
Son relaciones causa-efecto que irrenunciablemente
conllevan a resolver el tema del ausente nuevo pacto de poder[4]
que necesitamos los mexicanos para afianzar la democracia, tanto en el
ejercicio del gobierno, como en la vida cotidiana, y así rebasar el estrecho
ámbito electoral a donde ha sido circunscrita. Exhortan a trabajar por un pacto mayoritario de minorías activas[5]
que corresponde iniciar con un llamado a un nuevo diálogo sobre el rumbo
nacional.
En ese sentido el Pacto
por México es bienvenido no sólo por su pertinencia instrumental para
avanzar en reformas largamente pospuestas, sino porque esa es la naturaleza del
ejercicio de la política en la democracia. Empero no hay que confundir la
herramienta con la estructura y jerarquizar también a las primeras por su peso
e importancia[6].
Existen pactos fundantes y pactos operativos, los
primeros son de gran aliento, tienen vigencia por épocas, los segundos
responden a fases o coyunturas más o menos duraderas. Los primeros soportan la
convivencia mayoritaria de nación por mucho tiempo y dan lugar a grandes bloques históricos, los segundos permiten
avanzar a los actores de cada elección por medio de coaliciones temporales.
En los pactos fundantes el clausulado es muy pequeño,
no más de dos o tres disposiciones contractuales que se fijan en la cultura
dominante, en los pactos operativos las clausulas tienden a ser muchas y se
desgranan en políticas públicas. En fin,
los primeros determinan el sentido y el proyecto de nación, los segundos de los
gobiernos y de sus oposiciones.
En los pactos fundantes el consenso es fundamental,
en los pactos operativos confundir la regla de la mayoría con el consenso es
una trampa. Los primeros se llaman pactos de poder, los segundos de muchas
formas. Alcanzar un pacto fundante o de
poder, permitiría no solo soportar la nueva constitucionalidad que necesita el
país, sino la posibilidad de avanzar unidos en la diversidad al menos por los
próximos cincuenta años.
Entre otros relevantes aspectos, permitiría que los
procesos electorales que reproducen el sistema, se realizaran entre
adversarios, no entre enemigos, porque habría plena conciencia de que nadie gana
todo, ni pierde todo y que ningún
triunfo puede cambiar los soportes fundamentales del régimen que a todos
contiene. Sin embargo, como expresé
líneas arriba, edificar el nuevo pacto de poder de la nación mexicana requiere
del concurso de todos.
Se trata de dar luz al cuarto pacto fundante de
nuestra historia, concomitante a la cuarta República, ahora de la democracia. Es
por tanto un proceso que exige conformar un amplio sustento político y social
que no elimina a su interior las diferencias y aunque privilegia la
coincidencias, acepta que la forma de marcar el rumbo en una democracia es
aplicar la regla de la mayoría, -no necesariamente el consenso que es escaso y
puede entrampar un proceso-, al tiempo que garantiza la salvaguarda de la
minoría, consciente de que todas las fuerzas pueden ser alternativamente una u
otra.
De la
educación cívica y la cultura democrática sobre el ejercicio del poder
Convocar la participación de todos a un proceso de
este tipo necesariamente comienza y termina con la educación, hasta que esta se
convierte en cultura y entonces establece pautas constantes al comportamiento
político y electoral de la ciudadanía. Una tarea educativa de este tipo es
desde luego responsabilidad de las instituciones, en primer lugar de las
relacionadas con la academia, pero también de las que conciernen a la política
y de estas, de manera relevante, las que obligan a los partidos políticos y al
Instituto Federal Electoral (IFE).
Los partidos políticos está obligados por su
naturaleza jurídica, definida en el artículo 41 constitucional[7], a
ser también entidades educativas que debe apoyar la construcción de ciudadanía,
además de obligarse con la formación y capacitación de sus militantes y
agremiados. El IFE[8]
está obligado también a cumplir un papel muy relevante tanto en materia de
educación cívica y cultura democrática como de preservar y fortalecer el
régimen de partidos.
En lo referente a los partidos políticos su práctica
en la materia debe ser fortalecida a partir de elevar el peso presupuestal y
operativo de sus fundaciones e
instancias de capacitación internas, así como de mantener 365 días su presencia
con la sociedad aunque no haya elecciones.
Respecto del IFE, es indudable que la institución
despliega un importante trabajo en este campo, aunque se concentra en dos
aspectos: Difusión de valores cívicos y democráticos; y Enseñanza del proceso
electoral, es decir de la organización de la participación partidista y
ciudadana para renovar el poder. Sin embargo, hace muy poco respecto de
estimular la comprensión ciudadana sobre el fin de la democracia electoral, que
es resolver democráticamente el ejercicio del poder y no sólo garantizar
elecciones libres, ciertas y equitativas. Lo cual no ayuda a solventar una de
las problemáticas que más desencantan a la ciudadanía con la democracia.
De ahí que el creciente ataque a las instituciones
electorales encuentre un campo fértil en la opinión pública que, carente de un
marco adecuado, no distinga la no competencia de estas instituciones para
solucionar las insuficiencias de la política vigente. En particular que, ante
la ausencia de un nuevo pacto de poder, las contiendas electorales se celebren
entre enemigos no entre adversarios o que, ante el insuficiente control
ciudadano, crezca la insatisfacción social por la ineficacia de la acción
pública respecto de sus demandas.
Aquí se ubica buena parte de esa problemática de las
instituciones electorales que daña frecuentemente su credibilidad y por tanto
su legitimidad ante la opinión pública, un asunto que si bien requiriera de una
mejor estrategia de medios, no se resuelve de fondo sin una mayor y mejor
educación democrática a la ciudadanía.
Si consideráramos a IFE el árbitro de un partido de
futbol, responsable de llevar el juego de acuerdo con las reglas y en su caso
sancionar con tarjetas rojas y amarillas ese partido, es claro que a ningún conocedor
se le ocurriría pedirle, para evaluar su trabajo, que además evite la violencia
del estadio entre la porras, a los revendedores en los alrededores y que también
se encargue de la seguridad del barrio y, si le alcanza, de la ciudad.
Pero al IFE, no obstante realizar su tarea
administrativa electoral con estándares superiores, sin parangón en buena parte
del mundo, de fondo se le quiere obligar a resolver la enemistad entre actores
políticos no pactados y a neutralizar todos los venenos perversos que se derivan de ello, cuando evitarlo
es una función de la política y si se quiere del acuerdo republicano que del
cual carecemos.
Ante este panorama, por algún lado hay que comenzar y
la lógica de instrumentar el policía, del policía, del policía, no es la más
eficaz, ni tampoco la de esperar a que la política se autocritique y se ponga
de acuerdo, porque en esa suerte se pueden agotar las instituciones electorales. Lo mejor es colaborar para que todos
alcancemos ese nuevo pacto de poder que el país requiere y una forma sólida de
comenzar es trabajar junto con los partidos políticos en favor de una educación
democrática de la ciudadanía que enfatice los aspectos del ejercicio del poder
y no sólo los relativos a la instrumentación de la lucha por alcanzar el poder.
De la agenda de reforma, de los partidos políticos y del IFE
Entre los temas más importantes de la agenda de desarrollo
político e institucional destaca, casi al mismo nivel que tiene reformar el
régimen de gobierno para solucionar la no resuelta ecuación
presidencialismo-multipartidismo en favor de estimular el acuerdo y los
gobiernos de mayoría, la necesidad de fortalecer el sistema de partidos
políticos.
El objetivo es elevar la calidad de la democracia, a partir de
propiciar el debate plural de los grandes temas sobre el sesgo mercadológico
que actualmente tiene nuestra vida electoral, así como agilizar su calidad de
gozne de la sociedad con la toma de decisiones de los poderes públicos, en
particular de los ejecutivos y de los legislativos.
Hay desde luego muchos temas que atender, entre otros, la
necesidad de trabajar para conformar un federalismo robusto del siglo XXI que
opere bajo principios de subsidiaridad, compensación, coordinación,
transparencia y participación ciudadana, y así pueda sustentarse en el nuevo contexto
de la democracia para "Unir sin
fusionar y diferenciar sin dividir"[9].
Necesitamos también apoyar la
continuidad de la reforma del Poder Judicial, en particular respecto de
consolidar el tribunal constitucional y/o el de casación y desde luego lograr
una reforma hacendaria integral que fortalezca la columna vertebral del Estado
para vigorizar su eficacia social en favor de las prioridades republicanas.
Sin embrago, poco se podrá avanzar si no fortalecemos la capacidad
de intermediación social de los partidos políticos con el ejercicio del poder, a
partir de actuar sobre cinco aspectos:
·
La cercanía permanente
con la sociedad, no sólo en período electoral, para asegurar la fluida
trasmisión de la demanda social hacia la representación partidaria en los
poderes públicos y garantizar el cumplimento de las plataformas electorales
sancionadas por el voto, así como la frecuente renovación de compromisos con
sus electores.
·
La formación continua de
sus militantes para servir mejor a la ciudadanía en el desempeño de sus
funciones representativas de la voluntad de los electores;
·
El desarrollo
permanente y de altura del discurso propio ante el acontecer político, como
plataforma para su participación constante en el debate plural de la sociedad,
donde se muestren claramente diferencias y coincidencias y se colabore a la
evolución de la cultura política nacional;
·
La construcción de
ciudadanía a través del impulso a la educación democrática de la sociedad por
medio del diálogo constante con ella, no sólo en período electoral, sobre temas del debate nacional, local y
global ;
·
Desarrollo de una
robusta vida democrática interna, donde los principios de transparencia y
rendición de cuentas se articulen con el respeto y aplicación correcta de sus documentos
básicos y el pleno ejercicio de los derechos políticos de sus militantes
consagrados en la Constitución.
Para ello es menester que el IFE y los partidos políticos
mantengan una relación más proactiva, que de ninguna manera vulnere la
necesaria independencia de sus respectivas funciones y también asegure el
irrestricto acatamiento de la norma. Se trata de actuar con mayor eficacia en
los propósitos aquí señalados para fortalecer la construcción de ciudadanía a
través de una educación que enfatice los componentes del ejercicio del poder en
la democracia y de avanzar, en el caso del IFE, en el cumplimiento del precepto
1b) del artículo 105 del COFIPE destinado a "Preservar el fortalecimiento
del régimen de partidos políticos" .
Todo sistema por definición vive con su antisistema, una suerte de
entropía que condiciona su vigencia y cuya fuerza depende de la capacidad de
inclusión o de la debilidad excluyente del primero.
En una democracia como la mexicana los partidos políticos están
obligados ser una detente principal de la entropía del sistema. En la medida en
que sean capaces de realizar una firme trasmisión de los intereses de esa parte
de ciudadanía que cada uno representa, ese propósito se podrá alcanzar.
Estamos en la fase de renovar para fortalecer nuevas instituciones
creadas: el sistema de partidos políticos y las autoridades electorales. No
lograrlo sería abrir la puerta al fortalecimiento de otras opciones políticas
distintas al compromiso democrático que nos anima para continuar en la
consolidación de la transición a la democracia, pero no creo que vayamos a
tirar por la borda casi cuarenta años de esfuerzos políticos, cívicos e
institucionales destinados al fomentar el desarrollo político de México.
Enhorabuena, vamos a conseguirlo.
[1]
Palabras del Doctor Diego Valadés Ríos en el Homenaje al Doctor Jorge Carpizo
MacGregor. Teatro Juan Ruiz de Alarcón. UNAM. Febrero 5 de 2013.
[2] Ver: México, una modernización fallida, J. Alberto Aguilar
Iñárritu. Colaboración para el libro:“Balance en el proceso democratizador de
México 1988-2009” Editorial Porrúa/Facultad de Derecho, UNAM/COPUEX, Noviembre
30, 2009
[3] ¿CÓMO SANAR LA COLUMNA VERTEBRAL DEL ESTADO? J.
Alberto Aguilar Iñárritu. El Federalista. Octubre 10, 2012
[4] Ver: El Cuarto Pacto de
Poder, J. Alberto Aguilar Iñárritu. Colaboración
para el libro: “Constitucionalizar es Democratizar”. Editorial Porrúa/Facultad
de Derecho, UNAM/COPUEX, Noviembre 20, 2009
[5]
"..
la conformación del acuerdo político
nacional o pacto de poder mayoritario, que funde y soporte a la democracia como
nueva época de la nación...un gran concierto de voluntades entre todos los
segmentos plurales de poder o al menos entre su mayoría absoluta...un pacto mayoritario de minorías activas,
donde se convienen las líneas básicas del rumbo nacional. Ver 2012: La última elección del siglo XX, J. Alberto
Aguilar Iñárritu, Pag
5, 6 y 7 "La sucesión Presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por
qué cómo y cuándo? Editorial Porrúa/Facultad de Derecho, UNAM/COPUEX Diciembre
12, 2011
[6]
Un pacto democrático
fundamental para el progreso de México. CNN México. Feb 1, 2013
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