México, una modernización fallida

Universidad Nacional Autónoma de México

La Facultad de Derecho y El Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A. C.

México, una modernización fallida

J. Alberto Aguilar Iñárritu

Colaboración para el libro:

“Balance en el proceso democratizador de México 1988-2009”

Editorial Porrúa/Facultad de Derecho,

UNAM/COPUEX

Noviembre 30, 2009

I. Introducción

                                                                                                                               

El próximo año, 2010, México celebrará sin rumbo claro ni mayorías estables, con un amargo sabor a incertidumbre y de manera más inercial que contundente, el aniversario del ciclo de revoluciones que le dieron origen como nación, que conformaron al Estado y le dieron concreción a lo mexicano.

A diferencia de festejos similares en otras naciones, en este se mira la ausencia de una deseable actitud reflexiva plena de autocrítica a la vez que de acción propositiva que, sin limitar la exaltación del orgullo de pertenencia, invite a repensar el pasado para explicar el presente y entrever el futuro. Se cumplirán doscientos años de haber iniciado nuestra Independencia, un año más del sesquicentenario de la promulgación de las Leyes de Reforma[1] y el centenario de la primera Revolución social del siglo XX.

Recordar cada una de esas etapas es remitirse a un proceso complejo de avances y retrocesos, a través de los cuales México ha edificado su difícil y tardía modernización[2]. Es observar que a lo largo del tiempo la cultura, síntesis dialéctica de nuestro ser, ha sido el hilo conductor de nuestros avatares. En ese espacio se han alternado el deseo de continuidad del mundo conocido, -por  convicción, intereses creados o simplemente miedo comodino-, con el hartazgo que detona las luchas por liberar la imaginación frustrada y promover la iniciativa valiente de los precursores para impulsar lo nuevo como portador de soluciones.

El ser mexicano es el resultado histórico del brutal encuentro de dos culturas de enorme densidad, que luchan en sincronía durante mucho tiempo, en medio de la inevitable destrucción de todo lo existente, hasta que se funden para lograr una nueva suma. Es también la consecuencia de procesos revolucionarios que, como expedientes exigidos para redoblar el paso  nacional tradicionalmente dilatado, periódicamente han obligado a los mexicanos a reinventarse. Sin embargo, -o tal vez por eso-, nos caracteriza una persistente resistencia a aceptar la destrucción innovadora de la modernidad, a evitar que todo lo sólido se desvanezca en el aire[3] y menos aún a sufrir que todo lo sagrado sea profanado y que los hombres se vean forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas[4].

La verdad es que no nos gusta el cambio y nos aferramos angustiosamente a la tradición para encerrarnos en ella y negar ese mundo interno y externo que imparable avanza, nos reta y nos absorbe, incluso como resultado de nuestros éxitos, aunque también como consecuencia de nuestros fracasos. Y a lo mejor no podría ser de otra forma, porque la tradición también ha sido una fortaleza protectora de nuestro ser mestizo en persistente construcción, que también se convierte en cárcel al embargar nuestras posibilidades de modernidad, cuando nos impide salir de nuestras dificultades como corolario de aferrarse a lo que muere.

Entonces la tradición nos niega un salvoconducto a un mundo nuevo cuando el actual se desploma. Nos impide ponernos a la cabeza de la modernización y ser parte de su conducción. Nos relega inertes a sufrirla en una condena de inmovilidad.

Por eso, al poner la vista atrás, México aparece como un edificio nacional levantado entre el recelo al cambio y la imposibilidad de no hacerlo. Se reforma una vez que ha llegado al límite y no queda más remedio que innovar, porque ya muy poco puede impedirlo y mucho lo exige.

A veces nuestra historia pareciera una reiterada sucesión de episodios de la cosmogonía maya que suponía que el mundo nacía en la periferia y que en su evolución corría capturado hacia el centro, donde adentro moría con todos y con todo lo recordado, porque ahí ya nadie, ni nada, tenían hacia adonde crecer. Había llegado entonces el momento de abandonar lo conocido para aventurarse a construir lo nuevo, o sucumbir ante la pena de ni siquiera poder vagar sin destino.

Una asombrosa cultura maya que en medio de su elevado diálogo con lo divino, pródigo en sabiduría profunda, era incapaz de observar como sus tradiciones reproductivas desgastaban la tierra de ecosistemas delicados que sucumbían a golpes de roza, milpa y coa para sembrar el día con día. Sobre todo, se mostraban incapaces de moldear desde el seno mismo de su concepción del mundo, de su sociedad, la fragilidad de su permanencia, hasta que el arribo de la imposibilidad de futuro les obligaba a cambiar, por lo menos de lugar.

Así se ha construido México, entre la lucha continua de su ser conservador y su ser reformador, con victorias y derrotas de uno y de otro lado, que al final, compradas por dilatadas indefiniciones en momentos cumbres, después de mucho tiempo y de enormes desgastes, se han logrado armonizar para producir una nación.

Los procesos de modernización en México siempre han sido un problema, generalmente aparecen como un producto traído desde afuera para superar el arcaísmo endógeno, al que de manera sesgada consideran causa única de lo que agoniza. No tratan de comprender que la muerte tiene una calidad compleja, secuela del desarreglo de múltiples factores, incluido el fracaso de  los intentos de modernidad.

Se pretende marginar la tradición por las artes de la ilustración, sin comprender que su densidad en la cultura pesa más que las vanguardias modernas. No perciben  que sólo su inclusión, convocada por esas vanguardias en forma alineada y ordenada, puede extender la carta de naturalización social que requiere la modernidad para triunfar. Por el contrario, la segregación del arcaísmo fortalece al ser conservador y neutraliza a la modernidad; la asalta y venga la exclusión, la deteriora y la paraliza.

Para liberar el camino de la modernidad resulta necesario, entonces, construir una salida a los preceptos del arcaísmo desde los postulados y las formas modernas. Se trata de incorporar al México profundo para hacerlo un aliado de la reforma y no del conservadurismo. El éxito de esta empresa reclama entender que el avance de la modernización es, en primer término, un asunto de correlación de fuerzas.

Tal vez estas sean características inherentes a las nuevas sociedades criollas y mestizas de occidente que resultan de la evolución cortada o malograda del mundo precolombino o del conservadurismo estructural del Imperio Español[5]. A lo mejor es también el resultado de tantos siglos de porfía peninsular por cerrarle el paso al criollo, hasta inducirlo a recluirse en el cinismo para subsistir[6].  

Tal vez así sea todo proceso de confrontación cultural, no se, lo cierto es que nuestra cultura, salvo memorables episodios, no se caracteriza por engendrar modernidad, por eso tendemos a importarla. Por el contrario para definir nuestro curso de acción somos mejores en reivindicar nuestro anclaje en el pasado, lo que no significa que carezcamos de momentos de ruptura cultural que facilitan el ingreso de las vigorosas etapas de modernización, que también nos han construido. Quiere decir que nos cuesta mucho trabajo arribar a ellas y que generalmente lo hacemos precedidos de una revolución que termina comiéndose a sus precursores, a sus actores y a sus hijos, para luego transar con el pasado y así consolidarse entre retrocesos.

Sin embargo es una cuestión que intranquiliza e irrita, porque durante ya demasiados años las dificultades para concluir nuestra modernidad se han sucedido sin excepción. Ahora, una vez más, en medio de una transición democrática inconclusa, las inercias del terror al cambio nos devuelven aprisionados al desgaste de ese aplastante impasse donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo de nacer. Un interregno donde los muertos insepultos del pasado y sus fantasmas engendrados de la impunidad, se empeñan en abortar una y otra vez las posibilidades del futuro y en invadir con sus fétidos vapores de desesperanza nuestra atmosfera cotidiana[7].

Sólo en pocas y gloriosas ocasiones hemos sido capaces de alcanzar la síntesis adecuada de esos contrarios, tradición y modernidad, sin perder el rumbo de la transformación;  es entonces, cuando hemos podido acceder a un nivel superior de evolución[8]. Esos, sin duda, han sido los momentos de prosperidad que  hoy añoramos los mexicanos y que desearíamos tener para desatar la expresión creativa de los muchos talentos que están detenidos en la indefinición de rumbo que padecemos. No los tendremos de nuevo, si perdemos de vista que su forja se fabricó al hacer de la inclusión social una prioridad del cambio: todos arriba, nadie abajo, del carro de la modernidad.

Algo que entendía muy bien el pensamiento y la práctica de los liberales mexicanos que, desde su matriz masona, supieron anudar el hilo conductor que unía las diversas demandas provenientes de la sociedad colonial, y aun anteriores, y expresarlas modernamente a través de su sentido social[9]. Sin duda el Liberalismo Social Mexicano, tiene mucho que enseñar al fallido ejercicio neoliberal que ahora padecemos.

Un ejemplo de ello, que vale la pena recordar, es la cuestión de la tierra en México, su génesis se encuentra desde la conquista y la colonia, en las demandas agrarias no resueltas de las comunidades indias y del Calpulli. Su solución se nutre de la continuidad evolutiva del pensamiento agrario de José María Morelos y Pavón y después de Ponciano Arriaga y de Antonio Soto y Gama y de Emiliano Zapata[10], hasta llegar al General Lázaro Cárdenas. Fructifica a partir de articular arcaísmo y modernidad, en una síntesis progresiva que edifica un poderoso eje de convocatoria histórica, a través de la Independencia, la Reforma y la Revolución, para formar en cada momento la base social de los diferentes movimientos revolucionarios, sustentar su promesa de futuro, y dar rumbo a la modernización del campo mexicano durante el siglo XX.

Por eso, con base en la historia mexicana, es posible afirmar que la única solución posible de la modernidad, es decir de su viabilidad,  reside en el tamaño de su capacidad de inclusión de las mayorías, donde lo arcaico, lo profundo, ocupa un lugar medular. Puede ser una inclusión más primitiva cuando queda a cargo de la magnificencia de caudillos paternales, y realmente evolucionada cuando se realiza por vía de la creación y el desarrollo institucional, pero en ambos casos permite el avance de la modernidad.

Cuando a lo largo del último tercio de siglo XX y la primera década del siglo XXI, el cambio ha tocado a la puerta del sistema, que caro ha sido olvidar esas enseñanzas. En unas ocasiones hemos cerrado la puerta con doble llave; en otras lo hemos observado con recelo por la mirilla, para después apenas abatir la puerta y dejar pasar sólo un poco de modernidad, la que salvaguarda al poder vigente o, en todo caso, no lo perjudica demasiado. En otras más, al intentar construir una alternativa de desarrollo al modelo colapsado, hemos hecho a un lado la premisa de la inclusión social y así propiciado su fracaso. En unas más, se declara la apertura, pero cínicamente se le mete el pié y se voltea la cara.

En ese sentido, resulta oportuno traer algunas reflexiones al respecto de la inclusión social, propuestas en anteriores trabajos[11]:

• “En múltiples ocasiones he referido mi convicción de que a lo largo de la historia, la vigencia o decadencia de una sociedad política están determinadas por su capacidad o incapacidad de inclusión, es decir, por su grado de exclusión, una especie de entropía de la vida pública que amenaza la vitalidad de su energía y condiciona el tiempo de su muerte”

• “Es una aproximación dialéctica al ejercicio del poder y a sus consecuencias, en una sociedad política concreta[12], que se enfoca a problematizar la capacidad de las estructuras públicas dominantes para interiorizar el cambio cualitativo producido por la continua diferenciación de la sociedad, donde la resolución de la contradicción inclusión-exclusión define su escala posible de permeabilidad política”

• “El nivel de progresión o degradación de esa escala de permeabilidad política en una sociedad, tenderá a determinar estructuralmente la calidad de la representatividad y capilaridad sociales a cada momento, época o período de su historia”

• “Definirá por lo mismo el grado de simetría que guarde un régimen político respecto de la composición de la sociedad y de ahí su proclividad al cambio cualitativo que, en caso de plena correlación teórica, podría dar lugar al surgimiento de un nuevo régimen desde el seno mismo antiguo régimen”[13].

• “De igual forma definirá su grado de asimetría, en el entendido que este determinará sus características refractarias o de resistencia a transformarse y, por tanto, el incremento de las posibilidades de la violencia”

• En consecuencia, la gestión de dicha contradicción define la habilidad o inhabilidad de un régimen político específico para absorber las tensiones del cambio continuo, resultante de procesar los retos que le impone la creciente diversidad social que la propia evolución del sistema va creando”

• “Es finalmente una medida de la calidad de la política de esa organización histórica, que señala su grado de destreza para administrar el conflicto inherente por vías diferentes a la guerra”

• “Es evidente que en el ejercicio político real no cuentan factores de neutralidad respecto de los intereses de quienes detentan el poder y tampoco de quienes lo reclaman, pero si de eficacia o ineficacia respecto de lograr acuerdos de gobernabilidad que expresen a las mayorías y contemplen a las minorías, como fiel reflejo de la diversidad social.”

En adición a lo antes expuesto, es claro también que hasta ahora no hemos sabido construir una sólida organización social, capaz de perfilar institucionalmente la posibilidad del cambio antes que el agotamiento de lo vigente termine por desgastarnos.

Por el contrario somos buenos para propiciar la entronización de intereses creados, cuyos privilegios se encaraman sobre la nación y empujan toda iniciativa de  transformación al vacío de la inmovilidad para mantener sus prerrogativas, a costa de prolongar los yerros de la conservación. Son cúpulas sin trascendencia histórica pero con mucha capacidad para dañar la historia, que tratan de manipular a su favor las propuestas de reforma y, si no, de ahogarlas en el mar de los olvidos. En su empeño, normalmente, provocan que emerja la fuerza destructiva y también creativa de una revolución.

El papel sobre dimensionado del poder de esos pocos encumbrados en la determinación del destino social de México, es un dato incuestionable de premodernidad. Escasos indicadores pueden ser tan claros al respecto. Su origen reside en una cultura política y cívica de corte vertical, cuya relación con el poder se basa en la complicidad y en el clientelismo, no en el derecho, lo cual propicia una tendencia hacia la franca subordinación del mandante respecto del mandatario, no escrita pero actuante, que motiva la matriz de la corrupción que alimenta nuestros pasivos morales y se traga nuestras posibilidades de prosperidad.

Es resultado también de un andamiaje institucional débil, que otorga amplios márgenes a la discrecionalidad y a la ineficacia de lo público y que opone barreras encubridoras, extralógicas y compulsivas, a la implantación de nuevas reglas para corregir o fortalecer sus estructuras. Por eso, la eficacia de los asuntos públicos en el plano institucional, tiende a asociarse con la consolidación de formas autoritarias de gobierno, el surgimiento de procesos violentos de transformación y el liderazgo de caudillos.

En ese contexto, en México, una robusta participación ciudadana en la decisión, revisión y calificación de los asuntos públicos, hasta la fecha tiene mucho de aspiracional. Lo cual propicia la sobredimensión del peso de las élites, tanto conservadoras, como reformadoras y revolucionarias, en la conformación de las opciones y en la determinación del rumbo nacional.

De ahí que se pueda afirmar que la calidad y compromiso patriótico de sus élites, o sus contrarios, tienden a definir el desenlace de cada momento histórico, lo cual resulta altamente riesgoso por aleatorio y constituye una terrible fuente de incertidumbre. Así, al tiempo que se honra la memoria de la pléyade liberal y revolucionaria que impulsó la modernidad de México y edificó la República[14], es posible alarmarse por la decadente selección de élites que, durante las últimas cuatro décadas próximo pasadas, hemos estado sufriendo en el ámbito político y de la eficacia gubernamental, aunque también en la representación social, empresarial, sindical y ciudadana, donde hay mucho que criticar.

Durante estos poco más de cuarenta años se ha venido profundizando una perversa combinación entre veto, cuota y complicidad para determinar la selección de las élites que gobiernan México. Es el rejuego de los intereses creados, y cada vez más alejados del interés general de la nación, lo que define el método y el perfil de la toma de decisiones de los temas nacionales.

Salvo las siempre honrosas excepciones, se observa una cada vez más acentuada tendencia a inducir, en posiciones claves de representación política, social y mando público, el arribo de perfiles adecuados para asegurar su subordinación a los intereses dominantes que los seleccionan y que así, al reproducir mediocridad, recrean su poder.

Lo importante aquí, desde una deseable perspectiva de modernidad incluyente exitosa y duradera, es pronunciarse por edificar una sociedad que de manera constante construya ciudadanía y donde ser élite no signifique un divorcio con el interés general. ¿Cómo hacerlo…?

Me parece que la respuesta corre por el mismo carril en que lo hace la inaplazable necesidad de construir ciudadanía. De incrementar sustancialmente la participación ciudadana en la supervisión y calificación de la toma de decisiones pública, al conquistar instrumentos constitucionales que otorguen contundencia a su acción.

Lo cual implica avanzar en la conclusión de la muy tardada transición mexicana a la democracia, mediante la conformación de un nuevo pacto político para realizar la  hasta ahora, una y otra vez, postergada Reforma del Poder. Se trata de rescatar la República y refundarla a partir de alentar la conformación de nueva constelación democrática que derrote la creciente oligarquización de la vida nacional que hemos estado sufriendo y libere al país de los pasivos que esta oscura etapa, llena de inciertos zigzagueos, le ha dejado.

II. El colapso del Antiguo Régimen

Los acontecimientos de 1968 marcan el principio de la crisis que terminará con el régimen emanado de la Revolución: el Antiguo Régimen. A diferencia del conjunto de movimientos contestatarios previos, provenientes de toda la gama ideológica del México de entonces[15], tales como el Sinarquismo, el Cedillismo, el Henriquismo o el Jaramillismo, entre otros[16], que no significaron un freno a su consolidación[17], ni a su solidez, los sucesos del 68 configuraron la primera fisura estructural del sistema.

Incluso respecto de los movimientos inmediatos anteriores, -maestros, ferrocarrileros y médicos o el primer navismo, entre otros-[18], que ya cuestionaban en términos de modernidad las estructuras corporativas del régimen y la persistencia del caudillismo enquistado, el movimiento de 1968 y su trágico desenlace, alcanzó una profundidad de ruptura en la relación social del gobierno, sin par entre los movimientos sociales y políticos precursores.

La represión de entonces significó, en primer término, un brutal episodio de exclusión del sistema que, en un acto de rigidez extrema, abandonaba una de sus mejores fortalezas de avance y consolidación: la inclusión social; ahora mostraba un mayor anquilosamiento y cerrazón ante las demandas de apertura de lo nuevo.  Fue un grave testimonio de fracaso e incapacidad para asumir las consecuencias de su éxito modernizador, expresado en la edificación de una creciente clase media urbana lograda a lo largo de muchas décadas de prosperidad sostenida, cuya existencia obligaba a modificar el contexto del ejercicio político dominante y a transformar sus reglas.

Sin embargo, el régimen se negó a aceptar el cambio y optó por destruir ese fruto señero de su triunfo sobre el futuro: los hijos predilectos de la Revolución, que tocaban la puerta de sistema, cuando esta fue cerrada por una cortina de balas. Se inició el deterioro de la credibilidad ciudadana en las instituciones, que habría de profundizarse en las siguientes décadas.

Fue una demostración de incapacidad política institucional para procesar el conflicto social y también un mensaje de imposibilidad a los jóvenes que buscaban encontrar su lugar en México para conectarse con el mundo que se abría ante ellos. La represión llegó a calificar las demandas de modernización política del 68 como actos contra México y en esa proporción también dañó la identidad nacional; definía que incorporar e incorporarse al tiempo del mundo era desnacionalizarse, sin comprender que, por el contrario, justamente encerrarse era fragilizarse como nación[19].

Fue una trágica reiteración de un autoritarismo menguante, que habría de entender tardíamente que en esa oposición plural, fresca y juvenil, que sintetizaba muchos años de demandas por renovar la estructura de poder existente, residían sus propias posibilidades de sobrevivencia[20].  

Algo que tampoco quiso comprender el sistema cuando Carlos  Madrazo advertía en su vibrante oratoria, desde la Presidencia del PRI en 1965 hasta su trágica muerte en 1969, que “Una gran inquietud sacude a la República: preocupación y angustia (…) El pueblo tiene hambre de pan, pero también de  encontrar una salida a sus problemas y ser tomado en cuenta para determinar el rumbo del país (…) las fórmulas políticas establecidas ya no tienen vigencia. (…) La realidad reclama nuevos sistemas y, o los creamos, o el torrente de la vida rebasará el cause en que queremos encerrarlo. (…) Debemos lograr que (…) el Partido sea el mejor instrumento en la realización de la esperanza ciudadana”.[21]

De esta manera, se profundizaron los rasgos conservadores del sistema y se anuló la inercia transformadora de la Revolución. Las clases medias, en particular los sectores intelectuales, asumieron una actitud contestataria contra el gobierno, a la que durante la próxima década habrían de sumarse empresarios, nuevas expresiones sindicales y de productores rurales del país. Se iniciaba el proceso de perdida de sustentabilidad social del régimen.

La exclusión propició la aparición de propuestas de violencia foquista en el campo y en la ciudad, que incrementaban el clima de represión, al mismo tiempo que se trastocaban las reglas no escritas de la reproducción política del sistema y se generaban fuertes reacomodos en las élites que contribuían a fracturar su todavía enorme fortaleza.

Se intenta durante los siguientes años recuperar la sustentación ciudadana perdida mediante una estrategia que combinaba, en el marco de la guerra fría,  la represión a las expresiones ideológica-políticas radicales, con la apertura política a sectores y liderazgos contestatarios y la incorporación de nuevas generaciones de jóvenes políticos en los mandos del partido hegemónico y del propio ejercicio de gobierno.

Se construyeron un discurso y una praxis que retomaban las tradiciones populistas de la Revolución, con definiciones del movimiento de no alineados y del diálogo norte-sur en el plano internacional. El estado fortalece su presencia en la economía y se alteran las claves macroeconómicas del desarrollo estabilizador, sin lograr consolidar un nuevo modelo.  A la crisis política insuficientemente resuelta, se le añaden nuevos conflictos: la aparición de la crisis económica[22] de un modelo que se agotaba y que no había sido renovado mediante ajustes cuidadosos, sino violentado sin ser transformado y, desde luego, una costosa y creciente confrontación que se inicia y despliega con el alto empresariado industrial del norte[23]. 

Una vez más, la toma de decisiones pública había tomado una ruta mexicana clásica: negarse a cambiar de fondo y asumir la modernización, en todo caso, como un referente limitado, para tratar de mantener intactas las reglas del poder reinante, a costa de reforzar el conservadurismo a corto plazo y de poner en riesgo su sobrevivencia en el largo plazo.

Lejos de remozar las fisuras orgánicas del sistema, sus contradicciones se exacerbaron y, ahora, mantener el poder requería acciones más audaces y estructurales. Se abrirían paso los años de la reforma política, de la reforma administrativa y de la petrolización de la economía.  Son años que dejaron una penetrante huella en el marco institucional del país hasta nuestros días y que, no obstante los cambios estructurales vividos décadas después, siguen condicionando la praxis pública de la vida nacional.

Con la promulgación, en diciembre de 1977, de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, (LOPPE), se inicia una nueva etapa política de México que habría de definir, hasta nuestros días, el marcado sesgo electoral del largo e inacabado proceso denominado transición mexicana a la democracia. Esta Ley, tenía por objeto robustecer las capacidades de inclusión política del régimen y por tanto a neutralizar las amenazas a su seguridad y permanencia. Buscaba inducir y facilitar por la vía electoral, en particular la parlamentaria, la incorporación al sistema de los sectores radicalizados contra el statu quo, lo cual indudablemente representaba una acción modernizadora del gobierno en favor de una institucionalidad más desarrollada[24].

El éxito de tal acción modernizadora es innegable. En su momento contribuyó a mejorar significativamente los márgenes de la gobernabilidad de entonces y sentó las bases del proceso que traería como consecuencia el advenimiento de la alternancia electoral[25]. Fue una transformación política fundante que, a través de sucesivas reformas electorales a lo largo ya de tres décadas (1977-2007), se convirtió en un método recurrente para superar el conflicto.

Un método eficaz, modernizador pero también mediatizador del cambio, que ha suministrado a México el suficiente oxigeno político para soportar no sólo el colapso del antiguo régimen (1982), sino la lucha entre las alternativas para sustituirlo y las secuelas del perene estado de crisis que hemos vivido hasta ahora, como consecuencia del fracaso de las propuestas instrumentadas. Sin embargo, ha sido una práctica que ha circunscrito la democracia a lo electoral y, en esa proporción, ha limitado el desarrollo de la misma[26].

Un método que ha contribuido a fijar características autoritarias, propias del poder hegemónico previo,  en la conformación de la nueva clase política de nuestros tiempos, -plural pero alejada de la ciudadanía-, y del actual sistema de partidos, -oligopólico y poco representativo de la gente-.

La ruta seguida fue otorgar, en un constante regateo con el poder hegemónico existente, espacios y cuotas a los grupos y partidos políticos excluidos y a sus dirigencias, sin abrir el poder a la sociedad. De esta manera, bajo el supuesto que la sociedad estaba plenamente representada por los partidos y sus dirigencias y sin que nada lo garantizara,  se ha creado una clase política con demasiada autonomía relativa respecto de las demandas y controles de una ciudadanía poco desarrollada.

El resultado reforzó las inercias autoritarias del sistema, incluso refractarias, que teóricamente morirían con el cambio, pero eso no pasó, por el contrario se estimuló la afirmación en el poder de cofradías patrimonialistas que manejan a los partidos políticos en beneficio de sus intereses particulares y de grupo. Un sistema de partidos políticos oligopólico y fiscalmente muy costoso, verdaderas franquicias del poder, que ofertan una interlocución a la ciudadanía, con ausencia del control de la propia ciudadanía.

Un sistema de partidos con grandes déficits respecto de su eficacia en la representación de la sociedad y en el cumplimiento de su responsabilidad educadora de las capacidades cívicas de la misma, que poco o nada hace para construir ciudadanía y mucho para frenar el desarrollo de su participación democrática[27].

A diferencia de otras democracias donde primero los ciudadanos se organizan en partidos políticos para luchar por el poder y hacer valer sus demandas y luego estos se convirtieron en instituciones de estado, aquí los partidos políticos se consolidaron con un alto grado de independencia de la ciudadanía, como estructuras cupulares de intereses personales y de grupo, para luego convocarla a emitir su voto, como casi única forma de participación democrática.

Una condición que impide robustecer la raquítica democracia intra-partido y que siempre beneficia a las mismas cofradías, al mediatizar la movilidad interna y permitir un ejercicio partidario donde la transparencia y la rendición de cuentas son prácticamente inexistentes. No existen cotos a la discrecionalidad de las dirigencias, ni la exigencia militante de asegurar la consistencia y la congruencia ética, ideológica y programática. No se premian las capacidades, ni el buen desempeño, ni tampoco se castiga la deslealtad al partido, salvo que esta se cometa contra el grupo o la persona que detenta el padrinazgo o madrinazgo impulsor. Por eso el refresco de cuadros es muy pobre en los partidos políticos mexicanos, permanecen por mucho tiempo en el poder los mismos, lo cual fortalece la preeminencia cupular en su vida interna; una condición inherente a la ausencia de control de sus militantes y simpatizantes que hace de los partidos políticos oligopolios del poder.

No deja de ser paradójico el doble papel que ha desempeñado el perene expediente de la reforma electoral, que por un lado abre en México las compuertas de la democracia y por otro es uno de los principales diques a su avance. La combinación entre cúpulas partidarias cerradas y la creciente oligarquización de la vida pública mexicana, ha convertido la constante negociación electoral en una estrategia conservadora para evitar o equivocadamente pretenden sustituir el urgente nuevo pacto político nacional. Por eso las iniciativas orientadas a renovar el régimen político, por ejemplo, sucumben una y otra vez a una nueva reforma electoral, tal y como sucedió en 2007[28].

Sin embargo, está claro que el límite electoralista a la democracia mexicana es plenamente funcional y confluyente con el mantenimiento del oligopolio de los beneficios que tapona los poros de México e impide su desarrollo y contribuye todos los días a hacer añicos la ilusión de haber llegado a la democracia con el arribo de la alternancia.

Pero volviendo a las circunstancias en que colapsa el Antiguo Régimen, se puede dar seguimiento a la dramática ruta de la economía durante el gobierno del autodenominado último Presidente de la Revolución[29], en conocidas sentencias de su potente oratoria presidencial. Frases que son un testimonio del derrumbe y que van de:”Aprendamos a administrar la abundancia" a "Presidente que devalúa se devalúa", "Defenderé al peso como un perro" y, "¡Ya nos saquearon! ¡No nos volverán a saquear!", muestran como se fue configurando la grave crisis económica de entonces, motivada por la ausencia de cambios de fondo y por el amplio ejercicio de  un sobredimensionado y no sustentado fiscalmente, gasto público[30], que sobrecalentó hasta el colapsó una estructura añeja e ineficiente.

Así, en 1982 claudica el Régimen de la Revolución después de un prolongado agotamiento de su modelo económico y de aplazar por varios años necesarias decisiones para transformarlo. Una vez más, el terror a la modernización pretendió posponer la historia y ahora supuso que bastaba una fuerte inyección de gasto público en una economía disfuncional para desarrollarla. Por el contrario, se profundizaron sus contradicciones no resueltas hasta la  postración, proyectadas por la determinación de mantener a toda costa las reglas que soportaban el poder hegemónico vigente.

En el marco de presiones inflacionarias progresivas, el fuerte incremento del gasto público se soportó en una creciente extracción y producción petrolera, cuyo fortalecimiento también requería de mucha inversión pública y del uso cada vez mayor del expediente de la deuda extranjera, al que se recurrió bajo el supuesto de que permanecerían constantes los altos precios del aceite. Cuestión que no ocurrió y la “generosa” oferta de los excedentes de petrodólares del mercado internacional, se convirtió en mortaja.

En 1976 el país se encontraba en una crisis recesiva. México había iniciado la ruta de la inestabilidad cambiaria y de los convenios con el Fondo Monetario Internacional.  En ese contexto el nuevo gobierno realizaría, con gran éxito, la reforma política antes comentada, y las reformas, económica, -denominada Alianza para la producción-, y administrativa. Logró ampliar los márgenes de gobernabilidad y un impresionante crecimiento del PIB que, de 1977 a 1982, pasó de 3.4% a 7.9%.

Había llegado la época de la petrolización de la economía mexicana que se mantendría hasta nuestros días, ayudándonos a no cambiar. Por fin parecía posible armonizar el mantenimiento de las prerrogativas de unos cuantos con las demandas no resueltas de muchos y existir sin transformarnos, manteniendo a los mismos en el poder. Era un sueño conservador de victoria contra la molesta modernización, en un país amante de lo arcaico que había recibido la bendición del ángel Cantarell[31].

El impulso a la explotación y la producción petrolera, se llevó a niveles nunca vistos, al tiempo que se triplicó el endeudamiento externo[32]. Con una base petrolera y no fiscal se logró un significativo incremento en los ingresos públicos hasta llegar al 46.5% del PIB. Los impuestos apenas significaban el 13.7% del PIB[33].

En un contexto de alta inflación, consecuente disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y una continua devaluación del peso denominada “flotación”, se recurre de manera excesiva a la deuda pública, para financiar el creciente gasto que exigía la propia industria petrolera y el desarrollo de infraestructura, pero también el desorden administrativo y una transferencia continua de recursos públicos a la empresa privada vía ejercicio de privilegios y de la llana corrupción.

 En febrero de 1982 el dólar se compraba con 26.80 pesos. A partir del 1° de septiembre, en el marco de una brutal corrida de capitales, se impone el control de cambios y se nacionaliza la banca. Al comienzo de gobierno de Miguel de la Madrid el dólar costaba 96.50 pesos y al primer año el tipo de cambio era de 120 pesos por dólar.

Después de un sexenio de cambios exitosos, pero no estructurales, y también de excesos, la economía mexicana se volvía a hundir. Su crecimiento cayó al 0.5% del PIB de 1982, después haber alcanzado una tasa de 7.9%. Una caída menor que la de ahora[34], pero suficientemente pronunciada para acelerar el derrumbe de una estructura económica agotada, sin modernización ni desarrollo, con una perniciosa concentración del ingreso que se agravaría desde entonces; alta inflación, deterioro salarial, subempleo, producción agrícola en creciente deterioro, altos gastos administrativos del gobierno federal, corrupción funcional, etc.

Así se fue configurando la fuerte crisis económica, monetaria y finalmente fiscal que habría de derrumbar al régimen[35]. A partir de entonces comenzaría la lucha interna entre los grupos del sistema, para imponer un modelo sustitutivo de aquel que había colapsado.

III. La lucha interna por el poder,  los saldos del modelo neoliberal y la modernización fallida.

Entre 1983 y 1994 se desarrolla una dura lucha por el poder al interior del régimen del todavía partido hegemónico, cuyos efectos se prolongarían hasta la pérdida de la Presidencia de la República en el año 2000[36], con el arribo del primer gobierno de la alternancia. Los años de 1988 y 1994 fueron particularmente dramáticos en ese sentido, el primero como año de la confrontación electoral entre dos fuerzas y dos propuestas que disputaban el comando de la construcción del modelo sustituto al colapsado. El segundo como año en que inicia la crisis del modelo neoliberal triunfante, surgida en medio del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu y del levantamiento zapatista contra la exclusión ilustrada.

Durante todo ese período, el ascenso de las oposiciones fue constante y contundente, lo explicaba los fracasos, los excesos de gobierno y el creciente costo social provocado por la aparición de las crisis recurrentes, además del avance imparable de la democracia electoral que caminaba firme hacia que el voto contara y se contara, pero los impactos del reacomodo de grupos al interior del otrora ordenado, sólido e impenetrable sistema de cuño revolucionario, contó más para su derrota.

En el vendaval de la crisis de 1982, la decisión sucesoria del régimen privilegió a los grupos emanados de las áreas técnico-financieras del sistema sobre los políticos, una tendencia que se había venido configurando seis años antes. Ello habría de propiciar el surgimiento de dos bloques, tecnócratas y políticos, este último a su vez se dividiría y una parte, muy significativa, formaría otro partido político, abriendo una herida de muerte al partido del poder.

La misma decisión presidencial que entregó la candidatura a los técnicos para gobernar a partir de 1983, había sido ya el principio de su triunfo sobre los políticos, no obstante este se consolidaría cuando los primeros logran hacer de las razones de la economía, el faro determinante que orientaba el rumbo de la nación y subordinar la política a su señal luminosa. Un rumbo que por cierto nada o muy poco tenía que ver con los tradicionales referentes económicos de la Revolución y si mucho con los entonces en boga, neoliberales postulados del denominado Consenso de Washington. Ahí se trastocó el papel del estado y el del mercado y comenzaron a cambiar de lugar el interés general y los intereses particulares, para efecto de las decisiones públicas, mientras la política atrapada perdía su cualidad central en la resolución de los conflictos.

De esta manera la urgente modernización que reclamaba la economía nacional abdicaba de la tradición[37] para volcar autoritariamente sus esfuerzos ilustrados, hacia la construcción de un modelo que tenía en mente a los Estados Unidos y la franca integración del país hacia América del Norte, como puente para la tardía entrada de México a la globalización en marcha.

Desde luego no fue lo mismo Miguel de la Madrid, que Carlos Salinas, que Ernesto Zedillo, como en forma poco reflexiva se acostumbra declarar, mientras que durante el mandato del primero las decisiones tenían mucho que ver con hacer frente a las urgencias de la crisis, las decisiones del segundo resultaron de una visión integral de futuro con un sólido proyecto de poder que al final no pudo consolidar, y las del tercero, fueron motivadas por la propia crisis del modelo alternativo, los compromisos internacionales derivados de los apoyos recibidos para afrontarla y los excesos de su ortodoxia neoliberal.

El grupo de los políticos, por su parte, se dividió en una mayoría que se subordinó y alineó con el proyecto de los técnicos que ya comandaban las estructuras oficiales del gobierno y del partido en el poder, y una minoría que inició un camino distinto al proponer otra alternativa al modelo de la Revolución en crisis, más concentrada en la democratización del régimen político, sin dejar de reivindicar el tradicional paradigma de economía mixta; una especie democracia electoral del nacionalismo revolucionario. Esta última parte convocó a las izquierdas a formar un nuevo partido, dividiendo irremediablemente el voto que durante muchos años fue la base de poder del bloque de la Revolución.

La suerte estaba echada, el camino para el ascenso de la derecha al poder se había abierto y con su arribo la constatación de su incapacidad histórica para comandar al país a un estadio superior de prosperidad compartida.  Ambos grupos surgidos de la fisión del poder durante la crisis del Antiguo Régimen, perderían su opción de poder y sus propuestas de modernización serían derrotadas, una por el agotamiento del modelo neoliberal y otra por las insuficiencias del modelo electoral que destacadamente contribuyeron a crear y que no les permitió acceder a la silla presidencial después de sendos conflictos electorales en 1988 y en 2006. Eran las dos caras de una misma moneda modernizadora incapaz de comprar el futuro y comandar a la nación por una ruta de prosperidad sostenible e incluyente.

Después de una muy dura etapa de ajustes económicos destinada a solucionar lo que se denominó un serio problema de caja, se inició el llamado cambio estructural orientado a reducir el tamaño del estado, a desmantelar su tradicional papel rector de la economía y a privilegiar al mercado como eje de la toma de decisiones[38]. Los denominados Pactos de Crecimiento Económico instrumentados entonces, como pieza de la estrategia antiinflacionaria,  fueron también los últimos ejercicios del rancio poder corporativo de un régimen que vivía sus estertores.

La racionalidad financiera de una macroeconomía que privilegiaba la estabilidad por encima de cualquier otra prioridad, se convertiría en el firme engrane de México con globalización, para hacer viable la lógica del intercambio comercial. El país, pagando cuotas de soberanía, firmaba su adhesión al club de financieros globales dominado por Washington aunque con creciente presencia europea y asiática. Desde entonces la economía nacional quedaría sujeta a la lógica de las políticas monetarias, definidas en el entorno nacional pero bajo los parámetros dictados por el club, y el nombramiento de los responsables de las finanzas públicas y de la banca central, debía contar con su visto bueno.

El gasto público reducía su participación en la tasa de inversión, esperando que la inversión privada ocupara su lugar, cosa que nunca sucedió. Se abandonaba todo tipo de acción rectora del estado dejando su lugar al mercado, no se volvería a hablar de política industrial, regional, agropecuaria o pesquera. La política energética se reducía a debilitar a PEMEX y a CFE para poderlas vender, como se hizo con los ferrocarriles, los aeropuertos y las carreteras. Bueno vamos, se prescindió hasta de una clara política de educación, ciencia y tecnología que acompañara las decisiones de la modernización neoliberal.

No empezó así, pero terminó siendo una modernización ultra liberal[39] para un país que siempre ha sido de estado y que supuso ilusa y arbitrariamente que el mercado, un mercado premoderno y nada institucional, se haría cargo, contranatura, de las responsabilidades que este abandonaba. En fin, el paraíso del mercado con mínimo estado había llegado, pero sin resolver la eterna ecuación entre tradición y modernidad. Por eso, más allá de los juicios sobre las claves ideológicas que orientaron la construcción del modelo alternativo de nación y sin abandonar la crítica a las mismas, es posible considerar que el origen de sus fracasos reside en no haber entendido la importancia de resolver esa ecuación.

Se supuso que bastaba estimular al sector moderno de la economía para jalar al conjunto y se terminó impulsando una depredadora estructura oligopólica. Se supuso que la democracia era un asunto de repartir cuotas y se creó una democracia electorera subordinada a los designios de una oligarquía sin visión histórica. Se supuso que nuestra integración comercial con América del Norte y una obsesiva concertación de tratados de libre comercio, bastarían para entrar al primer mundo y terminamos profundizando una extrema dependencia cuasi colonial basada en exportar mano de obra, a costa de perder soberanía, imagen internacional, liderazgo internacional, en particular en América Latina, y caer de nuevo en la vulnerabilidad implícita en no diversificarnos.

De esta manera, las propuestas de la modernización neoliberal instrumentada, han creado un país de paradojas. Una economía capitalista con un muy deficiente modelo de acumulación endógena de capital, con un modelito exportador orientado a un solo mercado, desconectado de la economía interna, obligado a importar casi cuatro de cada cinco insumos que requiere, producto de la destrucción inicial y luego insuficiente desarrollo de las cadenas productivas nacionales, así como de la existencia de fuertes estímulos a la importación, en especial el mantenimiento de un peso sobrevaluado, como anclaje antiinflacionario.

De este modo los beneficios multiplicadores propiciados por la demanda del complejo exportador mexicano se quedan en el exterior, dejando en el país el impacto de salarios con muy baja capacidad adquisitiva y la ganancia oligopólica que induce la concentración del ingreso[40], uno de los más desiguales del mundo. Al final nos convertimos si en una economía exportadora neta, pero de mano de obra barata[41], depredadora del trabajo y de su dignidad.

Tenemos una economía altamente dependiente del dólar, cuyas necesidades de esa divisa rebasan con mucho su capacidad para obtenerla, atrapada en la paradoja de tener que hacer de su política cambiaria un factor anticompetitivo para controlar los precios internos, aunque opere en contra de sus requerimientos de dólares. Una economía que también por este lado presenta restricciones a su crecimiento, debido a que en promedio por cada en punto en que se incrementa el producto interno bruto, lo hacen tres puntos las importaciones[42].

Una economía cuyos sus ciclos de ahorro-inversión quedaron subordinados a la lógica de reinversión del gran capital nacional y extranjero, cuya toma de decisiones está en función de su análisis de posicionamiento global, no interno, donde México es una posibilidad de rentabilidad más, con sus alcances y limitaciones.

Un país donde las élites técnicas triunfantes sobre los políticos, sacaron del discurso oficial todo referente al desarrollo de las capacidades internas como base del progreso y se dispusieron a abrazar a la globalización y al comercio internacional como las nuevas fuentes providenciales de la prosperidad, sin comprender que con ello se castraba el potencial propio, algo que nadie, salvo nosotros mismos, nos puede dar. Se pretendió sustituir el dogma del México cerrado, que impedía ver las ventajas de la oxigenación, por el dogma del México abierto como eje de la transformación,  sin poner atención en que todo exceso en los tiempos y ritmos de la apertura, implicaría la pulverización de lo existente, sin la consolidación de lo nuevo[43].

Guiados por la fascinación de ser un país exportador neto[44], se puso en práctica toda una “…política económica del desperdicio”[45]. Se abandonó el fomento al mercado interno, impunemente se permitió la destrucción de las cadenas productivas por considerarlas parte del ineficiente estatus económico previo; parte de la tradición que se hizo un lado, en vez de encontrar las fórmulas para incorporarla al cambio propuesto.

La empresa mexicana por excelencia, la pequeña y mediana empresa, sufre la suerte del mercado interno, destruida y sin apoyo resultó incapaz para crecer y, por tanto, para invertir y generar el empleo con salario remunerador que tampoco habría de crear la gran empresa.

El desempleo y la creciente pobreza habrían de convertirse en un asunto estructural, al que se pretendió responder con programas asistenciales, los primeros con énfasis comunitario, y los siguientes con un enfoque individualista que desestimula toda aspiración por progresar[46].  El trabajo como ícono de la dignidad del ser humano fue echado al olvido, el empleo y la justa remuneración del mismo fueron solo variables de ajuste a las necesidades del capital. La emigración primero y la delincuencia después, ambas se convertían en refugios ante la ausencia de oportunidades. El país perdía soberanía alimentaria, en la misma proporción en que el campo caía.

A la par la menguante capacidad financiera del estado[47], concentrada en lograr superávits fiscales para obtener buenas calificaciones internacionales y abaratar el crédito externo, así como en alimentar programas asistenciales para palear los bajos salarios y la falta de empleo productivo, generó enormes déficits en materia de infraestructura para la competitividad, educación, ciencia y tecnología. Esta condición restrictiva hacía cada vez menos atractiva a la economía mexicana ante las decisiones de inversión del gran capital.

Muy lejanas se veían las épocas en que México era capaz de reinvertir cifras del orden del 20% del PIB para crecer con estabilidad al 6% anual. Como resultado de replegar la participación del estado en la economía, sus niveles de inversión se redujeron a sólo 4 o 5 puntos del PIB, sin que se incrementara la inversión privada al menos en la misma proporción del retiro público.

La participación privada aumentó un poco respecto de sus niveles históricos, para instalarse en cifras del orden del 11%, con lo cual la inversión total alcanza alrededor del 15% del PIB. Una pálida cifra si la comparamos con la antecedente  en México y mucho más pálida si lo hacemos con relación a países como China que reinvierte el 40% de su PIB o Corea del Sur que tiene tasas de reinversión del orden del 25% del PIB.

Puede observarse con claridad que la economía mexicana, bajo el modelo neoliberal, tiene una debilidad estructural para crecer, generar empleo y prosperidad, lo cual afecta a la inmensa mayoría de los mexicanos, sin embargo no a todos[48]. Como consecuencia de su naturaleza excluyente y concentradora de la riqueza, este modelo ha propiciado la consolidación de un grupo de poder económico y político que denominamos: el oligopolio de los beneficios, esos que privatizan utilidades y socializan pérdidas.

Es un relativamente pequeño grupo de grandes intereses globalmente integrados, objetivamente favorecidos por las reglas vigentes y en consecuencia sus mejores defensores. No pueden darse el lujo de permitir ningún cambio que pueda dañar su privilegiada situación, aún a costa de perder al país que los nutre: México.

Conforman la matriz conservadora de la nación y detentan el poder real, junto con los resabios caciquiles del Antiguo Régimen, involucrados en la vida sindical y partidaria, y con los nuevos émulos de los mismos, creados entre las deficiencias de nuestra joven democracia; no hay poro de la sociedad donde no se manifiesten. Han canibalizado al disminuido estado mexicano y pueden controlar sus procesos institucionales, haciendo que paulatinamente los intereses particulares sustituyan al interés general en la toma de decisiones públicas y subordinen la política a un instrumento a su servicio; también los denominan poderes fácticos.

Su poder sin contrapeso le ha quitado a la política su cualidad transformadora y ha convertido a la naciente democracia en un circo electoral, aprovechando la afición mexicana al tema[49]. No sólo ha abaratado la política al someterla al bote pronto de sus intereses y despojarla de una visión de estado, sino que también ha pervertido la selección de la élites, sujetando su designación como antes se dijo a tres palabras: veto, cuota y complicidad y luego, si las condiciones lo permiten, capacidad, con la consecuente perdida de calidad y eficacia en la vida pública nacional.

Pero ¿cual es la base objetiva de su poder? ¿A ellos no les afectan las debilidades en la acumulación endógena de capital por ejemplo? ¿Son producto de la corrupción? ¿Se alimentan del exterior?

Sin duda la base de su poder es el modelo actual que los protege y alienta; la corrupción cuenta como el aceite que lubrica los arreglos y sobre todo la impunidad que permite su éxito, pero no lo explica todo; si se alimentan del exterior pero gracias a que sus nutrientes fundamentales se los proporciona México; y no les afectan las restricciones a la acumulación endógena de capital porque su existencia misma resulta haber construido un sistema de exacción de renta social que compensa las deficiencias antes mencionadas y les otorga el soporte necesario para financiar sus incursiones a nivel global.

Incursiones que sólo tienen conexión con México a partir de la exacción mencionada, porque no trabajan a favor de arrastrar a la economía interna. Son empresas que viven un interregno entre la nación y lo global, altamente benéfico.

Los mecanismos de esa exacción de renta social son básicamente dos[50]: la formación de precios oligopólicos, producto de utilizar su posición dominante no cuestionada y las trasferencias netas de renta petrolera a través de los privilegios que les otorga el sistema fiscal. Los primeros no requieren explicación, basta con analizar sus precios fuera de México y dentro del país para observar que por los mismos bienes, aquí se paga más.

Las transferencias fiscales se realizan, además de la laxitud con la que se maneja el cobro de los impuestos adeudados, a través de múltiples privilegios, denominados en el tiempo con diferentes nombres eufemísticos: derechos especiales de tributación, consolidación fiscal, presupuesto de gastos fiscales, acuerdos tarifarios, exención fiscal a bancos y operaciones bursátiles, etc. Las posibilita un sistema recaudatorio discrecional, ineficaz e ineficiente, pero estas no serían posibles, al menos en las magnitudes que alcanzan, si sólo tuvieran como base los impuestos pagados por la cautiva clase media.

La explicación reside en PEMEX y su brutal contribución a las finanzas públicas, algo que con el modelo neoliberal varió en la forma, pero no en la esencia. Una vez más el petróleo permitió conciliar las prerrogativas de unos pocos, con las demandas insuficientemente resueltas, pero en algo atendidas, de muchos. De ahí que una baja en la producción petrolera como la que estamos viviendo, producto del irresponsable agotamiento prematuro de nuestras reservas y del todavía más irresponsable abandono de la empresa, del desmantelamiento de su capacidad para localizar y extraer nuevos yacimientos[51], tenga la magnitud destructiva de un “tsunami” sobre el arreglo económico y político actual y sobre el pacto que lo soporta, además de poner de manifiesto los enormes montos fiscales que la gran empresa mexicana y también extranjera dejan de pagar.

Hay quienes afirman que México ha recibido por concepto de ingresos petroleros cantidades equivalentes a varios planes Marshall[52], suficientes para haber transformado la faz del país lo cual no se observa. Aún si descontamos los terribles costos de nuestras crisis financieras y sus secuelas, las distorsiones del aparato administrativo público y su desmesurado gasto corriente, los cuellos de botella en materia de pasivos contingentes y pensiones, costo de los programas asistenciales, transferencias estatales y municipales del discrecional y anacrónico convenio de coordinación fiscal, incluso la corrupción y el despilfarro, todavía no se explica del todo, ¿dónde está el dinero recibido por concepto de petróleo[53]?

La respuesta es que una parte muy importante se encuentra en las enormes transferencias indirectas y directas de recursos fiscales hacia la gran empresa vía la exacción de renta social. La pregunta es si este esquema, más allá de su sentido regresivo y socialmente injusto, ¿tiene viabilidad en el México de hoy?, la contestación es que no, pero ¿que se puede hacer para cambiar los factores que lo propician en un país donde la política ha sido eclipsada por el mismo grupo de intereses que mantiene lo que ya no funciona?

Ese es el debate nacional en un país que mantiene en las gavetas del archivo muerto de su pobreza política, múltiples diagnósticos y propuestas de cambio, todas viables, que yacen inutilizadas ante el impasse de la indecisión partidaria y del rejuego de los interese creados, mientras la ciudadanía clama desesperada por soluciones.

A esta altura del razonamiento vale la pena recordar que lo fiscal constituye la columna vertebral del estado y deriva del pacto político que sustenta la distribución del poder en una sociedad y por tanto trasluce sus características. En este caso se puede ver con claridad el carácter profundamente excluyente y autoritario del pacto de poder vigente, han olvidado  que la economía somos todos, no solo el gobierno y no sólo los mercados financieros, la sociedad existe y la economía real también, no pueden sacrificarse en función de privilegiar solo los gastos del gobierno y el subsidio a los grandes capitales.

 A lo largo de estas últimas cuatro décadas, México ha modificado sus procesos electorales como base de su democracia pero no ha modificado sustancialmente los rasgos autoritarios de su estructura política, económica y social. La reforma del poder reclamada por Luis Donaldo Colosio, sigue siendo una asignatura pendiente.

México esta urgido de alcanzar un nuevo pacto político de su diversidad para volver a montar a la nación sobre los rieles del desarrollo. Para lograrlo, lo primero que se necesita es reconocer lo que no funciona y decirlo, para convocar con ello la formación de una nueva constelación del cambio.

Nuestra realidad sigue estando dividida entre las acciones y los pensamientos de conservadores y reformadores, pero debemos encontrar entre ellos las claves que faciliten un acuerdo en el centro. Una forma tangible puede ser comenzar por construir un nuevo pacto fiscal, ante su patente agotamiento, una vez que la ubre de Pemex ha dejado de amamantar al monstro de las que hemos creado y que nos devora.

Si nos ponemos de acuerdo en una nueva manera de repartir la cargas y los beneficios públicos para subsistir, entonces es posible que también podamos avanzar hacia la conclusión de la reforma de nuestro débil régimen presidencial incapaz de gobernar en mayoría, no sólo porque de las urnas nacen presidentes que ganan con el 33% plus de los votos emitidos, sino sobre todo, porque esos presidentes no cuentan con las reglas necesarias para construir acuerdos mayoritarios con el Congreso.

Tal vez también podamos ponernos de acuerdo para avanzar en la necesaria profundización de la democracia participativa y su corolario: la construcción de ciudadanía y crear nuevos puentes para su consulta obligatoria y sobre todo para que pueda ejercer con claridad su derecho a premiar o a castigar el desempeño público de sus servidores y representantes, sin tener que esperar hasta la nueva elección.  

Tal vez si hacemos eso podamos construir un modelo de desarrollo incluyente, donde modernidad sea una palabra donde quepamos todos y todos tengan la oportunidad emplear sus talentos en beneficio propio, de sus familias y de la nación. Un modelo que reivindique el valor supremo del trabajo y devuelva a México el orgullo de volver a confiar en las capacidades propias, sin que ello implique recluirse detrás de las barreras del nopal.

Si hacemos eso a lo mejor es posible determinar ¿qué hacer en América del Norte?, ¿cuál debe ser nuestra relación con los EE.UU.?, donde habitan casi 25 millones de persona con sangre mexicana, 8 de ellos indocumentados y a donde cerca de medio millón huye de un país que les niega su derecho a progresar. ¿Cuál debe ser política hacia Canadá, en particular hacia Quebec?, la otra nación latina de América del Norte. También saber ¿cómo asumirnos norteamericanos sin dejar de ser latinoamericanos, sin abandonar nuestra hispanidad y ampliar en forma consistente la diversidad de nuestras relaciones con el mundo?

Tal vez si alcanzamos ese primer pacto, logremos desatar la explosión en cadena que libere todas nuestras decisiones de cambio atoradas por la inmovilidad torpe y comodina de nuestro ser conservador y por las secuelas de un modelo fracasado.  El mexicano no es un estado fallido, es un estado bicentenario, lo que sufrimos son las consecuencias de una modernización fallida, comandado por unas élites también fallidas, que han sido incapaces de llevarnos a un estadio superior de desarrollo.

Es la hora de las decisiones, contamos con suficientes diagnósticos y soluciones para saber que más de lo mismo, terminará destrozándonos como hasta ahora. Es la hora de recuperar el rumbo perdido para México y reinsertar a la nación en la senda de progreso social y democrático. No queda mucho tiempo, la paciencia interna esta agotada y la primera crisis de la globalidad, una crisis civilizatoria que cuestiona la democracia liberal y marca el fin de la era del petróleo, definirá viabilidades. México necesita resolver su refundación interna ya, esta en riesgo su lugar en la construcción del siglo XXI.

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[1] Este año 2009 se cumplieron 150 años de la promulgación de las Leyes de Reforma.

[2] Se entiende por modernización la posibilidad de la modernidad, entendida esta como la reproducción ilustrada de la sociedad. Es la entronización y desarrollo de la razón política e institucional en oposición a los mecanismos de la tradición. Es una propuesta de remplazo de las fuentes la legitimidad vigente a cada momento, es decir del pasado, por una nueva perspectiva de futuro resultante del ejercicio reflexivo que propicia el cambio de las reglas de juego social. Es la oportunidad social de la emancipación de su herencia. Sobre el tema vale la pena ver la obra de Michel Freitag. L’Universite du Quebec à Montréal, una de ellas: Dialectique et Société, vol. 2. Culture, pouvoir et contrôle: les modes de reproduction formels de la société, Montréal, Saint-Martin et Lausanne, L’Âge d’Homme, 1986.

[3] Parafraseo del texto original. Ver Todo lo sólido se desvanece en el aire. Berman, Marshall, Sociología, Ed. Siglo XXI México. 1a. ed. 1988. Siglo XXI de España/13ª. Ed. 2001 400pp. Brindis por la modernidad. Berman Marshall en Nicolás Casullo, El debate modernidad-postmodernidad, Bs. As., El cielo por Asalto. 1993. Publicado por la Revista Nexos México, núm. 89, mayo de 1985.

[4] Ibíd.

[5] Una potencia cuya grandeza volvió comodina y miedosa a su nobleza, les anuló la voluntad de arriesgarse a vivir el cambio y los empeñó en neutralizar todo asomo de modernidad en el pueblo, porque ella los aterrorizaba, negaba el universo que los había hecho grandes y los obligaba a mudar.

[6] Lo que, desde luego, no impidió la emancipación de todos aquellos criollos que supieron revelarse a esa inquina e iniciar las gestas que fundieron la nueva síntesis histórica que nos dio nación.

[7] En otros escritos he comentado que en materia de transformaciones históricas los mexicanos hemos sido muy buenos en tres cosas: para cambiar a destiempo y a contra ritmo con el mundo; para cambiar por medio de la guerra, a través de revoluciones que nos recuerdan que necesitamos correr porque estamos a destiempo; y para cambiar impulsando fórmulas autoritarias de gobierno que nos permitan organizar la reconstrucción del cambio, para ya no perder más tiempo. Ver Polarización Estructural en México, Purrúa/Facultad de Derecho, UNAM/COPUEX Febrero 26, 2009.

[8] Olvidamos con frecuencia que los mejores episodios de modernidad mexicana pudieron consolidarse porque se encontraron los equilibrios incluyentes entre arcaísmo y modernidad para dar lugar a un vector síntesis. Por ejemplo la secularización de la sociedad que inicia a cargo de la pléyade liberal en el siglo XIX o  la construcción institucional social del siglo XX a cargo de la Revolución, no obstante ser ambas causas revolucionarias donde quien triunfa impone al derrotado su visión, fueron ante todo procesos cuya legitimidad y viabilidad, se logra a partir de la incorporación mayoritaria de intereses.

[9] Ver más en Jesús Reyes Heroles, “Liberalismo Social”, en El Liberalismo Mexicano, La Introducción de las Ideas, Vol. III, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, pp. 541-542

[10] Ver Sentimientos de la Nación, José María Morelos, Septiembre 14, 1813. Voto Particular sobre la propiedad, Ponciano Arriaga, Junio 23, 1856. El Pensamiento de Antonio Díaz Soto y Gama a través de 50 años de labor periodística, 1899-1949, Román Iglesias González, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México. Primera edición 1997. pp. 478. Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Noviembre 25 de 1911.

[11] La Reforma del Estado en México. Una oportunidad inaplazable. José Alberto Aguilar Iñárritu. Ponencia presentada en el Instituto Mexicano de Cultura con motivo del ingreso del autor a dicha institución, como miembro de número. Agosto 30 de 2007.

[12] El ejercicio del poder entendido cómo la acción de una específica correlación de fuerzas con propósitos estratégicos, organizadora y gestora del ámbito público, que se ejecuta a través de las reglas de un complejo entramado institucional, determinado cultural y temporalmente.

[13] Un cambio cualitativo propiciado por la voluntad de la sociedad, fecundado por ella misma y gestado en el propio antiguo régimen, gracias a la capacidad de este último para soportar la transición con la fortaleza de los acuerdos y de los pactos internos para asegurar la tolerancia institucional requerida.

[14] Aún en ese homenaje, no se puede hacer a un lado el juicio de sus virtudes y defectos personales en el saldo de lo público.

[15] En unos casos fueron producto de los duros ajustes entre el arcaísmo y la modernidad autoritaria de la Revolución, en otros del incumplimiento de las promesas sociales de la misma o simplemente de los ásperos acomodos de los grupos en el poder. Todos fueron derrotados, no impidieron la consolidación de las reglas dominantes y algunos, en esa calidad, fueron incorporados como parte de las mismas.

[16] La Cristiada Jean Meyer Ed. FCE/CLIO 2007. La batalla del espíritu, el movimiento sinarquista en el Bajío mexicano (1932-1951), Pablo Serrano Álvarez. Tesis de Maestría en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, Enero1989. La rebelión cedillista o el ocaso del poder tradicional. Carlos Martínez Asaad. Ed. UNAM 1979.  Ruptura y oposición. El movimiento henriquista 1945-1954, México, Elisa Servín, Cal y Arena, 2001. México Armado 1943-1981, Laura Castellanos. Ed. Era, 2007. Rubén Jaramillo: el muerto incómodo, Tanalís Padilla. La Jornada de Morelos, Mayo 19 2007.

[17] Más allá de su potencial para convulsionar en diferentes grados las estructuras de poder dominantes.

[18] El Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), 1956, encabezado por Othón Salazar y Encarnación Pérez Rivero, Ver: Othón  Salazar y el Movimiento Revolucionario del Magisterio: Un lugar en la historia de México. Amparo Ruiz del Castillo, Ed. Plaza y Valdes, 2008. El Movimiento Ferrocarrilero, 1958, encabezado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa Ver: El movimiento ferrocarrilero en México 1958-59: de la conciliación a la lucha de clases. Antonio Alonso, Ed. Era, 1986. El Movimiento Médico, 1964, Ver: La democracia en blanco: el movimiento médico en México, 1964-1965. Ricardo Pozas Horcasitas, Ed. Siglo XXI, 1993. El Movimiento Navista, primera etapa 1958-1963; segunda etapa 1982-83; tercera etapa 85-86 y 90-92. El navismo o los motivos por la dignidad, Tomas Calvillo, Ed. San Luis PotosíBook 1986.

[19] Una nación confinada a sus propios muros se debilita, porque solo puede nutrirse de su propia fuente y evolucionar hacia su propio centro. Su recreación esta limitada a los alcances de su imaginación que, por muy poderosa que esta sea, siempre carecerá de las oportunidades que brinda la sana comparación y los estímulos externos de lo distinto, de lo diverso; estará circunscrita a las posibilidades que ofrece un ejercicio de reinvención autista. Una actitud que, entre otros muchos campos, también se aplicó a la economía durante toda la siguiente década, al mantener intocada la muralla que la cerraba frente al mercado mundial y que, si bien la protegía, también le impedía modernizarse. Una actitud que hoy en día sigue teniendo muchos seguidores que se sienten cómodos en el ilusorio confort de atavismo aldeano.

[20] “Lo que resiste apoya” habría de establecer Jesús Reyes Heroles una década después.

[21] Cuadernos de Reflexión Política 1, Comité Directivo Estatal de Tabasco, PRI 1995.

[22]“La deuda pública externa, de sólo 4,263 millones de dólares a finales de 1970, 12% del PIB, alcanzó 19,600 millones de dólares al cierre de 1976, 35% del PIB. El abundante crédito externo recibido por el gobierno mexicano no fue suficiente para financiar el desbordado gasto público. Se echó entonces mano del crédito de los bancos mexicanos a través del llamado encaje legal, así como del financiamiento del banco central. La inflación fue ascendiendo a niveles muy superiores a los de nuestros principales socios comerciales, no obstante la elevación ocurrida en éstos. En los nueve meses previos a la devaluación del primero de septiembre de 1976, el ascenso de los precios en México era de 11.6%, a tasa anualizada. Para el conjunto del año, llegó a 27.2%. La magnitud del financiamiento externo y el aumento de la inflación propiciaban un creciente desnivel de la cuenta corriente. A estos factores vinieron a sumarse los efectos de la retórica populista sobre la cuenta de capital. El resultado fue una pérdida tal de reservas internacionales que eventualmente resultó imposible mantener el tipo de cambio de 12.50 pesos por  dólar, cuya vigencia databa de 1954. La cotización del dólar casi llegó a duplicarse en algunos momentos de las postrimerías del régimen del presidente Echeverría. Por otra parte, el crecimiento anual del PIB descendió a 2.1%, que a la sazón parecía muy reducido por ser el más bajo desde 1953”. Ver: Crisis económicas en México, Enero 14, 2009. CNNEXPANSIÓN.com

[23] En los siguientes años, después de una corta luna de miel petrolera, esta disputa habría de extenderse hacia otros grupos del sector que poco a poco romperían su pacto histórico con la Revolución y olvidando los beneficios recibidos, comenzarían a apoyar la emergencia del PAN.

[24] “Pese a las reformas incluyentes de 1963 y 1973, al final del período 1963-1976 había claros indicios del agotamiento del sistema electoral (…) El fin de este dramático período estuvo marcado por la elección presidencial de 1976, cuando el candidato del PRI, José López Portillo, no enfrentó contrincante alguno (…) El resultado más importante de la reforma de 1977 fue el proceso de apertura de la competencia electoral (…) Para 1986, la administración de Miguel de la Madrid percibió la necesidad de una reforma electoral adicional. La erosión continua de la base de apoyo del PRI, las conflictivas y mal manejadas elecciones de 1983 y 1985, y la inquietud social ocasionada por el programa económico de austeridad habían estimulado la inestabilidad creciente del sistema electoral y de partidos (…) La reforma electoral de 1986 dio cuenta de la intención del gobierno de enfatizar el control político sobre la arena electoral. Así, el Código le otorgó el control total sobre la administración electoral. Un cambio positivo incluido en la reforma de 1986 fue relativo a la composición de la Cámara de Diputados. El sistema combinó 300 curules de mayoría con los de representación proporcional, que aumentaron de 100 a 200, de manera que el número de diputados pasó de 400 a 500 (…) En un contexto marcado por la gradual erosión de la legitimidad del sistema político, el impacto de la elección de 1988 fue crucial, pues representó el momento en que las tendencias electorales de largo plazo se aceleraron y rebasaron la capacidad de ajuste permanente de las reglas electorales, que había sido la fórmula para disminuir el impacto de las tendencias estructurales desfavorables al partido gobernante, y para mantener la estabilidad política en el país (…) Después de la debacle de 1988, se llevaron a cabo una serie de consultas políticas y un amplio proceso de negociación para definir las nuevas reglas de la competencia. Como resultado, una reforma electoral fue impulsada por el gobierno y los partidos entre 1989 y 1990, que incluyó cambios constitucionales y la aprobación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la cual, inesperadamente, se convirtió en la primera de una serie de reformas electorales que alcanzaron su culminación en 1996”. Ver: Las Reformas Electorales en México y el Surgimiento y Transformación de Instituto Federal Electoral. Irma Méndez de Hoyos, Revista Iniciativa No. 13, Instituto de Estudios Legislativos, H. Cámara de Diputados, estado de México.

[25]“En el ámbito político-electoral, de 1977 a 1996, la Reforma del Estado transitó sobre el diseño y la construcción de tres ruedas que permitieron el conveniente desplazamiento de este proceso: la primera, fue el reconocimiento a la necesidad de fortalecer la pluralidad en el sistema de partidos y de privilegiar su carácter de organizaciones ciudadanas de interés público, -que no entes públicos-, sujetas al financiamiento del Estado; la segunda, fue la consecuente ampliación de las formas de representación legislativa estimulando la opción proporcional; y, la tercera, fue la nueva normalidad de las urnas bajo parámetros de seguridad, para garantizar la confiabilidad del proceso electoral (…) Estas ruedas en su caminar, dieron lugar al surgimiento de la alternancia, aunque no a la conclusión de muchas de las inercias objetivas y subjetivas del “Antiguo Régimen”, es decir, funcionales u operativas y de percepción social, ni a la gravitación de las fallidas propuestas gerenciales que pretendieron sustituirlo. Con lo que podríamos llamar la consumación electoral de la “Transición Mexicana a la Democracia”, se abrirían las compuertas de nuestro devenir a uno de los más grandes desafíos de la actualidad, el diseño y construcción de la cuarta rueda que permita culminar la transición democrática: la inaplazable edificación del nuevo régimen político que requiere México.”

 Ver: La Reforma del Estado en México; una oportunidad inaplazable, José Alberto Aguilar Iñárritu, SERIE Cuadernos de Divulgación Pp. 15 y 16, Ed. Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y El Colegio del Estado de Hidalgo, Enero 2008

[26] El diagnóstico fue equivocado, se pretendió que bastaba con hacer que el voto contara y se contara para que la democracia penetrara al poder y con ella la representatividad de la voluntad ciudadana, como parte indisoluble de la toma de decisiones públicas. Se puso un énfasis excesivo en materia de reglas para acceder al poder y muy poco en aquellas que regulan el ejercicio del poder y garantizan la participación democrática de la ciudadanía, cuando en estos dos últimos aspectos reside la posibilidad de la transformación real de un régimen político. No se comprendió que el procedimiento no otorga el poder, porque solamente formula y ordena la lucha de las fuerzas políticas en el marco de un pacto de poder, mayoritariamente aceptado y respetado. ¿Porque Reformar el Régimen Político? Presentación ante Diálogo México. J Alberto Aguilar Iñárritu. Febrero 12 2008

[27] Si no se modifican las reglas de ejercicio del poder no se podrá incrementar la capacidad incluyente de nuestra política. No se podrá avanzar en múltiples problemas de la agenda política nacional, tales como la democracia interna en los partidos políticos y la garantía de representatividad ciudadana en el quehacer de los mismos. Los partidos políticos no podrán cambiar, si no cambian primero las reglas de ejercicio del poder del régimen político y tampoco cambiará la relación que estos guardan con la sociedad. Ibíd.

[28] Ha sido la más reciente. Se realizó en el marco de Ley para la Reforma del Estado, para tratar de compensar el serio descalabro institucional que significaron las elecciones de 2006. Una vez concluida esta enésima reforma electoral, se inicio el desmantelamiento del importante ejercicio parlamentario que le dio origen, mediante la inmovilización de los consensos en su Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del  Congreso de la Unión, justamente cuando el tema en turno era la reforma del régimen político y de gobierno. Sin embargo, una muestra más del agotamiento del expediente electoral como paliativo de los costos de aplazar una y otra vez el cambio político estructural, lo constituyen las convocatorias a emitir un voto el blanco en proceso federal intermedio del 2009. Unas autenticas y otras producto de estrategias electorales, pero ambas al final destinadas a expresar o explotar un creciente sentimiento ciudadano de ilegitimidad o al menos de protesta por insuficiencia representativa de  las instituciones electorales mexicanas.

[29] En efecto José López Portillo, que inició una serie de cambios fundamentales en lo político, sin modificar sustancialmente la estructura económica y social, fue el último presidente de la Revolución, por lo cual es posible afirmar que con él y la caída de régimen, también murió el PRI, que no el priismo como corriente histórica.

[30] La recurrente crisis fiscal mexicana, que después de cambiar el orden de los factores, ajustes neoliberales y demás, sigue presente en la vida nacional, porque ahora, como entonces y antes tampoco, se siguen manteniendo los privilegios de los mismos de siempre, a costa de la nación.

[31] Cantarell ha sido el segundo campo de producción petrolífera más grande del mundo. Ubicado a 85 Km. de Ciudad del Carmen y descubierto en 1976, su producción data de 1979. Su existencia se debe al impacto del meteorito Chicxulub contra la tierra. Este campo tuvo reservas probadas por 35 mil millones de barriles. Desde 1999 su producción declina y hoy camina hacia el agotamiento. En 1981 alcanzó un momento máximo de producción de 1.1 millones de barriles diarios. En 1994 cayó la producción a 890.000 barriles al día; se incrementó en 1995 a 1 millón de barriles diarios, a partir de entonces se construyeron nuevas plataformas petrolíferas, nuevos pozos y un sistema de extracción con nitrógeno con capacidad para  inyectar mil millones de pies cúbicos de gas al día. Al hacer esto se aumentó la tasa de producción en el 2001 a 2.2 millones de barriles al día. Durante el primer gobierno de la alternancia, el presiente Fox ordenó incrementar la extracción y las reservas se redujeron significativamente. Algunos analistas hablan de que en su período se gastaron reservas para los próximos 15 años.

[32] El endeudamiento externo llegó a casi 60 mil millones de dólares.

[33] Ahora es peor, se sufre para llegar al 11% de PIB en materia de recaudación y algunos analistas hablan del 9%.

[34] Durante 2009 la caída ha sido del orden de 7 a 10 puntos del PIB, después de nueve años de tasas mediocres de crecimiento,  nunca superiores a poco más de 2 puntos en promedio.

[35] Se ha convertido en un lugar común establecer con muy poca reflexión, una periodización histórica de la transición a la democracia, que identifica solamente dos fases, el orden del antiguo régimen de partido hegemónico surgido de la Revolución y el orden de la democracia en construcción, resultante del arribo de la alternancia. Es  una periodización que atiende más a la permanencia de las siglas del PRI en la Presidencia de la República hasta el año 2000, que a la transformación de las pautas reales de organización que tiene lugar en el modelo mexicano. Una vez más aparece en los teóricos de la alternancia, el sesgo de corte profundamente electoral que vuelve a privilegiar las reglas de acceso al poder por encima de su ejercicio. Desde nuestro punto de vista, en el período de la transición, hay tres fases y no dos, la primera está definida por las acciones del Régimen Político de la Revolución para renovar su andamiaje institucional y permanecer inalterado en el poder. Esta fase termina con la crisis fiscal de 1982 que marca la capitulación del antiguo régimen y la muerte del PRI. A partir de ahí se inicia otra fase caracterizada por los intentos de modernización nacional bajo los principios del Consenso de Washington, estructurados después por el Banco Mundial. Si bien esta fase fue impulsada por el PRI, en tanto que partido en el poder, lo hizo siguiendo una brújula muy distinta a sus posiciones históricas. Esta fase termina hacia finales de los noventa con el comienzo de la crisis del denominado modelo neoliberal, misma que habrá de profundizarse coincidiendo con el triunfo de la alternancia. ¿Porque Reformar el Régimen Político? Presentación ante Diálogo México. J Alberto Aguilar Iñárritu. Febrero 12 2008

[36] Tal vez esta lucha interna se haya prolongado más allá, si se atiende a la confrontación de grupos al interior del PRI, que en 2006 le impidieron recuperar la Presidencia y cuyos barruntos de nuevo asoman su furia de cara al 2012, esperando que esas fuerzas hayan aprendido la lección.

[37] Sobre todo, de manera temeraria, los nuevos modernizadores, arropados en una versión neoliberal de la técnica y  con la prepotencia que otorga sentirse poseedores de la verdad, hacían a un lado la tradición suponiendo que no existía, cuando en realidad era muy poco lo que de nuestra compleja realidad comprendían.

[38] Durante la administración del presidente Miguel de la Madrid, se vivió un galopante proceso inflacionario que en promedio crecía en alrededor de 100% por año, mientras que, durante los primeros años, el desempleo aumentaba 15% y la moneda sufría una tremenda devaluación del orden de 3,100 por ciento. En ese contexto se redujo el  número de paraestatales de 1155 en 1982 a 412 en 1988; y en un proceso no declarado oficialmente se iniciaba la  descentralización de la banca. Para reducir la inercia de los precios, se instrumentaron acuerdos antiinflacionarios, denominados Pactos de Crecimiento Económico con todos los sectores de la economía, donde el gobierno se comprometía a subsidiar parte de los precios de los productos básicos y los empresarios a no aumentarlos.

[39] Durante la Presidencia de Ernesto Zedillo, se profundizaron los rasgos más ortodoxamente neoliberales del modelo alternativo triunfante y se terminó de dar forma a la alternancia electoral que vivimos. Fue un gobierno cuyo trayecto estuvo indisolublemente marcado por la crisis financiera que enfrentó y que la anterior administración decía que propició. Una frase muy usada por entonces era que a Zedillo, en efecto, le habían entregado la economía del país prendida de alfileres, pero que él se los quitó.  Esta crisis que a nivel internacional se conoció como el Efecto Tequila, en México tomo el nombre del error de diciembre y aunque desde nuestra perspectiva realmente evidenciaba los problemas estructurales del modelo, en su forma coyuntural la mayoría de los analistas coinciden en que fue producto de la incapacidad de la nueva administración para diseñar una estrategia eficaz que permitiera amortiguar el impacto del vencimiento de  los llamados Tesobonos, unos pagares denominados en dólares, resultantes de la deuda de corto plazo con la que la administración del presidente Carlos Salinas decidió afrontar su fuerte déficit en cuenta corriente que alcanzó el 7% del PIB en 1994. En diciembre de 1994, se instrumentó una antes desechada táctica de libre flotación de la paridad peso-dólar que, mezclada con graves fugas de información confidencial y combinada con los efectos del levantamiento Zapatista en Chiapas (EZLN) y los arteros asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruíz Massieu, propició la fuga de divisas del país más grande de la que se tenga memoria. De inmediato el precio del dólar creció en casi 100%, causando la quiebra de miles de compañías, desempleo y múltiples moratorias de pago. La banca nacional vislumbró el colapso, para evitarlo el gobierno de Zedillo recurrió al presidente William Clinton y recibió apoyos del orden de decenas de miles de millones de dólares y con ellos muchos compromisos, no sólo económicos sino políticos. Adicionalmente instrumentó el Fondo Bancario de protección al Ahorro FOBAPROA que, en medio de duras críticas sobre su falta de transparencia, también tejió una densa capa de impunidad sobre las acciones de algunos de sus beneficiados, rayanas en el fraude.

[40] Según una investigación de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), la apertura comercial no dio más crecimiento a México, en especial con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hizo de México uno de los países exportadores más dinámicos del mundo, pero ello no se ha expresado en crecimiento y competitividad para el país, ya que su “extraordinariamente dinámico sector externo está desvinculado del mercado interno”. Además, “esto ha tenido como resultado que el modelo económico que se implementó en México a partir de los años ochenta no haya logrado disminuir el desempleo, el subempleo y la pobreza, así como la desigual distribución del ingreso; por el contrario, estos problemas han aumentado”, señala Ilan Bizberg, consultor de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la Cepal. El modelo exportador adoptado por México “está llegando a sus límites” por haberse basado en la mano de obra barata, ya que han aparecido otros países que compiten en ese renglón y así lo muestran los indicadores a la baja en materia de competitividad.  Artículo de Susana González, Periódico La Jornada, Lunes 23 de junio de 2008.

[41] Ver La migración mexicana hacia Estados Unidos, a la luz de la integración económica regional: nuevo dinamismo y paradojas. Raúl Delgado Wise y Humberto Marques Covarrubias. Revista TEHOMAI, No. 14, Segundo Semestre de 2006.

[42]Ver México en el camino de la tercera vía. Hacia un nuevo pacto político de la diversidad. José Alberto Aguilar Iñárritu. Ed. Fundación Carlos Madrazo. 1999

[43] Se multiplicaron los tratados comerciales, se firmaron 12 con la pretendía idea de que bastaba abrir para progresar, porque afuera venía lo moderno, adentro solo tradición. Aquí también la paradoja del absurdo ilustrado tomo carta de naturalización, la nula importancia otorgada al mercado interno se convirtió en una restricción para el aprovechamiento del TLCAN, así como para los demás tratados firmados que en su mayoría no operan y cuando lo hacen, salvo el TLCAN, México termina siendo deficitario.

[44] Un proceso que se inicia con una reducción unilateral de aranceles, avanza en 1986 con el ingreso de México al GATT y se consolida con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte TLCAN, al mismo tiempo que se inicia la crisis política, económica y social, del modelo neoliberal que llevaría a una nueva gran devaluación del peso frente al dólar después del denominado error de diciembre, al comienzo del gobierno del presidente Ernesto Zedillo.

[45] Ver La política económica del desperdicio, México en el período 1982-1988, Vladimiro Brailovky, Roland Clarke, Natán Warman. Ed. Serie Economía de los 80. Facultad de Economía, UNAM, 1989.

[46] Se comenzó con Solidaridad, siguió Progresa y luego Oportunidades. Con los años se ha demostrado su fracaso, las cifras de 2009  hablan de un incremento de 6 millones de personas en la cada vez más grande franja de la pobreza. En síntesis hoy uno de cada dos mexicanos es pobre patrimonial, uno de cada cinco ya no come y la clase media, que en el 2000 estaba constituida por 33 millones de personas, si sólo contemplamos a quienes ingresan entre 10 mil y 50 mil pesos al mes, disminuyó 7 millones 250 mil personas.

[47] Resultado de un modelo fiscal ineficiente, recaudador, concentrado en los impuestos de la clase media y en PEMEX, y profundamente laxo respecto de las contribuciones fiscales del gran capital, que hasta la fecha sigue intacto.

[48] Los mexicanos dejamos de trabajar en una economía, para hacerlo en cinco: veinte por ciento de la población integrada en una economía formal con enormes disparidades de ingreso y dificultades estructurales al crecimiento y al empleo, mientras que el ochenta por ciento vive de otras cuatro economías: la informal, que a decir de algunos ya ronda cerca de la mitad del Producto Interno Bruto; la migrante, cuyas remesas decrecientes, pero todavía muy altas, compiten con la exportación de sectores señeros de la economía formal y cuya importancia para la vida de millones de familias rivaliza con el insuficiente apoyo que reciben esos hombres y mujeres que su país expulsa; la delincuencial, que desafortunadamente conforma otra economía de donde viven muchos mexicanos; y la economía de subsistencia, a la que vergonzosamente se ha condenado a muchas familias más. Ver POLARIZACIÓN ESTRUCTURAL EN MÉXICO. Notas de Exposición. J Alberto Aguilar Iñárritu,  publicado en ¿Polarización en las expectativas democráticas de México 2008-2009?  Presidencialismo, Congreso de la Unión, órganos electorales, pluripartidismo y liderazgo) “COPUEX” Editorial  PURRUA. Febrero 26, 2009

Alrededor de 24 millones de personas (48.5% de la PEA) tienen empleo formal y 19 millones de personas (39.8% de la PEA) tienen ocupaciones insatisfactorias; inestables, precarias o informales. El desempleo, utilizando la reclasificación del autor, asciende a 13.1%.  1 millón de nuevos mexicanos cada año y arriba de medio millón de emigrantes anuales. La meta sería crear más de 2 millones de nuevos empleos anuales. Ver  Reporte Económico: El empleo. Eje del desarrollo. Márquez Ayala, David La Jornada. (México) 27 de Agosto, 2007.

[49] La última reforma electoral del 2007 fue motivada en realidad por el interés de los partidos de al menos empatar el poder de estos grupos en las definiciones de la reproducción política nacional.

[50] Es posible incluir también los recientes apoyos que reciben de la otrora banca de desarrollo, hoy destinada a ellos, por ejemplo los servicios de factoraje.

[51]  “Durante el sexenio de Vicente Fox, Pemex sufrió un proceso que, como veremos más adelante, su propio director, Raúl Muñoz Leos, en el periodo 2001-2004, calificó de “destrucción”. Convertida en la más grande proveedora de crudo a Estados Unidos, sólo después de Arabia Saudita, estuvo enviando a ese país, en promedio, durante cada uno de los seis años, un yacimiento gigante, cada año. No obstante, no dispuso de los recursos necesarios ni para el mantenimiento y seguridad de las instalaciones, dejando un saldo de dos accidentes diarios. La inversión la canalizó para aumentar la producción de crudo y gas, financiándola contratando deuda, con el resultado de que al concluir este gobierno, esa deuda alcanzó niveles históricos. El despojo fiscal pasó del 27 por ciento, al comenzar el sexenio, al 40 por ciento de los ingresos fiscales, en 2006. Se elevaron la extracción de crudo y gas natural, pero, al mismo tiempo, las importaciones de gasolinas se dispararon para representar, en este año, el 40 por ciento del consumo nacional”. (…) “Según estimaciones del profesor Jesús Silva Herzog, realizadas como parte de una investigación monumental, en vísperas de la expropiación de 1938, la producción acumulada de petróleo en México, es decir, la suma de la producción año con año, en el periodo de las compañías extranjeras, ascendió, de 1901 a marzo de 1938, a mil 849 millones de barriles. Pues bien, durante el sexenio de Fox, se extrajeron del subsuelo de México más de tres veces esa suma. Después de la expropiación se estableció un nuevo modelo en el que Pemex se reorientó al mercado interno y las exportaciones fueron absolutamente marginales. En el sexenio de Fox se ha saqueado como nunca antes el subsuelo de México y se extrajo más petróleo que en todo el periodo de las compañías extranjeras, más todos los gobiernos de Cárdenas hasta Echeverría”.  Ver: Fox: manipulación de las reservas y aumento de la extracción y exportación, Fabio Barbosa Cano Ed. Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.

[52] Se conoce como Plan Marshall al Programa de Reconstrucción Europeo que se puso en práctica por cuatro años fiscales a partir de julio de 1947, debido a que este fue anunciado por George Marshall, en su calidad de secretario de estado de EE.UU., durante un discurso pronunciado en la universidad de Harvard el 5 de junio de 1947. El plan consistió en la aportación de 13 mil millones de dólares de entonces, más asistencia técnica, cuando el PIB de EE.UU. era de 258 mil millones de dólares y, entre otras cosas, trajo como consecuencia la creación de la Organización Europea para la Cooperación Económica, precursora de la OCDE.

[53] En palabras del auditor superior de la federación, el gobierno de Vicente Fox Quesada dispuso entre 2000 y 2006 de 719 mil 53 millones de pesos de ingresos extraordinarios, y el crecimiento promedio anual del país sólo alcanzó 3.2 por ciento. El informe de resultados de la revisión de fiscalización superior de la cuenta pública 2006 también reveló que entre los años 2000 y 2006 la deuda pública contratada alcanzó la cifra récord de 603 mil millones de pesos.