Colegio de Profesores-Investigadores Universitarios con Actividades
Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C. “COPUEX”
POLARIZACIÓN ESTRUCTURAL EN MÉXICO
Notas de Exposición
Autor: J Alberto Aguilar Iñárritu
Elaborado para el Curso de Apoyo al Postgrado en Derechos
Constitucional-Político-Electoral
Tema
¿Polarización en las expectativas
democráticas de México 2008-2009?
(Presidencialismo, Congreso de la Unión , órganos electorales,
pluripartidismo y liderazgo)
Diciembre 1, 2008
Introducción
El propósito de estas notas de exposición,
muchas de ellas tomadas de anteriores trabajos, es contribuir al interesante
debate sobre ¿Polarización en las expectativas democráticas de México
2008-2009? (Presidencialismo, Congreso de la Unión , órganos electorales, pluripartidismo y
liderazgo), al que nos ha convocado el Colegio de Profesores-Investigadores Universitarios con Actividades
Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C. “COPUEX”
y agradecer la amable invitación que nos hizo su presidente, el Doctor Luis J. Molina Piñeiro, para ser ponente en el Curso
de Apoyo al Postgrado en Derechos Constitucional-Político-Electoral y participar como autor en la integración del
libro sobre el mismo tema, coordinado por el propio Doctor Molina
Piñeiro y por el Doctor José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo.
Abordar
el tema de la polarización en política obliga a ser muy cuidadoso para no cuestionar
de entrada una legítima característica del quehacer práctico de la misma. Si
bien el sentido ético fundamental de la política es dotar a la sociedad de un
arte fundamental para generar soluciones institucionales, y por tanto
civilizatorias, ante las exigencias dialécticas de su propia dinámica de
evolución, no puede establecerse un juicio condenatorio frente a cualquier
circunstancia de confrontación polar. Es decir, la polarización, además de ser
connatural a la propia diversidad social, puede justamente surgir como
requerimiento de renovación para liberar a la sociedad de las ataduras
inherentes a una época agotada que se niega a morir y que impide el surgimiento
de un nuevo ciclo de edificación política a través de alcanzar un nuevo acuerdo
plural. En este caso, ante la decadencia asfixiante, la polarización sería la
respuesta liberadora que le permitirá a la política volver a desplegar toda su
capacidad constructiva para procesar y estabilizar institucionalmente las
contradicciones sociales, en bien del interés general y, en esa medida, elevar
su calidad en el sentido ético de su discurso.
Otra
manifestación de la polarización, más cotidiana y menos estructural, resulta
del mismo ejercicio electoral en cualquier democracia donde los partidos en
lucha por el poder, por definición primero se polarizan para después, en su
caso, relativizar algunas posiciones para asegurar alianzas triunfadoras; no
hacerlo así les haría correr el riesgo de motivar una indefinición ante el
electorado y ante su propia militancia. Lo anterior en el entendido de que en
política al final, el único centro válido es el ámbito de la construcción de
pactos mayoritarios que realiza un gobierno victorioso que busca consolidar una
mayoría que garantice la eficacia de su gobernabilidad.
No
obstante, en el México actual, a cuyo análisis de caso nos han convocado, la
polarización dominante en nuestra política tiene, a mi juicio, un carácter
estructural y es la resultante de las insuficiencias de una Transición a la Democracia
demasiado larga y todavía inconclusa, conformada y gestionada a partir de la
intención de desmontar el régimen de partido hegemónico surgido de la Revolución. Se
Mientras
tanto la ciudadanía, un tanto desconcertada y muchas veces desilusionada de la
democracia que le regatea la certidumbre de una eficaz gobernabilidad, clama y
con razón, que la política abandone su sentido confrontacional y retome su
función de vehículo para lograr acuerdos. Pide al menos honrar al General Von
Clausewitz ,
cuando recordaba que la política era continuar la guerra en tiempos de paz o,
mejor aún, advertir que la guerra se inicia donde la política termina, para propugnar
para que esta continúe y cierre la puerta a la violencia.
Los
políticos se esmeran en desmarcarse discursivamente de la confrontación polar y
muchos de ellos, de manera muy sincera, lo circunscriben al ámbito de la
voluntad, cuando no, incluso, al amor a la Patria , pero en la práctica las circunstancias
estructurales, incluidos por supuesto, los usos y costumbres culturales,
terminan por imponerse en favor de mantener la polarización.
Es
claro también que para algunos políticos, la polarización constituye una
estrategia de lucha recomendada por sus diagnósticos de la realidad
institucional a la que consideran demasiado copada por intereses creados que limitan,
ya no se diga su capacidad para conducir el cambio, sino incluso para
garantizar un mínimo aceptable de permeabilidad al mismo. Para otros, que
confían en las posibilidades del cambio institucional, las resistencias,
distorsiones o los francos coloniajes
de los poderes fácticos que se llegan a manifestar en esa arquitectura del
poder público, son superables en el tiempo siempre y cuando se mantenga la
lucha por su transformación; un tiempo que no necesariamente coincide con el propio,
vamos el de las aspiraciones personales de poder, lo cual generalmente ocasiona
desesperación.
El
advenimiento de la alternancia electoral en México, terminó de desmantelar los
mecanismos del Antiguo Régimen para
resolver la cuestión del poder y cedió a las urnas la resolución del mismo. La eficacia vertical del viejo
acuerdo cupular entre las fuerzas de la Revolución , soportado en las amplias bases del
partido hegemónico, fue sustituida por la regla democrática de la mayoría. Sin
embargo, las características de las representación legislativa, que combina
elección por mayoría con listas, y la pluralidad de partidos que buscan, sin
lograrlo llenarle el ojo a los
mexicanos, dieron forma y color a la propensión del electorado de no otorgar a
nadie la mayoría absoluta y, en su veredicto, tender a conformar tercios del
voto total[1].
Ningún
partido logra acreditar el cincuenta por ciento más uno de los sufragios
emitidos, lo cual propicia, además de la integración de gobiernos divididos y
minoritarios, que nadie pueda proclamar que su victoria en las urnas le otorgó
el poder de gobernar a México solamente desde los postulados de su particular oferta
a la nación. Dicho de otra forma, desde el triunfo de la alternancia México se
conduce y administra por medio de gobiernos de primera minoría lo cual pone en
entredicho la eficacia de gobierno y el cumplimiento de compromisos.
De
ahí que, desde la perspectiva del gobierno dividido en México, asegurar la
gobernabilidad del país, se configura en uno de los retos más importantes de
nuestra joven democracia. Es muy difícil ser un gobierno eficaz estando en
minoría, pero lo es mucho más en un sistema presidencial que necesita de
mayorías absolutas para operar correctamente.
Superar
ese reto depende en buena medida de armonizar la no resuelta ecuación régimen
presidencial-multipartidismo, cuestión que no puede depender sólo de la buena
voluntad de los agentes políticos. Nuestro sistema presidencial no es proclive
a los acuerdos entre adversarios, está fundado sobre la regla del que gana,
gana todo y el que pierde, pierde todo y de ahí emana la racionalidad que nutre
la conducta política de los actores que, cuando son triunfadores, niegan los reflectores al derrotado y cuando
pierden solo les queda propiciar el desgaste del triunfador para provocar la
alternancia. En fin un régimen que puede asegurar algún grado autonomía
relativa o separación en el ejercicio del poder, pero no la colaboración entre
poderes, ni tampoco la suficiente equidad que precisa un buen balance.
Es
claro que la democracia mexicana requiere contar con un régimen político funcional
a sus imperativos, dotado de nuevas formas políticas, culturales y jurídicas que
estimulen la formación de nuevas mayorías, que se pueden alcanzar por medio de
la concertación política, es decir por la construcción política de los acuerdos,
una vez terminado el proceso electoral, aunque estas no hayan sido producidas
en las urnas. Se necesita generar un marco jurídico institucional que propicie
la conformación de las mayorías absolutas que nuestra realidad política
exige, y que las urnas no ocasionan, para poder brindar una democracia de resultados.
Una
democracia que revierta el debilitamiento del estado y fortalezca su función
frente a las amenazas procedentes de la creciente consolidación de poderes
fácticos, legales e ilegales, y de los peligros de balcanización regional y
partidaria del poder nacional, que se vislumbran. Hay que sepultar lo muerto con el nacimiento
del nuevo régimen político[2],
para frenar así la descomposición inercial y persistente que obstaculiza
arribar a la eficacia democrática. Si no lo hacemos, no podremos tampoco
mejorar nuestra posición en la arquitectura global en consolidación[3].
Se
dejado de crear política y por tanto instituciones, tenemos actores políticos,
partidos, elecciones y procesos de gobierno, anclados en el siglo pasado que
contemplan al México del siglo XXI por el espejo retrovisor y básicamente bajo
el tamiz de sus intereses particulares o de grupo.
No
se puede seguir gobernando al país con las ruinas
del Antiguo Régimen, urge contar con
esquemas que permitan aglutinar a las fuerzas políticas minoritarias, para
superar ese estatus y fortalecer a la República.
La
Por lo pronto por proponernos liberar a la política de
la cárcel privatizadora en la que la han querido recluir los proyectos
gerenciales fracasados y regresarle sus capacidades creativas para construir el
nuevo entramado institucional. Un andamiaje institucional actualizado que nos
permita procesar la unidad nacional que requerimos para gobernar nuestra
diversidad, en forma incluyente y participativa. Necesitamos trabajar para
construir un nuevo pacto social, un pacto mayoritario de minorías activas,
capaz de procesar las opiniones y las causas de la diversa sociedad mexicana para
conformar un proyecto de nación compartido que permita reencontrar el camino y
reunirnos en él; es decir, volver a unirnos.
Se requiere abrir las compuertas del sistema al diálogo,
no al de las emergencias, sino al de la cotidianidad de nuestra vida pública,
resolviendo dos precondiciones centrales de todo diálogo: quién convoca y con
qué incentivos. La primera se resuelve definiendo una forma de gobierno que
propicie la formación de mayorías en gobiernos compartidos y la segunda
haciendo del diseño y de la operación de las políticas públicas, el escaparate
transparente para el ascenso al poder de sus autores y actores, a partir de
cumplir con las demandas de la gente, de todos y de cada uno de los distintos
públicos.
Se trata de hacer a un lado el estímulo a la destrucción
del adversario, para ensayar la lucha política en la democracia, es decir, en
la cohabitación de las diferencias y en la resolución del rumbo mediante la
construcción de verdades mayoritariamente aceptadas.
Se debe reactivar el sentido propositivo e innovador de
nuestra política, a partir de garantizar la plena la representación ciudadana
en la toma pública de decisiones, lo cual exige renovar a los partidos
políticos y modernizar la organización civil de la sociedad.
Se requiere eliminar de los partidos políticos toda
intención degradante para convertirlos en instrumentos al servicio de grupos de
presión, internos y externos, y estimular su carácter de instituciones abiertas
a la formación de cuadros y, sobre todo, a la proposición de rumbo nacional con
base en las causas de la ciudadanía.
Con respecto a la organización civil de la sociedad, es
necesario asegurar una real democracia participativa mediante una nueva
vertebración ciudadana que deseche sus viejas casacas del siglo pasado y se
disponga a elaborar ropajes liberados de toda tentación de complicidad cupular
o clientelar.
En ambos casos es un asunto de romper monopolios y tirar
a la basura los cascarones institucionales que los apuntalan. Es la posibilidad
real de que la democracia supere lo electoral y baje al resto de las
instituciones públicas y privadas de la nación, donde el tema oligopólico y
clientelar tiene su mayor relevancia. Se trata de
impulsar una nueva etapa de la República , a través de luchar por garantizar el
real ejercicio de una ciudadanía integral: política, económica y social y
ambiental.
En
síntesis, se trata de superar la polarización haciendo avanzar a la democracia,
de dar pasos firmes
hacia la construcción del nuevo régimen político de la democracia, de una
democracia integral que supere los estrechos marcos de la democracia liberal,
mediante una real participación ciudadana en la política, la economía y el
desarrollo social.
No podemos seguir mal gobernándonos entre las
ruinas del régimen anterior y la estela de los fracasos de proyectos fallidos
de sustitución, menos aún consintiendo vanos intentos de restauración.
Tenemos que derrotar las
inercias que devuelven las miradas al siglo pasado y nublan las entendederas
que, aturdidas, se vuelven incompetentes para tomar las decisiones requeridas
para afrontar los retos del siglo XXI. Estamos obligados a construir una nueva
etapa de la República
para renovar a la Patria ,
robustecer la democracia y sacarla de su actual precariedad mercadotécnica,
liberarla de la canibalización a la que la tiene sometida el oligopolio de los beneficios, esos
intereses particulares que consideran que México es una colonia que puede ser
explotada a su servicio y prácticamente sin restricciones, con toda impunidad.
México necesita dar un golpe de
timón, no para caminar hacia el pasado, sino para responder a su presente con
un claro compromiso social y tomar las riendas de su futuro, dando lugar a un
proceso de modernización diferente, esta vez incluyente, que nos ponga a tiempo
con el reloj del mundo, pero a todos, con todos subidos en la creación de la
riqueza y también en la distribución igualitaria de los beneficios.
Necesitamos construir un país
donde quepamos todos y donde podamos liberar nuestros talentos de la pesada
losa de los intereses creados, que hoy los oprime. Un país donde todos podamos
tener un lugar de dignidad para hacer nuestro trabajo y progresar; un lugar
para proponer nuestras aptitudes en beneficio del interés propio, pero al
servicio del interés general. Un país con una ética renovada, que nos permita
superar nuestra crisis actual y nos induzca a hacernos cargo de la nación con
lealtad, a asumir que nada, ni nadie, puede estar por encima de ella y a romper
las barreras monopólicas a la entrada,
tanto en el capital, como en el trabajo, en la política, en la comunicación, en
la educación, en la cultura, en el arte, en el deporte, en síntesis: en la
creación y la prosperidad colectivas.
Necesitamos asegurar la
viabilidad de la nación, hoy cuestionada, asumir que nos encontramos situados
en una pendiente inclinada de nuestra historia y que vamos de bajada, que nos
urge modificar esa tendencia para subir la cuesta y ver al mundo desde
adentro, como parte de un nuevo
continente en definición y al mismo tiempo mantener nuestra integridad; una
parte actuante e influyente en la conformación de sus decisiones. Somos una
gran cultura y como tal debemos hacer valer nuestras fortalezas en el concierto
global.
En las últimas décadas, nos
abrimos comercialmente al mundo, incorporamos sus reglas financieras y
macroeconómicas, los dejamos entrar, pero nosotros nos olvidamos de entrar en
el mundo; de organizarnos como un ejército en lucha por asegurar un buen
lugar para México en la construcción de
la economía y del estado, mundiales. Sobre todo se desestimó la necesidad de
entrar todos al mundo y se privilegió el acceso sólo de unos cuantos, que muy
pronto separaron sus intereses del país.
En fin, se dejó que la economía
tomara las decisiones de la política, que se sacrificara al estado y que este,
en medio de discusiones bizantinas sobre su tamaño, abandonara su compromiso
social y perdiera su fortaleza y con ello su capacidad para conducir a la nación en una
empresa sumada y combinada, incluyente, que no se puede dejar a la supuesta mano mágica del mercado. Se ha
pretendido que el interés particular procese el interés general de la nación,
cuando es el interés general quien puede modular y armonizar los intereses
particulares, una tarea que sólo puede realizar el estado, que no requiere ser
ni grande, ni chico, sino fuerte, porque el estado es imprescindible.
México una
débil democracia
En múltiples ocasiones he
referido mi convicción de que a lo largo de la historia, la vigencia o decadencia de una sociedad política están determinadas por
su capacidad o incapacidad de inclusión, es decir, por su grado de exclusión,
una especie de entropía de la vida pública que amenaza la vitalidad de su
energía y condiciona el tiempo de su muerte.
Es
una aproximación dialéctica al ejercicio del poder y a sus consecuencias, en
una sociedad política concreta[4],
que se enfoca a problematizar la capacidad de las estructuras públicas
dominantes para interiorizar el cambio cualitativo producido por la continua
diferenciación de la sociedad, donde la resolución de la contradicción inclusión-exclusión
define su escala posible de permeabilidad política. El nivel de progresión o
degradación de esa escala de permeabilidad política en una sociedad, tenderá a
determinar estructuralmente la calidad de la representatividad y capilaridad
sociales a cada momento, época o período de su historia.
Definirá
por lo mismo el grado de simetría que guarde un régimen político respecto de la
composición de la sociedad y de ahí su proclividad al cambio cualitativo que,
en caso de plena correlación teórica, podría dar lugar al surgimiento de un nuevo régimen desde el seno mismo antiguo régimen[5].
De igual forma definirá su grado de asimetría, en el entendido que este
determinará sus características refractarias o de resistencia a transformarse
y, por tanto, el incremento de las posibilidades de la violencia
En
consecuencia, la gestión de dicha contradicción define la habilidad o
inhabilidad de un régimen político específico para absorber las tensiones del
cambio continuo, resultante de procesar los retos que le impone la creciente
diversidad social que la propia evolución del sistema va creando. Es finalmente
una medida de la calidad de la política de esa organización histórica, que
señala su grado de destreza para administrar el conflicto inherente por vías diferentes
a la guerra.
Es
evidente que en el ejercicio político real no cuentan factores de neutralidad
respecto de los intereses de quienes detentan el poder y tampoco de quienes lo
reclaman, pero si de eficacia o ineficacia respecto de lograr acuerdos de
gobernabilidad que expresen a las mayorías y contemplen a las minorías, como
fiel reflejo de la diversidad social.
Estas
reflexiones es pertinente hacerlas en el México de hoy, donde después de un
largo período de reformas políticas sucesivas, iniciadas en 1977 y destinadas a
amplificar las virtudes incluyentes de nuestra vida pública, treinta años
después, al hacer un recuento de lo alcanzado, vemos que estamos muy lejos de
haber concluido, porque nuestros problemas siguen teniendo como origen la exclusión,
luego entonces algo ha fallado. Las reformas impulsadas han sido de tres tipos:
electorales, administrativas y económicas, han declarado buscar la democracia y
la modernización, es claro que no han sido suficientes para ampliar las
capacidades de inclusión y cohesión nacional del sistema.
Después
de treinta años de iniciativas electorales democráticas y modernizadoras de la
economía y de la administración pública no se puede considerar que estas hayan
tenido el suficiente éxito, cuando se observa la entronización del desacuerdo y
de la polarización políticas, así como el rápido deterioro de la instituciones
electorales recién creadas; la franca fragmentación social que sufre la nación;
el franco desafío de los poderes fácticos, legales e ilegales, al Estado
mexicano; y la pérdida continua del peso del país en el concierto global.
Haciendo
referencia a la contradicción inclusión-exclusión antes descrita, es
conveniente recordar que en 1977, cuando se promulga la Ley de Organizaciones
Políticas y Procesos Electorales, se reconocía que el sistema presentaba un
serio problema de gobernabilidad, en términos gruesos veinte por ciento de la
población no se percibía o no estaba incluida en sus estructuras. Ahora, si
hacemos un recuento de esa relación inclusión-exclusión, vamos a encontrar que
el ochenta por ciento de la población se percibe o está excluida, no solamente
desde una perspectiva económica, que es la más evidente, sino política, social
y comienza a ser cultural y psicológica desde el enfoque de la pérdida de
identidad, de confianza y de esperanza, cuando no de la aparición de posiciones
nihilistas en sectores de la juventud. ¿Cómo se puede calificar esta grave
circunstancia?, por lo pronto, como alarmante.
Veamos,
la población de México creció con el transcurrir de las últimas décadas,
también lo hicieron sus necesidades, pero no así las posibilidades para
satisfacerlas, ni las oportunidades para que esos mexicanos emplearan sus
talentos para crear más riqueza en bien propio, de sus familias y de la nación.
Respecto de sus posibilidades de absorción de los mexicanos, la economía se nos
hizo chiquita; el espacio de la
República también redujo su tamaño y el desarrollo social se
colapsó para las grandes mayorías.
Nos
aproximamos a un perverso equilibrio paretiano.
Los mexicanos dejamos de trabajar en una economía, para hacerlo en cinco:
veinte por ciento de la población integrada en una economía formal con enormes
disparidades de ingreso y dificultades estructurales al crecimiento y al
empleo, mientras que el ochenta por ciento vive de otras cuatro economías: la
informal, que a decir de algunos ya ronda cerca de la mitad del Producto
Interno Bruto; la migrante, cuyas remesas decrecientes, pero todavía muy altas,
compiten con la exportación de sectores señeros de la economía formal y cuya
importancia para la vida de millones de familias rivaliza con el insuficiente
apoyo que reciben esos hombres y mujeres que su país expulsa; la delincuencial,
que desafortunadamente conforma otra economía de donde viven muchos mexicanos;
y la economía de subsistencia, a la que vergonzosamente se ha condenado a
muchas familias más[6].
En
términos de participación ciudadana, por el creciente peso de los grupos de
interés, la República
también se redujo y con ella el espacio de lo público y la eficacia
constructiva de la política, en tiempos adversos, ve morir sus capacidades
creativas, atrapada entre los usos y costumbres del oligopolio de los
beneficios, de los poderes fácticos, de las cúpulas refractarias que impiden el
libre y creativo desempeño de la organización política y civil de la sociedad.
Cada vez más las causas ciudadanas están menos representadas en las decisiones
públicas, lo cual cuestiona no sólo al sistema de partidos políticos vigentes,
sino a las instituciones políticas en su conjunto.
La
fragmentación social se expresa en las disparidades de la educación donde cada
vez son más los menos preparados y muchos de los capacitados se sienten
impulsados a dejar el país. También la desigualdad se apropió de la salud y
sobre todo de las oportunidades, golpeando seriamente las posibilidades del
ascenso social. La cultura sigue perdiendo no sólo sus espacios en medio de la
ausencia de compromiso del Estado, se ha dificultado el surgimiento y difusión
de los nuevos íconos de nuestra identidad, mientras que los tradicionales
pierden fuerza entre las nuevas generaciones y sólo la adquieren cuando se
vuelven urgentes, como arma de defensa ante los sufrimientos que padecen
nuestros paisanos en su obligada emigración.
También
se observa una tendencia hacia la disgregación entre las regiones, que
presentan grandes disparidades entre sí, dibujando un notable acinturamiento norte-sur. La
insuficiencia generalizada de recursos e infraestructura para el
desarrollo que sufre todo el país,
adquiere entre las economías regionales más rezagadas tintes condenatorios, sin
que tampoco ahí se mire ningún intento decidido de remediar la situación desde
una añorada eficacia, hoy ausente en el Estado. Un botón de muestra, es la
irresuelta aspiración de comunicar al país transversalmente y no sólo
verticalmente, con un centro dominante.
Tal
vez sea en la vida pública del municipio donde se padecen las más fuertes
tensiones institucionales para procesar las demandas de la sociedad, porque es
ahí, en la base misma del Estado, en la primera línea de atención a la
ciudadanía, donde son más restrictivas las atribuciones jurídicas y políticas y
menos los recursos humanos, materiales y financieros, para hacer frente a su
tarea.
Ambas
tendencias de disgregación, entre familias y entre regiones, constituyen serías
amenazas a la desintegración de la nación, sobre todo en una país donde por dos
décadas se hizo costumbre establecer que la soberanía de la nación era un
concepto pasado de moda, sin darse cuenta que en efecto aunque había cambiado
la acepción que tuvo en el siglo XIX, la soberanía no había dejado de
constituir un factor central para medir la viabilidad de las naciones en la
globalización. No se entendió que la soberanía de las naciones se tenía que
defender ahora incrementando el nivel de influencia que cada país logre en la
toma de decisiones del mercado y del estado mundial en formación y que el
primer requisito para realizar esta tarea es asegurar el grado de cohesión
interna de cada nación, lo cual vuelve a ser un asunto de Estado en cada
nación.
¿Por
qué hemos llegado a esta situación, qué se ha hecho mal o qué no hemos
modificado adecuada o suficientemente? Desde mi punto de vista tenemos
problemas de diagnóstico, de periodización histórica y, desde luego, de
importantes asignaturas pendientes que se hace urgente superar.
En
primer lugar, hemos puesto un énfasis excesivo en materia de reglas para
acceder al poder y nos hemos preocupado muy poco por las que regulan el
ejercicio del poder y menos aún de generar nuevas para garantizar la
participación democrática de la ciudadanía, cuando en estos dos últimos
aspectos reside la posibilidad de la transformación real de un régimen
político.
Se
ha hecho un diagnóstico equivocado, se pretendió que bastaba con hacer que el
voto contara y se contara para que la democracia penetrara al poder y con ella
la representatividad de la voluntad ciudadana, como parte indisoluble de la
toma de decisiones públicas. No se comprendió que el procedimiento no otorga el poder, porque solamente formula y ordena la lucha de las fuerzas políticas en
el marco de un pacto en lo fundamental, por todos aceptado y respectado. Fue un
error grave que ha costado muy caro, que todavía no se resuelve y que estuvo a
punto de ser todavía más amenazador.
El
pasado dos de julio de 2006, esta confusión nos costó la vulneración del
sistema electoral y por muy poco haber caído en una crisis constitucional; hoy
continúan sus secuelas no resueltas de
polarización y encono en el ámbito nacional y en el local, donde elección tras
elección se asiste a la crónica de un conflicto anunciado. Es necesario
aprender la lección, de nada sirve volver a ordenar el sistema electoral, -que
desde luego resulta imprescindible para superar sus daños actuales-, si no se
actúa sobre el pacto político que detenta el poder real, a través de modificar
las reglas de su ejercicio y con ello la posibilidad de inducir su renovación.
Si
no se modifican las reglas de ejercicio del poder no se podrá avanzar en
múltiples problemas de la agenda política nacional, tales como la democracia
interna en los partidos políticos y la garantía de representatividad ciudadana
en el quehacer de los mismos. Es muy claro que los partidos políticos no podrán
cambiar, si no cambian primero las reglas de ejercicio del poder del régimen
político y tampoco cambiará la relación que estos guardan con la sociedad. No
se podrá superar la urgente necesidad de contar con mayorías estables, ni con
un Estado fuerte y eficaz y el país seguirá caminando del zigzag a la
parálisis, imposibilitado para definir un rumbo mayoritariamente sustentado y
las políticas públicas, el gasto público y también el ingreso fiscal, seguirán
resolviéndose entre enterados, haciendo cada vez más difícil no sólo su
legitimidad ciudadana y política plural, sino desde luego su eficacia. Si no se
cambian las reglas de ejercicio del poder, no se podrá reformar el poder, ni
tampoco incrementar la capacidad incluyente de nuestra política.
En
segundo lugar, se ha aceptado con muy poca reflexión, una periodización
histórica de la transición a la democracia, que identifica solamente dos fases,
el orden del antiguo régimen de
partido hegemónico surgido de la
Revolución y el orden de la democracia en construcción,
resultante del arribo de la alternancia. Es una periodización que atiende más a
la permanencia de las siglas del PRI en la Presidencia de la República hasta el año
2000, que a la transformación de las pautas reales de organización que tiene
lugar en el modelo mexicano. Una vez más hay un sesgo en los analistas de corte
profundamente electoral que vuelve a privilegiar las reglas de acceso al poder
por encima de su ejercicio.
Desde
nuestro punto de vista, en el período de la transición, hay tres fases y no
dos, la primera está definida por las acciones del Régimen Político de la Revolución para renovar
su andamiaje institucional y permanecer inalterado en el poder. Esta fase
termina con la crisis fiscal de 1982 que marca la derrota del antiguo régimen. A partir de ahí se
inicia otra fase caracterizada por los intentos de modernización nacional bajo
los principios del Consenso de
Washington, estructurados después por el Banco Mundial. Si bien esta fase
fue impulsada por el PRI, en tanto que partido en el poder, lo hizo siguiendo
una brújula muy distinta[7]
a sus posiciones históricas.
Esta
fase termina hacia finales de los noventa con el comienzo de la crisis del
denominado modelo neoliberal, misma que habrá de profundizarse coincidiendo con
el triunfo de la alternancia. Este último aspecto no tiene nada que ver con la
crisis de ese modelo, aunque sí con sus fallidos componentes políticos que
terminaron por contaminar el sistema electoral a lo largo de los seis años que
se inician en el 2000 y en particular en el 2006.
Este
pequeño debate sobre la periodización no es un asunto menor puesto que de ahí
pueden derivarse dos conclusiones distintas. Si se atiende a la definición de
dos fases: antiguo régimen y
democracia, programáticamente se deduce que la problemática que afrontamos
exige profundizar la ruta actual para superar los retos. Si por el contrario,
se acepta la definición de tres fases, entonces se ubica que el Estado y la
economía fallidos y los problemas que de ahí surgen, se refieren al fracaso de
la propuesta neoliberal que se puso en práctica para modernizar ambos, a la
capitulación del antiguo régimen,
cuestión que sucedió hace mucho tiempo. Luego entonces, la recomendación no es
desde luego ni reeditar lo que ya no existe, ni tampoco proseguir por donde
vamos, sino darnos tiempo para encontrar una vía distinta.
En
tercer lugar y como veremos más adelante, la gran asignatura pendiente es no
haber iniciado la construcción del nuevo régimen político de la democracia y
seguir gobernándonos entre las ruinas del antiguo
régimen y los desatinos de las fallidas propuestas neoliberales de régimen
político. Esa asignatura pendiente determina buena parte de nuestros problemas
y daña los avances que en otros campos hemos podido dar, es hora de decidirnos
a cambiar de fondo. Esa asignatura pendiente determina los contenidos actuales
de la Reforma
de Estado, que tampoco hemos querido dejar avanzar
Es decir, con base en lo
anterior, es posible afirmar que la base de la polarización que México vive y
cuyas fuentes aquí debatimos, tienen un origen estructural inherente a la inacabada
Reforma del Poder[8] que, la Transición Democrática mexicana, ha sido incapaz
de hacer avanzar. Es decir, la democracia en México ha evolucionado integrada a
su componente electoral, pero ha hecho muy poco para desmontar la estructura de
poder previa y crear una nueva acorde con la emergencia de las nuevas
condiciones y de sus actores. Los actores de la alternancia ingenuamente supusieron
que el cambio de colores y siglas en la casa presidencial de Los Pinos, y la integración vario pinta
del Congreso, eran motivo suficiente para declarar la conclusión del cambio y
se olvidaron de promover dos razones centrales que lo explican y aseguran la
conclusión de lo antiguo y el real advenimiento de lo moderno: la confección de
un nuevo pacto de poder y, en consecuencia, el advenimiento de una nueva
constitucionalidad.
En consecuencia, las relaciones
de poder dominantes siguen siendo arcaicas y funcionales al Oligopolio de los Beneficios, antes
mencionado, y han tenido la capacidad de pervertir incluso los avances en
materia electoral. Son la fuente del deterioro sufrido en la credibilidad de
las muy costosas instituciones electorales, de la partidocracia cupular que
todavía agobia al sistema de partidos y del muy escaso progreso en la
imprescindible construcción de ciudadanía, o sea de la ineficacia de nuestra
democracia para asegurar la gobernabilidad entendida como la
capacidad institucional para absorber las tensiones provocadas por el
movimiento cotidiano de la sociedad.
Por
ello, en el contexto de la Transición a la Democracia , el principal peligro para la
gobernabilidad del sistema, radica en su grado de incapacidad para acercar la
voluntad de un diverso número de actores que pueden imponer su veto en una amplia
gama de asuntos vinculados al ejercicio de gobierno. Entre mayor sea este y
mayor la distancia ideológica entre ellos y menor la posibilidad de acercarlos,
es también menor la probabilidad de producir leyes significativas y políticas
eficaces.
El
arcaísmo en las relaciones de poder en México, entroniza su pervivencia como
producto inmediato del debilitamiento del estado que transfiere parcelas de
poder completas a los denominados poderes fácticos que nutren, con sus interés
y relaciones de complicidad, la vigencia de un pacto de poder disfuncional a la
democracia mexicana e impiden su modificación, constituyendo así la principal
fuente de la polarización que vivimos. Se conforma una especie de embudo
excluyente que limita la permeabilidad social en la creación y el acceso a las oportunidades, una pesada loza de
minorías poderosas que limita la movilidad política, económica, social y
cultural en el sistema. Incluso la propia interlocución del estado con la
sociedad ha sido crecientemente subordinada al control de los medios de
comunicación privado, concesionados por el propio estado. Pareciera que el
insuficiente cambio solo le quitó lo filantrópico
al ogro y ahora, ante su manifiesta ineficiencia para garantizar la
seguridad, hasta lo ogro.
Por
eso la superación de la polarización estructural que sufrimos, obliga a nuestra
democracia a realizar una refundación
política de México, una victoria
de la proclamada reforma del poder
hasta ahora pospuesta. Sin embargo hay que reconocer, que el escenario nacional
del cambio está marcado por el debate protagonizado por dos grandes grupos
políticos que se encuentran todos los partidos y en general todo el ámbito de
lo público: los conservadores y los
transformadores[9].
Los primeros están mejor posicionados que los segundos en la toma de
decisiones del poder, lo cual exige modificar esa correlación de fuerzas en
favor de la reforma para poder avanzar.
Hacerlo
desde los partidos políticos es el camino más sólido, pero también el más
largo, está directamente correlacionado con el éxito de la muy lenta y
continuamente obstaculizada democratización interna de los institutos políticos
y su reconversión mixta en partidos de causas, además de ideológicos que, entre
retrocesos, avanza con enorme lentitud y no hay mucho tiempo, tenemos la urgencia
de conformar la nueva gobernabilidad a la vuelta
de la esquina. Tampoco podemos confiar en la acción del Poder Legislativo,
también controlado por el conservadurismo partidista, en medio de la creciente
presión de los poderes fácticos. Por ello pareciera que, en nuestras
condiciones, el ámbito de la opinión
pública es el camino más libre para poderlo lograr, aunque a la larga el
menos sólido y por eso habrá que otorgarle solamente un papel detonador.
Por
otro lado, el conjunto de reflexiones y propuestas constitucionales que
acostumbramos denominar Reforma del
Estado para apuntar la integralidad del cambio, aparece como un concepto
útil para insistir en el carácter estructural de las nuevas formulas que
requerimos, siempre y cuando se concentre en discutir temas relativos a la construcción del nuevo Régimen Político o a
impulsar la Reforma
del Gobierno[10].
Hay
que recordar que transitamos del país
cerrado que privilegiaba su homogeneidad, al país abierto que trata de
organizarse en la heterogeneidad. Por ello, el punto más conflictivo de
este proceso es definir y poner en práctica un proyecto ordenado de nación que
cuente con el apoyo de una mayoría política construida y pueda entonces con
certeza, orientar el rumbo de la nación y abandonar esta dura etapa de la débil
democracia por el camino de la profundización de la democracia, cerrando el
paso a toda tentación autoritaria que pretenda presentarse como solución ante
la desesperanza que provoca la parálisis en la edificación del cambio.
Finalmente,
en este apartado me gustaría comentar una percepción personal: en materia de
transformaciones históricas los mexicanos hemos sido muy buenos en tres cosas:
en cambiar a destiempo y a contra ritmo con el mundo; en cambiar por medio de
la guerra, a través de revoluciones que nos recuerdan que necesitamos correr
porque estamos a destiempo; y en cambiar impulsando fórmulas autoritarias de
gobierno que nos permitan organizar la reconstrucción del cambio, para ya no
perder más tiempo. Ahora tenemos enfrente una oportunidad final, inaplazable,
para alejarnos de esa tradición y volver a la senda del cambio a tiempo,
poniendo el reloj del estado en la hora del reloj de la sociedad y ambos
relojes con el tiempo de mundo; tenemos la posibilidad de hacerlo en la paz
generalizada; y de hacerlo consolidando la democracia. A los hombres y mujeres
de esta época nos toca disponer y a la historia que escribirán nuestros hijos,
les tocará juzgarnos.
México: ¿Qué Reforma del Estado?
Una
multiplicidad de autores coincide en señalar que la Reforma del Estado tiene
un significado muy amplio, no sólo incluye una gran cantidad de políticas
públicas en distintas materias: económica, social, administración pública,
electoral, además del gobierno interior y de sus relaciones con el exterior,
entre otros aspectos, sino que también atiende a la funcionalidad, equilibrios
y eficacia del propio diseño institucional del Estado.
De
ahí que para comprender el significado de Reforma del Estado, no sólo en el
terreno de lo conceptual, sino particularmente respecto de las acciones que los
actores políticos desarrollan en su nombre, es necesario precisar al menos
cuatro cuestiones:
- ¿Cuáles los retos y cuál es su
contexto?,
- ¿Cuáles son los tópicos a
reformar?,
- ¿Qué tan diversas son las
propuestas que hacen para tal fin los actores políticos y, en su caso,
cuál es el grado de cercanía o lejanía que guardan entre sí?,
- ¿Cuál es la profundidad de esas
reformas, sólo son legales o transforman el ámbito constitucional?
Es decir, toda vez que estas reformas tienen
un carácter inductivo y son resultado de la voluntad política de atender, de
acuerdo con los paradigmas dominantes, a la fortaleza, funcionalidad y eficacia
social del Estado, es importante conocer los requerimientos de la nación que
las propician a cada momento de su desenvolvimiento.
De esta manera, es importante considerar si
el proceso de Reforma del Estado en cuestión, es el resultado de una transición
institucional o de una circunstancia político-militar; si el énfasis está
puesto en los aspectos económicos, sociales, administrativos, electorales o de
gobierno; y si sus acciones legislativas atienden a modificar leyes secundarias
o principios fundamentales.
En
México bien se puede afirmar que la
Reforma del Estado es un largo proceso de avances, parálisis
y retrocesos que, a lo largo de distintas estaciones, tiene su origen en la
necesidad de renovar los causes de participación pública y expresión política
de la nueva diversidad social surgida de los esfuerzos modernizadores de la
propia Revolución. Es decir, es el
producto de la intencionalidad de cambio provocada por la interacción de dos
polos: la presión opositora de los segmentos más modernos de la sociedad
y la respuesta diferenciada, más o menos permeable, de quienes a cada
momento detentan el poder, con el objetivo final de garantizar la
gobernabilidad y por tanto la permanencia de su mando. Es evidente que hasta ahora, la Reforma del Estado ha sido
resultado de la convicción pacifista de una amplia mayoría de mexicanos que han
preferido la vía del cambio institucional.
Aunque
no entendida como tal, se pueden ubicar motivaciones hacia lo que hoy se
llamaría Reforma del Estado, en los síntomas de rechazo al sistema que se
suceden hacia finales de los años cincuenta y que se agudizan al final de los
años sesenta. Es hasta los últimos años de la década de los setentas y sobre
todo a finales de la siguiente década que su agenda adquiere el carácter
dominante de Transición a la
Democracia.
El
proceso denominado Transición a la Democracia , puede situarse en 1977 con el
comienzo de la concreción de sucesivas reformas político-electorales
incluyentes, propiciadas tanto por la presión de las oposiciones y de la
sociedad, como por la inteligencia reformista del propio régimen, que
culminarían hacia 1996 con una reforma electoral que entonces se llegó a llamar
última o definitiva.
Adicionalmente,
también al final de los setentas, por primera vez se mezcla y se confunde, la Reforma del Estado, con
una noción de reforma administrativa del Estado mexicano, que entonces tenía la
finalidad de hacer más eficiente al sector público ante los requerimientos de
la otrora “administración de la abundancia”, sin pasar por la
descentralización del control de los procesos y manteniendo la economía mixta y
la rectoría del Estado.
A partir de la crisis fiscal de 1982 y las
posteriores políticas de ajuste y reforma estructural del modelo económico, así
como de la crisis político-electoral de 1988, se entronizan dos propuestas que
se entreveran para determinar las nuevas relaciones entre estado y sociedad:
reducir el tamaño del estado y avanzar en el camino de la alternancia
electoral.
De esta manera, la Reforma del Estado caminó
de nuevo por dos avenidas dominantes, la electoral y la económica-administrativa.
En esta segunda avenida, se volvió a confundir la Reforma del Estado con la
reforma administrativa del estado, pero ahora bajo los supuestos del “Consenso
de Washington”, en contra del estado obeso y su “necesario redimensionamiento”
en favor de la exaltación del mercado; un aspecto que terminó de consolidarse
durante el sexenio del presidente Zedillo.
El arribo de la alternancia electoral,
coincidió con la consolidación de las reformas neoliberales y también con el
comienzo de la crisis del modelo. La democracia mexicana mostró que estaba
constreñida a su faceta electoral, que presentaba un sesgo excesivamente
mercadotécnico, y que no era capaz de crear mayorías gobernantes determinando
que en México ganar es aspirar a lograr el tercio mayor de la
votación.
De
esta manera, la democracia mexicana muy pronto comenzó a mostrar signos
inequívocos de insuficiencia funcional que la amenazan y obligan a considerar
que la Transición
esta muy lejos de haber concluido y que es apremiante iniciar una nueva etapa
de la Reforma
del Estado.
No era capaz de conformar
mayorías estables que permitieran su eficacia. Se sobredimensionó
su perfil electoral y el peso de los partidos políticos, obstaculizando su
desarrollo y el fortalecimiento de la participación ciudadana y, por
tanto, dañando la representatividad.
En
términos de Norberto Bobbio, es necesario revisar las
instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del mismo, así
como los valores que animan la vida de tales instituciones. Es necesario revisar el régimen político e iniciar un proceso de Reforma del Poder y consecuente nueva
constitucionalidad que permitan concluir la inacabada Transición y
robustecer nuestra débil democracia.
Entre 1977 a 1996, la Reforma del Estado transitó
sobre el diseño y la construcción de tres ruedas de un carro que requería
cuatro, estas permitieron el conveniente desplazamiento del proceso de cambio
iniciado, pero resultaron insuficientes para concluirlo, hacía falta construir
la cuarta rueda:
ü La primera rueda, fue el
reconocimiento a la necesidad de fortalecer la pluralidad en el sistema de
partidos y de privilegiar su carácter de organizaciones ciudadanas de interés
público, -que no entes públicos-, sujetas al financiamiento del Estado;
ü La segunda, fue la consecuente
ampliación de las formas de representación legislativa estimulando la opción
proporcional;
ü y, la tercera, fue la nueva
normalidad de las urnas bajo parámetros de seguridad, para garantizar la
confiabilidad del proceso electoral al asegurar que el voto contara y se
contara.
La cuarta rueda constituye el
gran aspecto no resuelto de la política nacional y fuente constante de
conflicto en nuestra vida pública antes mencionada: la inacabada Reforma del
Poder. La necesidad de edificar un nuevo pacto de poder y de gestionarlo
mediante una arquitectura política adecuada a los requerimientos de la naciente
democracia en el siglo XXI. De esto se trata la Reforma al Régimen de
Estado y de Gobierno.
Es decir, hasta ahora la Reforma del Estado, en la
época moderna de México, ha transitado por dos etapas y debe concluir una
tercera consistente en:
- Reanimar
la capacidad institucional del antiguo régimen para absorber las tensiones
políticas y sociales generadas por su insuficiente trasformación frente a
las demandas de una sociedad trasformada y los requerimientos
administrativos de la “abundancia”;
- Reducir
el tamaño del Estado, concomitante a los lineamientos del “Consenso de
Washington” y sus propuestas gerenciales, y la necesidad de avanzar hacia
una firme alternancia electoral; y ahora
- La
nueva etapa, superar las inercias del antiguo régimen y las insuficiencias
de la propuesta neoliberal, para el logro de una eficaz gobernabilidad
democrática, de una democracia de resultados que otorgue certidumbre a la
nación y una real participación de la sociedad en la toma de decisiones.
En síntesis: ¿Qué Reforma del Estado
necesita México hoy?, aquella que promueva la construcción del
Régimen Político de la
Democracia , a partir de instrumentar un nuevo pacto de poder
y nuevas reglas para su ejercicio. Un Pacto Mayoritario de
Minorías Activas que dote a la nación de mayorías estables para
alcanzar acuerdos en lo fundamental, permita superar el desacuerdo en que
vivimos y, en consecuencia, neutralizar la polarización estructural que
padecemos.
Una Propuesta…
En el
marco de los trabajos auspiciados por la
Ley para la Reforma del Estado, cuya vigencia fue de un
año a partir del 13 de abril de 2007, tuve la oportunidad, en mi calidad de Consejero
de la Presidencia
de la Comisión Ejecutivala Unión (CENCA) de
elaborar una propuesta de reforma al actual Régimen de Estado
y de Gobierno. A manera de cierre de estas notas de exposición,
me permito presentar una versión de la misma como un ejemplo concreto de
propuesta para avanzar en la cuestión que aquí hemos tratado.
Hay que recordar
que este reciente ejercicio de Reforma del Estado arrojó un total de 6,188
propuestas distribuidas en los cinco grandes
temas que conformaron su agenda de trabajo: Régimen de Estado y de Gobierno;
Democracia y Sistema Electoral;
Federalismo; Reforma del Poder
Judicial; y Garantías Sociales. Sobre el tema Régimen de Estado y de Gobierno se
recopiló un rico acervo de 752 propuestas, poco más del 12 por ciento del
total, 185 correspondieron a los partidos políticos y 567 a la ciudadanía. De entre
ellas destacan tres por contar con el pleno consenso de todas las fuerzas
políticas y de la sociedad participante en los foros de consulta pública: construir
mayorías estables; propiciar una mayor colaboración entre poderes; y lograr una
mayor eficacia política en las acciones ejecutivas y legislativas, todo ello en
el marco del pleno respeto a la diversidad de la democracia.
Abordar la
posibilidad de reformar el Régimen de Estado y de Gobierno, no obstante que por
su calidad estratégica merezca una atención especial y exista una extendida
consciencia de ello, despierta toda clase de suspicacias y resistencias, sin
importar que su solución, de asumirse con claridad, definiría sin duda, que
nuestra política ha alcanzado un mayor grado de desarrollo y de capacidad para
afrontar los retos que le propone la armonía nacional. Tal vez esos sea una
manifestación más de aquel asunto de la correlación de fuerzas entre
conservadores y reformadores favorable a los primeros, líneas arriba comentada,
pero lo cierto es que para frenar su avance, los sectores más radicales de
todos los partidos hacen gala de recursos y los moderados, hasta ahora, no han
hecho valer su posición con la fuerza necesaria para estimular algún adelanto.
Desde nuestro
punto de vista, existen varios problemas cuya existencia contribuye a hacer
conflictivo el desahogo de este tema entre las fuerzas políticas:
- El primero es discutir las soluciones
confrontando modelos teóricos o de derecho constitucional comparado, lo
cual lleva a conformar grupos discordantes de baja interlocución, cada uno
con argumentos válidos, que en su desempeño culminan enfrentados en un
ejercicio que propicia la radicalidad y un dejo de confusión que falsamente supone no contar con los
elementos conceptuales suficientes para construir una toma de decisión
positiva, cuando justamente el reto esta en seleccionar de entre el enorme
bagaje conceptual los insumos para construir un modelo incluyente.
- El segundo consiste en no separar la discusión
técnica de la discusión del poder, es decir, pretender que no es posible
alcanzar un consenso técnico en una propuesta viable, cuando en realidad
la dificultad surge de no asumir y llamar así por su nombre, que las
condiciones políticas o, más bien, de lucha y armonía política no están
suficientemente maduras para que las fuerzas políticas se acerquen a un
pacto de poder y en consecuencia abocarse a construir ese ambiente.
- El tercero, no asumir que la construcción de
un nuevo régimen político es un asunto que se puede extender por décadas,
pero que lo importante es comenzar y hacerlo echando mano de
responsabilidad, pragmatismo y seriedad conceptual articulados para lograr
el éxito y estar a la altura de los retos de nuestro tiempo.
El método para
avanzar es acercar diagnósticos y soluciones y hacerlo bajo el protocolo del
máximo consenso posible, lo cual constituye un principio básico de realidad
política del cual partir para avanzar con firmeza.
La proposición que
a continuación se presenta demuestra que es posible técnicamente alcanzar la
convergencia de posiciones en este tema y por ello fue elaborada a partir de las
propuestas presentadas por los tres partidos políticos con mayor votación, PAN;
PRI; PRD; desde el título mismo, deliberadamente amplio: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEMOCRÁTICA DEL
RÉGIMEN PRESIDENCIAL CON PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, se exhibe con claridad esa intencionalidad. El PAN habla de fortalecer
el régimen presidencial, el PRI también pero exige su modernización democrática
y la mejor y mayor presencia del Congreso en el nombramiento de los encargados
del despacho a nivel ejecutivo, en la conformación de las políticas públicas y en el seguimiento
y evaluación de su ejecución, y el PRD se pronuncia por darle al régimen
político un mayor perfil parlamentario.
En ese sentido, el
propósito de esta iniciativa es doble, dar respuesta a las tres propuestas
antes mencionadas, cuyo diagnóstico y solución cuentan con pleno consenso:
1.
Estimular la construcción de mayorías estables,
2.
Facilitar una mayor colaboración entre poderes, y
3.
Asegurar la eficacia y
representatividad ciudadana de la política.
Así como mostrar que técnicamente es posible construir un
modelo incluyente que demuestra que las aparentes distancias que frenan el
acuerdo no son tales, y que existen múltiples coincidencias a nivel de diagnóstico
compartido y también de las propuestas de todos. Un instrumento que ya no deje
espacio para suponer que todavía no tenemos un referente común de las
concordancias o discordancias existentes entre las fuerzas políticas y que, por
tanto, permita construir acuerdos.
Es documento que pretende
ser el principio de un ejercicio de convergencia plural que por definición no
esta concluido, ni estará hasta que
todas las fuerzas políticas así lo decidan y que llegado el momento, dado un
cierto nivel de madurez de las condiciones políticas, permita asumir la decisión
de enviarlo al proceso legislativo como iniciativa o de asumirlo como un
documento que deberá continuar su proceso de discusión en nuevas instancias
procesales.
El documento de
trabajo en cuestión se compone de una primera parte consistente en una
presentación gráfica que presenta el modelo propuesto y sus partes, y un
segunda parte que se presenta en forma normativa, sugiriendo las modificaciones
a los artículos correspondientes.
DOCUMENTO GRÁFICO
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN
DEMOCRÁTICA DEL RÉGIMEN PRESIDENCIAL CON PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
DOCUMENTO NORMATIVO
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN
DEMOCRÁTICA DEL RÉGIMEN PRESIDENCIAL CON PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
VOTO
DE CENSURA
Artículo
73. … (El Congreso tiene facultad:)
I.
...
II.
Para censurar al Gabinete y al Jefe de Gabinete. El voto de censura deberá ser
presentado cuando menos por la mitad de los miembros de alguna de las Cámaras y
aprobado por el voto de las dos terceras partes de los diputados y senadores
presentes en sus respectivas Cámaras. No se podrá presentar más de un voto de
censura al año en cada Cámara;
III.
a XXX. …
VOTO
DE CONFIANZA
•
“El Presidente de la República podrá
solicitar al Congreso un voto de confianza expreso para el Jefe de Gabinete y
el Gabinete. Para tal efecto, el Jefe de Gabinete comparecerá ante el Congreso
o la Comisión
Permanente , quien se pronunciará sin debate, por el voto de
la mayoría absoluta de sus integrantes y dentro de un plazo no mayor de setenta
y dos horas, que empezarán a contar a partir de que el Congreso reciba la
comunicación del Presidente de la
República por escrito. En caso de haber transcurrido el plazo
señalado y no hubiere pronunciamiento alguno, se entenderá que el voto de
confianza ha sido otorgado.”
PREGUNTA
PARLAMENTARIA
•
A) “Los diputados y senadores al Congreso de la Unión tendrán el derecho a
formular preguntas escritas y orales al Gobierno Federal, en el ámbito de la
comisiones a que se encuentres adscritos, respectivamente.”
•
B) “Los Grupos Parlamentarios en ambas cámaras
del Congreso de la Unión
tendrán el derecho a formular preguntas escritas y orales al Gobierno Federal.”
INTERPELACIÓN
•
“Los diputados y senadores al Congreso de la Unión tendrán el derecho de
interpelar al Jefe de Gabinete, los secretarios de estado,
al Procurador General de la
República , a los jefes de los departamentos administrativos,
así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales
o de las empresas de participación estatal mayoritaria, sobre asuntos
relativos a la administración pública.”
NOMBRAMIENTO
Y RATIFICACIÓN DEL GABINETE Y DEL JEFE, ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL
PROGRAMA DE GOBIERNO
El Presidente de la República someterá a la Cámara de Diputados la
ratificación del Gabinete, del Jefe de Gabinete y del Programa de Gobierno,
dentro de un plazo de diez días naturales a partir de su toma de posesión. Si la Cámara no resolviere en un
plazo de diez días naturales, la propuesta que presentó el Presidente se tendrá
por ratificada.
En caso de que la Cámara de Diputados rechace
la propuesta presentada, el Presidente someterá una nueva propuesta, en los
términos del párrafo anterior. Si esta segunda propuesta fuere rechazada, el
Presidente de la República
decidirá la integración del Gabinete, del Jefe de Gabinete y el Programa de
Gobierno.
Artículo
74. … (Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:)
I.
a II. ...
III.
Ratificar al Gabinete, al Jefe de
Gabinete y el Programa de Gobierno que someta a su consideración el Presidente
de la República
con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión;
IV.
a VIII. ...
REQUISITOS
PARA SER PRESIDENTE
Artículo
82. … (Para ser Presidente se requiere:)
I.
a V. …
VI. No ser Jefe de Gabinete, secretario o subsecretario de Estado, jefe o
secretario general de Departamento Administrativo, Procurador General de la República , a menos de
que se separe de su puesto dos años antes del día de la elección y seis meses antes en el caso de ser Gobernador de algún Estado; y
VII. …
FACULTADES
Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE
Artículo 69.
A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo
del Congreso podrá asistir el
Presidente de la República
y presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que
guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones
extraordinarias del Congreso de la
Unión , o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente ,
informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Artículo
89. … (Las facultades y obligaciones del
Presidente son las siguientes:)
I.
a XVI. …
XVII. Nombrar al Gabinete y al Jefe de Gabinete,
con la ratificación de la
Cámara de Diputados, y removerlos libremente;
XVIII.
a XX. …
REQUISITOS
PARA SER JEFE DE GABINETE
Artículo
91. Para ser Jefe de Gabinete o Secretario del Despacho se requiere: ser
ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos, tener
treinta años cumplidos.
FACULTADES
Y OBLIGACIONES DEL JEFE DE GABINETE
Artículo
92.
A. Todos
los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Ordenes del Presidente deberán estar
firmados por el Jefe de Gabinete y el Secretario
de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y
sin este requisito no serán obedecidos.
B. Las facultades y
obligaciones del Jefe de Gabinete son las siguientes:
I. Preparar y convocar las sesiones del Gabinete;
II. Presidir las
sesiones del Gabinete, en los casos de ausencia del Presidente de la República ;
III. Coordinar las
actividades de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y
entidades paraestatales e informar al Presidente;
IV. Conducir las
relaciones del Gobierno Federal con el Poder Legislativo Federal;
V. Tramitar los
nombramientos que otorgue el Presidente;
VI. Asistir a las
sesiones del Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de
sus Cámaras y en sus recesos a la Comisión Permanente ,
para informar de la marcha del gobierno, y en su caso, responder preguntas y
atender interpelaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93, párrafo
segundo;
VII. Intervenir sin
voto en las sesiones del Congreso cuando lo considere oportuno;
VIII. Elaborar la
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y
presentarlos ante la Cámara
de Diputados;
IX. Ser el responsable del Programa de
Presupuesto Anual;
X. Las que le delegue el Presidente, sin
contravenir lo dispuesto por la
Constitución , los tratados internacionales y las leyes, y
XI. Las demás que esta Constitución y las
leyes establezcan.
FACULTADES
Y OBLIGACIONES DEL GABINETE
C. Las facultades y
obligaciones del Gabinete son las siguientes:
I. Conocer y opinar
sobre la iniciativa de la Ley
de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ;
II. Analizar, discutir
y definir las políticas públicas del Gobierno Federal;
III. Conocer y opinar
sobre los proyectos de reglamento,
IV. Conocer y discutir
las iniciativas de ley que el Presidente considere presentar al Congreso, y las
observaciones a los proyectos de ley o decreto que éste le remita;
V. Conocer los tratados
que el Presidente se proponga celebrar;
VI. Opinar acerca de la
intervención del Ejecutivo en la operación de las entidades paraestatales;
VII. Firmar las
iniciativas del Jefe de Gabinete en materia presupuestal, y
VIII. Las demás que
esta Constitución y las leyes establezcan.
Artículo
93. El Jefe de Gabinete, los
Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Administrativos,
luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al
Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera
de las Cámaras podrá citar al Jefe de
Gabinete, los secretarios de estado, al Procurador General de la República , a los jefes
de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores
de los organismos descentralizados federales
o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que
informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus
respectivos ramos o actividades.
…
RESPONSABILIDAD
DEL JEFE DE GABINETE
Artículo 110.- Podrán
ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión , los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ,
los Consejeros de la
Judicatura Federal , el
Jefe de Gabinete, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento
Administrativo, los Diputados a la
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, el Procurador General de la República , el Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los
Consejeros de la Judicatura
del Distrito Federal, el consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados
del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
…
…
…
…
…
Artículo 111.- Para
proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión , los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ,
los Magistrados de la
Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal ,
el Jefe de Gabinete, los Secretarios
de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito
Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados
declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no
lugar a proceder contra el inculpado.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ARTÍCULOS
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de diciembre de
2012.
SEGUNDO.- Al entrar en vigor el presente Decreto, deberá expedirse la Ley Reglamentaria
de la Fracción II
del Artículo 73 de la
Constitución General de la República e impulsarse
las reformas y adiciones a la
Ley Orgánica del Congreso de la Unión ; Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; Ley de Planeación; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables en la materia, en un plazo
no mayor de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de la vigencia de
este Decreto.
[1] Una tendencia que, desde nuestra perspectiva,
debe ser calificada de estructural, no de coyuntural como proponen los análisis
subjetivistas que reducen la ineficacia en la gobernabilidad, sólo a la
incapacidad de los actores en turno.
[2] Por régimen político se entiende el conjunto de las instituciones
que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que
animan la vida de tales instituciones. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola y
PASQUINO, Gianfranco: Diccionario de Política. Editorial Siglo Veintiuno Editores.
Décima edición en español. México. 1997.
[3] En el mundo global, el acontecer político
interno está cada vez más impactado por el externo, por lo que asegurar la
vigencia contemporánea de la nación quiere decir también asegurar su capacidad
para actuar como un agente con peso suficiente, proporcional a su tamaño, en
las definiciones de la mundialización, lo cual exige en primer término
garantizar la fortaleza del estado.
[4] El
ejercicio del poder entendido cómo la acción de una específica correlación de
fuerzas con propósitos estratégicos, organizadora y gestora del ámbito público,
que se ejecuta a través de las reglas de un complejo entramado institucional,
determinado cultural y temporalmente.
[5] Un
cambio cualitativo propiciado por la voluntad de la sociedad, fecundado por
ella misma y gestado en el propio antiguo
régimen, gracias a la capacidad de este último para soportar la transición
con la fortaleza de los acuerdos y de los pactos internos para asegurar la
tolerancia institucional requerida.
[6] 24 millones de personas (48.5% de la PEA ) tienen empleo formal y 19
millones de personas (39.8% de la
PEA ) tienen ocupaciones insatisfactorias; inestables,
precarias o informales. El desempleo, utilizando la reclasificación del autor,
asciende a 13.1%. 1 millón de nuevos
mexicanos cada año y arriba de medio millón de emigrantes anuales. La meta
sería crear más de 2 millones de nuevos empleos anuales.
Márquez Ayala, David. Reporte
Económico: El empleo. Eje del desarrollo. La Jornada. (México) 27 de
Agosto, 2007.
[7] Estas reformas del Estado
fueron inspiradas en la idea de fortalecer el mercado y reducir primero, para
robustecer después, las capacidades estatales. Tendieron a confundir los
instrumentos o paradigmas de gestión con los objetivos y estrategias de
construcción y conducción política. Tuvieron un sesgo de carácter
administrativo y gerencial, orientado a conseguir la eficiencia de un Estado
selectivo, centrado en tareas fundamentales, y en poner límites a la
arbitrariedad y a la corrupción. No tuvieron en cuenta las reglas del juego del
régimen político vigente, ni tampoco la debilidad del marco
político-institucional democrático, los procesos históricos y otras
características. Estas
ausencias limitaron el proceso de transformación que no contribuyó a generar
reformas consistentes, coherentes y articuladas en el largo plazo. No se
comprendió que las instituciones nunca son producto de un acto de voluntad
aislado, sino el resultado de un proceso complejo de construcción social y que
la construcción de capacidades estatales implica también un proceso de
aprendizaje condicionado por el tiempo, la historia y el espacio. En síntesis,
no se entendió que el gran reto de la Reforma del Estado es el cambio del modelo de
desarrollo –y del modelo de Estado correspondiente– lo que no responde a una
lógica instrumental. Implica un cambio de actores, de poder, de conocimiento,
de habilidades y competencias, así como de modelos mentales y valorativos. En
1997 el Banco Mundial propuso un modelo de Reforma del Estado que denominó
“Nueva Administración Pública”, basado en la autonomización de los servicios
que presta el Estado, la competencia entre ellos, el control por parte de los
consumidores y la contractualización de sus relaciones, es decir un modelo de
gestión gerencialista. Ver más de este análisis crítico en: Zurbriggen,
Cristina. "La falacia tecnocrática y la reforma del Estado. A 10
años del informa del Banco Mundial". Nueva Sociedad. No. 210, Jul -
Ago 2007. Buenos Aires, Argentina. Pp. 156 - 172
[8] Propuesta planteada por
Luís Donaldo Colosio, cuya resolución aún sigue pendiente.
[9] Los conservadores
ven al nuevo siglo con ojos del siglo pasado (o antes) para dejarlo todo
igual o, lo que es lo mismo, darle la vuelta en sentido inverso a las manecillas del reloj de la historia y, los transformadores son aquellos que
aceptan correr el riesgo de equivocarse al proponer nuevas soluciones para
nuevos problemas, pero que sin duda acertarán más que quienes renuncian al
cambio, porque ellos ya están de principio equivocados.
[10] Con
frecuencia se tiende a olvidar que la política es el arte de lo posible y las
recientes experiencias del trabajo legislativo así lo comprueban,
particularmente respecto de las iniciativas en materia constitucional. Hay una
relación directamente proporcional entre la concreción o especificidad de los
asuntos y la disminución de las resistencias, lo cual facilita alcanzar los
consensos necesarios para su aprobación. De ahí que normalmente la estrategia
legislativa más adecuada sea concentrar la mayor energía política posible en
identificar y negociar aquellos temas capaces de detonar transformaciones
estructurales en cadena, más que intentar modificaciones integrales de entrada
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