SEMIPRESIDENCIALISMO

INTERVENCIÓN DE José Alberto Aguilar Iñárritu EN EL FORO SOBRE PRESIDENCIALISMO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

José Alberto Aguilar Iñárritu: El lunes pasado se inició este interesante foro y en esa ocasión se establecieron de manera muy puntual los ingredientes que nos van a hacer falta para dilucidar la mesa de hoy. Entre los puntos   mencionados se estableció, en primer lugar, que nuestro régimen político, nuestro régimen de gobierno, tiene características que estimulan la confrontación y no el consenso. Es decir, el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Lo cual, se ha anotado muy claramente, para efectos de gobernabilidad entra en contradicción con las características de nuestra democracia, determinadas por una alta difusión plural del poder. Aunque en su momento la mayoría de los analistas lo circunscribieron sólo al advenimiento de la alternancia y a que el voto contara y se contara, el saldo más importante del proceso transicional generado a partir de las reformas de finales del siglo pasado, sobre todo la de 1996, fue precisamente eso: la fraccionalización plural del poder.

Así se pasó de un régimen de partido hegemónico a un estadio donde la realidad política se fraccionaba en una serie de expresiones plurales en lucha por el poder. Su consecuencia inicial fue que a partir de las urnas nadie obtuviera la mayoría absoluta, lo cual ha dado lugar a la constante de gobiernos de primera minoría, con congresos divididos. Hasta ahora nadie ha sido capaz de ganar las elecciones presidenciales con más de lo que yo llamo “el 33 por ciento plus” y evitar así enfrentarse a un Congreso “dividido”, donde a veces ni siquiera la primera minoría corresponde al gobierno que logró la presidencia de la República y aunque hay quienes ahora se plantean que pueden arrasar en las elecciones 2012, yo no creo que eso cambie, al menos yo no lo veo.

Esta recurrente circunstancia obligaría en primer término a modificar la premisa del que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, para solucionar: la no resuelta la ecuación presidencialismo-multipartidismo, una sentencia con la que muchos analistas sintetizan esta situación y que abre un debate entre distintas posiciones que pueden agruparse en básicamente tres grandes conjuntos.

Un primer grupo que considera que no hay que hacer nada, que el presidencialismo tal cual existe funciona y si algo no opera se debe a un problema de personas, a un asunto de incapacidades, que incluso siempre se pueden corregir aplicando recursos como “los arreglos de recámara”, útiles para reparar aquello que no marcha bien. Éste es un grupo básicamente conservador, no visualiza la necesidad de transformar la institucionalidad de acuerdo con los requerimientos de la realidad.

El segundo grupo, consciente de los problemas que implica gobernar en minoría, propone crear lo que yo llamaría mayorías por decreto. Es decir, si el problema es que con el 33 por ciento plus o 35 por ciento no logro tener una mayoría absoluta en el Congreso, bueno, muy simple, vamos a resolverlo normativamente, trayendo a la palestra la vieja cláusula de gobernabilidad de orígenes mussolinianos y además derogar el tope de 8 por ciento para evitar la sobre representación ,que surgió de la reforma de 1996, con la finalidad de garantizar un optima representatividad política y social.  

Esta propuesta evidentemente generaría, en un régimen de fraccionalización del poder como el nuestro, un proceso creciente de sobrerrepresentación, que “nos estaría llevando a una etapa pre-Reyes Heroles”. Se soterraría el debate y se propiciaría el desprecio e incluso el abandono del marco institucional por parte de los segmentos excluidos por decreto quienes, desde luego, no sólo no colaborarían en favor de la gobernabilidad del grupo o grupos beneficiados por estos decretos, sino que buscarían abrir otras vías para llevar adelante su lucha por el poder político.

En este mismo grupo se ubica la propuesta de la segunda vuelta, con desfase de un mes en la elección parlamentaria, que para muchos analistas es un proceso parecido a un volado. Teóricamente se piensa que los votantes le darían la mayoría absoluta en el Congreso a la fuerza política que le otorgaron la Presidencia. Sin embargo, en el análisis comparado esta teoría no se comprueba siempre en la práctica. De acuerdo con análisis muy serios sobre las segundas vueltas en el mundo, una cosa es clara: con este método se puede lograr mayoría congresual o no.

El tercer grupo está conformado por una serie de propuestas cuyo común denominador es su apuesta por la política para estimular la formación de las necesarias mayorías estables, a partir de incorporar prácticas parlamentarias en el sistema presidencial: “sí, vamos a solucionar el asunto las mayorías estables pero haciendo política”. Este grupo presenta distintos gradientes de reforma al modelo presidencial, desde crear una relación más funcional, responsable y colaboradora, entre el presidente y el Congreso, fortaleciendo las potestades del primero y del segundo, hasta crear el presidencialismo con gobierno de gabinete o el semipresidencialismo, sin olvidar que en forma minoritaria, existe también en este grupo un ala que se pronuncia por ir directamente hacia el parlamentarismo.

El primer planteamiento, que le podemos denominar modelo de presidencialismo funcional, propone dotar al presidente de mejores instrumentos para relacionarse con el Congreso por vía de acordar un pacto legislativo expreso, para generar un equilibrio favorable a la cooperación y colaboración entre poderes, al mismo tiempo que fortalecer al Poder Legislativo y sobre todo profesionalizarlo, por lo que es compatible con instituir gobiernos de coalición en forma optativa y la posibilidad de la reelección consecutiva de legisladores.

Establece la necesidad de construir varios instrumentos constitucionales para posibilitar adecuadamente la relación Ejecutivo-Legislativo, entre ellas: la iniciativa legislativa preferente del presidente; la potestad del  de emitir decretos legislativos sujetos a control por el Poder Legislativo; la reconducción del presupuesto; el veto presidencial sobre leyes, precisar su ejercicio; el veto presidencial sobre presupuesto; y el fortalecimiento de las competencias de las comisiones congresuales. En síntesis es "mantengamos el régimen presidencial puro, pero mejoremos la funcionalidad de su relación con el legislativo y la capacidad de control de este último y seguramente todo funcionará mejor”.

La propuesta de modelo presidencialista con gobierno de gabinete, le añade a la función de control del Congreso, un denominado control intraorgánico del gabinete y establece la obligatoriedad de los gobiernos de coalición cuando no se obtiene de las urnas la mayoría absoluta en el Ejecutivo y sobre todo en el Legislativo. Este planteamiento se puede resumir en la fórmula “mantengamos en el presidente de la República el doble carácter de Jefe de Estado y de Gobierno, pero nombremos un Gabinete y un Jefe de Gabinete a propuesta del presidente pero electo por el Congreso.

El presidente de la República negocia con el Congreso a través Jefe del Gabinete, -quien puede participar con voz pero sin voto en las sesiones camarales-, y es el encargado de crear el Plan Nacional de Desarrollo con la participación del Legislativo y de impulsar el programa-presupuesto anual en interlocución con el Congreso. El jefe de Gabinete es un subordinado del Presidente de la República, pero con una legitimación en las Cámaras gracias a su ratificación o incluso a una suerte de voto de confianza que, eventualmente puede equilibrase con la incorporación también del voto de censura.

Entre los instrumentos de gobierno y de control de gobierno del sistema presidencial con gobierno de gabinete se configuran: el reconocimiento constitucional del Gabinete del Poder Ejecutivo; la ratificación del Gabinete por el Poder Legislativo, el reconocimiento constitucional del Jefe de Gabinete; la ratificación del Jefe de Gabinete por el Poder Legislativo; la desaprobación congresual de los miembros del Gabinete y del Jefe de Gabinete; la remoción libre como potestad presidencial del gabinete legal; el derecho del gobierno a hacer uso de la voz en el Congreso; la iniciativa legislativa preferente del Presidente; la reconducción presupuestal; la pregunta parlamentaria; la interpelación parlamentaria; el veto sobre leyes precisando las condiciones de su ejercicio;  y la potestad de publicación de las leyes por el Congreso.

La otra propuesta, inscrita en este grupo y que da nombre a este Coloquio: es el modelo semipresidencial. Este también reconoce que no se puede seguir gobernando un país con gobiernos de primera minoría, incluso, de segunda minoría, como ha pasado en el segundo periodo del actual gobierno, ya que el partido del presidente Calderón sólo recibió el 24 por ciento de los votos, algo inconcebible en cualquier parte del mundo.

En consecuencia propone que se separe la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno; y que esta jefatura del Gobierno sea pactada con el Congreso, una vez que las elecciones hayan terminado, de acuerdo con los números que resulten de esas elecciones.

Pienso que recientemente se ha tendido a confundir esta fórmula con el planteamiento de las coaliciones inherentes a los cuatro modelos mencionados: sistema presidencial funcional; modelo presidencial con gobierno de gabinete; modelo semipresidencial y sistema parlamentario. Y creo que al respecto hay que ser muy precisos.

La coalición de gobierno es un atributo necesario en los tres modelos de presidencialismo aquí descritos y desde luego en el parlamentario.  Sin embargo, no es ese factor el que los diferencia. Menos aún el gobierno semipresidencial no se resuelve por la estructuración de un gobierno de coalición, —y estoy hablando de coalición de gobierno, ni siquiera me estoy refiriendo a las coaliciones electorales, la mayoría de la cuales en México no se traducen en una coalición gobernante—. La coalición de gobierno por sí sola no bastaría para decir que ya cambiamos el régimen a un esquema semipresidencial. Un régimen semipresidencial difícilmente pudiera tener  funcionalidad si no hubiera la posibilidad de la coalición, porque el jefe de Gobierno es precisamente el resultado de ese acuerdo, de ese pacto, de esa manera de caminar en ese gobierno junto con las directrices que se manejen desde la propia jefatura del Estado.

Es muy importante hacer este planteamiento porque, —lo subrayo a partir de que en este debate que se generó el lunes en la prensa—, muchos analistas quisieron ver en esto, lo voy a decir claramente, un planteamiento “grillo”: a quién le sirve o a quién no le sirve electoralmente, porque legislar en función de coyunturas personales o de grupo es una traición a la patria. Y aquí nadie, al menos nosotros que hemos promovido esta discusión en la opinión pública, no estamos planteando eso.

Estamos planteando un proceso serio donde la coalición es una necesidad más no el todo, y qué bueno que hay iniciativas en ese sentido en el Poder Legislativo, que nos permiten recordar que las coaliciones de gobierno en México son un instrumento para reunir una mayoría gobernante, después de emitido el veredicto del elector, y por tanto no se relacionan necesariamente con una coalición electoral, además de que resulta contra natura utilizar este concepto en sentido confrontacional. En este sentido quienes las confunden favorecen una suerte de electoralización de las coaliciones de gobierno y las convierten en bandera de un frente de unos contra otros, lo cual también encarece su viabilidad.

En fin, es importante dejar muy claro que las coaliciones de gobierno no superan en sí mismas la reforma del gobierno y menos la del Estado, toda vez que son sólo un instrumento muy útil de las mismas.  

El denominado modelo semipresidencial, a diferencia de los anteriores, propone la separación entre la Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno. La primera corresponde al Presidente electo por la ciudadanía y la segunda, el Jefe de Gobierno, posición que recae en un funcionario electo por el Congreso a propuesta del Presidente, en concordancia con la correlación mayoritaria de fuerzas ahí representadas.

Esta última circunstancia  consolida  la relación de confianza política del Gobierno con el Congreso quien además de su nombramiento, determina su permanencia en el cargo.  Las competencias del Jefe de Gobierno se establecen en la Constitución y para ejercer su función contaría con el nombramiento de un Gabinete reconocido constitucionalmente, definido y votado por el Legislativo a propuesta suya. Esta forma de Gobierno tiene por definición un carácter de coalición obligatoria que asegura la formación de mayorías estables.

Entre los instrumentos de gobierno y de control de gobierno del sistema semipresidencial se enumeran lo siguientes: el reconocimiento constitucional del Gabinete del Poder Ejecutivo; la ratificación del Gabinete por el Poder Legislativo; el reconocimiento constitucional del Jefe de Gobierno; el reconocimiento constitucional de las atribuciones del Jefe de Gobierno, entre las que se encuentra la potestad de iniciar leyes; la aprobación del nombramiento del Jefe de Gobierno por el Poder Legislativo; la moción de censura vinculante de los miembros del Gabinete y del Jefe de Gobierno; el fortalecimiento de las competencias de las comisiones del Congreso para evaluar la gestión del gobierno y participar en el proceso presupuestal; el fortalecimiento de la potestad del Congreso de citar a comparecer al Jefe de Gobierno y en general a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, el  veto sobre leyes precisando las condiciones de su ejercicio, y la potestad de la publicación de las leyes por el Congreso para superar el veto de bolsillo.

Ahora, dicho lo anterior, hay una cuestión que también tiene que tratarse en este foro. Si bien estamos hablando del proceso de reforma al Ejecutivo, mal haríamos en no considerar la reforma al Legislativo. ¿Funcionaria alguno de los esquemas planteados, en particular el semipresidencialismo, con el Congreso actual? Mi posición es que no. Nosotros no podemos trabajar con un Congreso como el que tenemos hoy. Esta, como todas las insuficiencias en la democracia, desde mi punto de vista, se resuelven con más democracia, y el problema es que el Congreso no ha tenido la posibilidad de vivir una real y trascendente modernización democrática y, en ese sentido, es una víctima más que un victimario. Se sigue manejando con estructuras, no digamos del siglo pasado, sino del siglo XIX. Visualizamos un creciente proceso de cooptación, de captura del Congreso por parte de intereses creados, empezando por las cofradías dirigentes de los mismos partidos políticos, donde para poder acceder a un cargo en el Legislativo hay que estar en el marco de su conveniencias y apetitos más inmediatos. Se ha dado mucha libertad a la cofradías adueñadas de los partidos políticos, cuya discrecionalidad lo mismo frena la posibilidad de la reelección, que abarata la calidad de la representación política de la sociedad y de los mandos partidarios.

Recordemos que la reelección se quita en 1933, precisamente para fortalecer el presidencialismo en el marco del naciente partido hegemónico y para debilitar tanto al Congreso, como a la independencia de sus integrantes. Es decir, cuando se habla de la reelección, debiéramos decir en México: restituir la reelección que la Constitución preveía, para otorgar al legislador la posibilidad de la autonomía.

El Congreso también es afectado por la creciente pérdida de representatividad de los partidos políticos con respecto a las causas de la gente. De hecho, comentábamos en la antesala antes de llegar a esta Mesa, que el ataque hacia el Congreso ahora, —que me parece también fatal porque una democracia sin un Congreso no es tal—, tiene que ver con la desesperación de los titulares del Poder Ejecutivo de los últimos años, de alternancia para acá, de no poder superar las limitaciones de la no resuelta ecuación presidencialismo-pluralismo ya referida, y entonces acuden al expediente fácil, pero altamente peligroso, de decir “ataquemos al Congreso, porque ellos frenan”. Y nos quedamos en ese afán.

La otra proviene de la percepción de la gente que, con origen en la miseria de nuestra política actual poco servible al ciudadano, dice: “bueno, es que no entiendo al Congreso, yo no veo en él solución a mis problemas”. Lo cual también es propio de los partidos políticos. En conclusión, tendríamos que hacer una revisión muy importante del Congreso para que esto funcionara.

Un primer punto central es un problema de transparencia y rendición de cuentas. El Congreso no puede ser opaco. En la medida en que sea opaco tendrá menos libertad y eficiencia de los propios legisladores. Dos, no debemos tener a los legisladores sometidos a esa cosa rara que se llama Junta de Coordinación, que es mucho más autoritaria que aquell Gran Comisión del partido hegemónico. Yo les recuerdo a ustedes, nada más, en aquella época la Gran Comisión se integraba por 32 legisladores en la Cámara de Diputados y por 29 en la Cámara de Senadores. Actualmente la Junta de Coordinación está formada por los coordinadores de los partidos representados y, en realidad, es una junta de tres, donde por voto paritario se determina cuántas hojas hay que comprar o si hay que comprar papel de baño.

Es decir, definitivamente, un nivel de autoritarismo brutal. La propia opacidad de las Comisiones afecta a los diputados. Realmente nunca saben seriamente, dependiendo de los partidos, pero en general no saben a dónde se fue el dinero o qué pasó con él. 

Otro elemento central es la falta de un estatuto de derechos y obligaciones de los legisladores y de un mecanismo de cortesía y de disciplina interna, determinada por los propios legisladores.

Evidentemente también existe el problema de la eficacia. Nosotros no podemos tener un congreso como el que se requiere, por una operación de este tipo, si las comisiones no funcionan, si no están fortalecidas, si no se les da, por ejemplo, incluso la posibilidad de votar en primera lectura los procesos de iniciativa de ley.

Supuestamente las comisiones son especializadas en los temas y tienen que llevar al Pleno temas que nadie entiende y que terminan votando a quién sabe qué horas y “ya, vámonos, a ver qué dijo el líder y lo votamos así y san se acabó”; cuando podríamos haberlo resuelto en una comisión de la manera más sería e incluso darles fuerza en el mismo Congreso en términos de comisiones de investigación, que se tienen muy sueltas.

Es necesario fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación para que ayude al esquema de la transparencia de las cuentas en el propio Congreso. En fin, es  una lista que no me quiero extender más, porque da para mucho, pero sólo  apunto, simplemente, que se necesita modificar el Congreso.

Ahora, quiero referirme al tema de la reforma del Estado. Como en general respecto de todas las reformas en este país, la parálisis que sufrimos no deriva de que no sepamos qué pasa, no deriva de que no sepamos que hacer; deriva básicamente del triunfo de un bloque conservador, del arcaísmo sobre las posibilidades de la modernización democrática y política de este país. Y ése es el problema de fondo. Para lograr romper ese bloque se requiere de voluntad política, es decir, de un elemento de fuerza política y de crear un frente contrario a dicho bloque, lo cual desafortunadamente no se ha logrado. Y aquí yo haría mal en ponerle requisitos a por dónde comenzar. Comencemos por donde se pueda, yo incluso he dicho que a la mejor la primera reforma del Estado que nos detona las demás, es la reforma fiscal, por ejemplo, que es la columna vertebral del Estado, el pacto básico para mantener al Estado. Si tenemos que empezar por avanzar en estos procesos y después ver el Congreso, o al revés, como sea, lo importante es avanzar.

El 2012 seguramente será un referéndum entre las posibilidades de la restauración, y con esto no estoy refiriéndome a un solo partido político, porque hay restauradores en todos; las posibilidades del arcaísmo están en todos los ámbitos y obstaculizan a las posibilidades de la modernización democrática de México, que ya nos merecemos. El 2012 por desgracia volverá a ser un confrontación entre fuerzas de la tradición, no de la modernización, por ello será, esperemos, la última elección del siglo XX.

José Alberto Aguilar Iñárritu: Empiezo por la pregunta que nos hace nuestro amigo. Muy sencillo. El Estado es el representante político y jurídico de la nación, el gobierno es el conductor del Estado. El Estado es el carro, el Gobierno el conductor. Aquí tenemos que descubrir cómo mejorar el desempeño de encargado, del conductor y de eso se trata este Coloquio. Yo creo que debemos precisar que estamos hablando de seleccionar un modelo y los mecanismos para detonarlo.

Muy brevemente. México ha vivido en sus 200 años de existencia, desde mi punto de vista, de tres pactos políticos nacionales o pactos de poder, grandes contratos que determinan el rumbo nacional, acordados por la mayoría de los actores relevantes o élites nacionales de cada momento.

Los tres pactos de poder de los que ha vivido México son: el pacto Guadalupe Victoria, que da inicio a la posibilidad de la nación con la real independencia. Es el más reducido, pero muy importante por su circunstancia. Después, el proceso Juárez-Díaz que le otorga un Estado a la nación. Y después, el pacto Obregón-Calles-Cárdenas que posibilita el régimen político de la Revolución y nos permite transitar con desarrollo buena parte del siglo XX.

Este último pacto se agotó en 1982 en medio de una seria crisis fiscal que colapsó el antiguo régimen; desde entonces hemos estado huérfanos de pacto. Se intentó en los años 90 un nuevo pacto de poder, concomitante al proyecto de modernización emprendido,  pero este terminó también en crisis en 1994, en medio de un proceso que he denominado la modernización fallida.

Desde entonces ni siquiera hemos intentado construir un nuevo pacto de poder durante estos diez años de alternancia. Lograrlo nos permitiría enderezar el rumbo y conformar una democracia donde habría adversarios que compiten pero también pactan y colaboran y no enemigos en una confrontación de exterminio. Es necesario ordenar este combate que tenemos, porque yo a una diferencia de Ricardo, si creo que vivimos un combate entre enemigos, no una contienda entre adversarios, porque no estamos pactados.

Éste es uno de los elementos de lo que tenemos aquí. Miren ustedes, lo que está en el debate de fondo de este planteamiento, es el problema de tener un gobierno fuerte, precisamente porque aquí, en esta Mesa, se ha establecido con toda precisión el asunto de los poderes fácticos, legales e ilegales. Un gobierno débil, como el que tenemos en este momento en su versión Ejecutiva, en su versión Legislativa y en su versión Judicial, es pasto de esos poderes. En México padecemos un apoderamiento, una cooptación, una captura de las instituciones por parte de estos poderes, lo cual sin duda será uno de los ejes principales en el debate electoral del 2012.

Entonces, lo que estamos viendo aquí es parte de ese debate. Cuando yo hablo de avanzar en la reforma fiscal, me refiero a aquilatar su carácter de columna vertebral del Estado, al momento de tratar de encontrar por  dónde detonar el cambio. No olvidemos que la Revolución francesa  se detona básicamente por una crisis fiscal, porque lo fiscal es el gran pacto, el gran acuerdo que soporta al Régimen de Estado y de Gobierno.

Porque para definir quién pone, cuánto pone para gastar, en qué, con qué transparencia y rendición de cuentas, hay que ir a la base de esa columna vertebral del Estado.

México sufre el pacto fiscal de los poderes facticos, no el pacto fiscal que requiere la República restituida. De esto se trata este Coloquio, de hablar de cómo restituir la República, porque no podemos seguir haciendo transitar los intereses generales del país o el interés general de la nación por los reducidos espacios del interés particular de unos cuantos poderes fácticos.

Esa es la crisis de la República en la que vivimos, y es lo que da lugar, entre otras cosas, a que no se pueda avanzar en lo que nos decía nuestro amigo Mauricio Merino, en términos de la ética pública. Ahí la ética pública es pasto seco e inflamable, de estos apoderamientos y de estas fracturas.

Yo me felicito el estar en esta Mesa porque creo que es confluyente y muy enriquecedora de lo que estamos planteando aquí. Yo no veo prácticamente contradicción en lo que se ha dicho aquí, veo que se añade y se enriquece un planteamiento tan complejo como esto.

Cuando María Amparo Casar nos dice: “oye, pero tú no puedes tomar partecitas que te gustan de un modelo y no otras que no te gustan, sino que tienes que ser congruente en el diseño, evidentemente”. Aquí de lo que se trata es que haya la voluntad política para adecuar el régimen político y de una vez por todas terminar de enterrar esos muertos insepultos del siglo pasado que todavía obstaculizan el progreso de la nación. Para concluir la transición, vamos exigiendo un modelo.

Los regímenes políticos se construyen para superar los obstáculos que afectan la vida pública, aquí se mencionó a Francia. Francia es realmente el resultado de un gran rompecabezas construido por su historia. Se fue armando como un diseño institucional hecho para cualquier circunstancia hasta ahora conocida de la realidad francesa. Si no funciona de un lado, funciona del otro, funciona de muchas maneras. Ese es el régimen francés. Por eso no es cuestión importar a México una firma francesa, es cuestión de entender cómo adecuar nuestro régimen político con base en la superación de nuestros retos, como hasta antes de este largo impasse lo veníamos haciendo. Aquí hemos tenido regímenes que no operarían en otro lado. ¿Cuál debemos tener ahora? Bueno, hay forma de decidirlo de acuerdo con las premisas que ya se dijeron aquí. Si la voluntad política existe, lo demás es diseñar el modelo constitucional adecuado para lograr un Estado fuerte, un gobierno fuerte, que permita atender esquemas como la seguridad para todos y una economía incluyente y próspera.

La lucha por el problema de la seguridad que tenemos en este momento, tendría otra cara si en vez de ser planteado por un gobierno de primera minoría, con el 24 por ciento de los votos, fuera planteado en el marco de un consenso nacional, de grandes actores con una mayoría gobernante; respecto de la economía sucede exactamente igual.

Yo creo que, como dice Alejandro Encinas, esto es un planteamiento también de partidos. No podemos avanzar en este proceso si no tenemos un nuevo sistema de partidos, que responda también a las nuevas realidades. El sistema actual de partidos surge de la época de Reyes Heroles y se encuentra agotado.

Dicen que él iba a crear jaulas de oro para sus pajaritos multicolores. Y yo entiendo perfectamente bien la función de un secretario de Gobernación en el antiguo régimen, para darle oxigeno al antiguo régimen, lo cual también sirvió para airear al conjunto de la política nacional. Tenía para su momento una definición del poder correcta. ¿Pero eso es lo que necesitamos ahora? Yo creo que no. Necesitamos revisar como hacer que los partidos políticos garanticen una mejor y mayor representación de la gente.

Yo creo que, en efecto, el elemento que nos recuerda Mauricio Merino: no olvidar el federalismo como un componente central, la vida municipal. Además, son los ingredientes que esto debe tener. Es decir, haciendo eco del esquema gradualista que nos planteaba Ricardo, haciendo eco de que sí, en efecto, tenemos nosotros avances legales. Debemos decidir si es gradualismo o maximalismo enterrar lo que se murió, para poderle asegurar la vida de lo que nace, porque ya hace mucho tiempo que constatamos que lo que nace no termina de nacer, y lo que muere no termina de morir. Esta es la circunstancia que define el deterioro nacional de los últimos años y el fracaso de estas élites que ahora se autodenominan generación del bicentenario.

Yo sé que los mexicanos, y con esto termino, somos buenos para tres cosas: somos buenos para cambiar a destiempo; para cambiar por medio de revoluciones que nos recuerdan que hemos perdido mucho tiempo, y  para imponer gobiernos autoritarios y no seguir perdiendo el tiempo. Hoy tenemos la posibilidad de darle la vuelta a esa moneda. Ya no cambiar a destiempo y cambiar en el marco de la democracia, pero para lograrlo sí debemos apurarnos un poquito más.