Audiencias públicas para las reformas al sistema electoral y al régimen político
Participación ciudadana y
partidos políticos
¿Qué sistema de partidos políticos necesita México?
J. Alberto Aguilar Iñárritu
Senado de la República
Junio 20 2013
CONTEXTO
México
asiste hoy a múltiples manifestaciones del deterioro de su actual sistema de
partidos políticos. La ciudadanía le otorga a los partidos políticos las calificaciones
más bajas en su valoración perceptiva sobre actores, cuerpos e instituciones
públicos. Ella compara los grandes recursos fiscales que financian la operación
partidaria con los beneficios que recibe y el insatisfactorio saldo crece la
distancia entre los partidos y la esperanza de la gente.
A lo largo
de los últimos 30 años, el sistema de partidos vigente demostró ser eficaz para
desmontar el régimen de partido hegemónico, pero no para profundizar la
democracia en su práctica política interna, mucho menos en la vida política de
la nación, ni tampoco para ocuparse de normalizar una gobernabilidad democrática
de resultados, como la que requerimos. Contra toda expectativa deseable, a
partir del advenimiento de la alternancia, la aportación de los partidos
políticos a la actualización institucional y a la construcción de ciudadanía, ha sido tan
magra como su consolidación doctrinaria, programática y ética en el cumplimiento
de su misión constitucional como entidades de interés público obligadas a representar
a las diversas partes de la sociedad.
Los partidos
políticos han reducido su convocatoria a los procesos electorales, haciendo a
un lado su rol en el ejercicio democrático del poder y en esa proporción han
perdido facultad de inclusión, dañando al sistema. Baste recordar
que mientras la vigencia de un sistema político resulta de su potencial de
inclusión ante el conflicto social, -es decir de su solvencia para procesarlo a
través de soluciones institucionales-, su grado de caducidad deviene de su impermeabilidad
al mismo.
Cada
vez con mayor frecuencia el panorama político nacional se observa afectado por la paulatina propagación
de diversas islas antisistema que amenazan
su estabilidad. Unas se combaten desde su origen con mayor o menor éxito como
la delincuencia, pero otras no se atienden pese al riesgo político que implican
y a su grave impacto en el ya muy lastimado tejido social.
Estas últimas
resultan de la incapacidad de los partidos
políticos para representar causas ciudadanas y canalizar el conflicto por las
vías del maltrecho Estado de Derecho.
Por tan sólo
mencionar algunos ejemplos, es el caso de los movimientos rurales que demandan
atención de los partidos sin recibirla frente a conflictos con compañías
mineras, aquellos derivados de la tala de montes, de reivindicaciones de
pueblos indígenas o de comunidades afectadas por obras urbanas, de jóvenes sin
posibilidades de cumplir sus expectativas o de manifestaciones de inconformidad
de la clase media urbana, y que ante el vació partidario toman distancia y
tienden a girar hacia expresiones antisistema buscando cobijo y soluciones.
Es
claro que cuando el sistema de partidos abandona su papel en la gobernabilidad,
se convierte en otro de los grandes déficits que dañan la eficacia del ejercicio
democrático del poder. Se ahondan las debilidades del actual régimen de
gobierno, dividido, carente de reglas para formar mayorías estables y atrapado
en la inoperativa premisa de que el que
gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Un régimen de gobierno
refractario a su reforma, obligado a maniobrar bajo un pacto coyuntural, el Pacto por México, un pacto del
gobierno, no de cogobierno, saludable cuando no se tiene otra cosa, pero a la
larga insostenible, cuya operación también contribuye al deterioro del sistema
de partidos y al conflicto con el legislativo.
Adicionalmente,
el decaimiento que se observa en las oposiciones estimula la dominancia
electoral del partido que ganó la Presidencia de la República lo cual, -a
contrario sensu de las visiones hegemónicas-, también afecta la azolvada
permeabilidad del sistema al inducir un soterramiento mayor de la diversidad
política, que alimenta las islas
antisistema. Se propicia el riesgo de convertir al PRI en un representante
solitario del establishment de cara
al conflicto, en una suerte de indeseado retorno al superado momento pre Reyes
Heroles. Por otro lado la creciente
oligopolización del sistema ejemplificada en el artículo 28 del COFIPE,
violatorio de los artículos 6 y 9 constitucionales, que obliga a formar un
nuevo partido hasta enero de cada seis años, es otra faceta indeseable
incompatible con profundizar la democracia.
¿CUÁL ES EL MODELO DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE ESTABLECE LA
CONSTITUCIÓN MEXICANA?
El
artículo 41 constitucional, define a los partidos políticos como entidades de
interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sin embargo buena
parte de esta misión no se cumple.
Es
decir, la Constitución les otorga a los partidos políticos una estratégica
misión compuesta de dos funciones articuladas: una de carácter electoral y otra
relativa al ejercicio del poder que a su vez se divide también en dos partes:
una consistente en ser un gozne fundamental entre la demanda ciudadana y la
toma de decisiones del gobierno y otra responsable central de la educación
cívica y el robustecimiento de la cultura democrática, es decir de la
construcción de ciudadanía.
Resulta
evidente que se cumple la primera parte, pero la segunda no y a nuestro juicio
ahí radica en origen del mencionado deterioro del sistema de partidos, toda vez
que el abandono en el desempeño de sus funciones relativas al ejercicio del
poder, no sólo pervierte los principios de su diseño constitucional, sino que
desfonda su consistencia y sentido de cuerpo, así como su credibilidad ante la
gente.
Su
propensión a convertirse en maquinarias electorales les hace perder
diferenciación, orgullo y dignidad, porque la lucha por hacer valer principios
y programas en el comando de la nación, cede su sitio a la lucha de poder por
el poder mismo, propiciando lances sólo
favorables a la discrecionalidad de los intereses individuales o de grupo,
no así a sus militantes y menos a sus representados.
Es por
eso que las denominadas actividades específicas,
relativas a la elaboración y debate doctrinario, programático y ético del
partido, así como la formación de cuadros, normalmente adquieren un carácter
residual, cuando no simulado, entre los quehaceres partidarios. Más aún las
tareas relativas a la formación de ciudadanía son prácticamente imposibles de
realizar si no se cuenta con un estándar
adecuado de desarrollo partidario en estas materias y se llevan su conclusiones
al proselitismo y al debate de las causas y agendas ciudadanas, no sólo en
proceso electoral, sino todo el tiempo y en todo lugar.
¿QUÉ HACER PARA TENER UN SISTEMA DE PARTIDOS ACORDE CON EL
DISEÑO CONSTITUCIONAL?
Construido
de arriba hacia abajo a partir de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y
Procesos Electorales, el sistema de partidos sucumbió en la alternancia ante
los apetitos de sus dirigencias y grupos internos de poder. Se convirtió en un
poder franquiciatario que ha llegado
a producir verdaderas cofradías
adineradas que han enfatizado el pragmatismo electoral y la negociación con los
fortalecidos poderes fácticos, usufructuarios de la debilidad de la República,
antes que la representación de las causas ciudadanas cuya presencia se volvió
coyuntural; un mero asunto de marketing electoral.
Así, mientras
la política irrespetaba principios éticos e ideológicos y se hacía un negocio
cada vez más costoso, el sistema de partidos tendió a representar las causas
del poder, de sus grupos internos y de sus negociaciones con los grupos
externos, antes que a la gente. Desdibujados sus perfiles ideológicos y
programáticos, se perdió diferenciación entre sus integrantes. En medio de una
apresurada carrera hacia ocupar el centro, deducir ¿qué parte de la sociedad
cada partido representa?, se convirtió en un vano ejercicio adivinatorio que
poco le importa a la gente que los critica por igual.
Hoy
que asistimos al nacimiento de nuevos partidos políticos que logran romper la
inconstitucional barrera oligopólica que limita su creación a enero de cada
seis años, después de un tan tortuoso como artificial requisito de asambleas,
la pregunta es, ¿se refuerza la capacidad incluyente del sistema ante la
conflicto diverso?
La
respuesta es no, se requiere una acción normativa deliberada que enfatice su
misión constitucional de crear ciudadanía y cultura democrática. Democratice y
transparente su vida interna, le otorgue certeza e imparcialidad jurídica y
obligue a la formación de sus propios cuadros, ideológica y programáticamente,
a partir del debate cotidiano de las agendas de la gente y de interactuar con
ellas 365 días, no sólo en período electoral. Sólo el debate cotidiano de
causas ciudadanas acercará la política a la sociedad y creará un compromiso
programático exigible.
Por
eso, corregir la inoperatividad partidaria es una prioridad a satisfacer antes
que la entropía del sistema ponga en serio riesgo la vigencia de nuestra
democracia. Si los forzosos ajustes al
marco normativo se realizan actuando sobre el Libro Segundo del COFIPE o
elaborando una nueva Ley de Partidos, es una cuestión importante desde el punto
de vista de la coherencia jurídica, pero desde la perspectiva de este
razonamiento resulta irrelevante, lo inaplazable es reformar el sistema de
partidos vigente; otra de las imprescindibles tareas postergadas para
fortalecer la democracia mexicana.
Hoy,
de cara a un nuevo ejercicio de reforma política, resurge la interrogante: ¿qué
sistema de partidos queremos? Una respuesta objetiva y alcanzable es: el que
ordena la Constitución, pero ¿qué hacer para lograrlo?
En
materia de partidos mucho se ha escrito y con razón, respecto de fortalecer la
democracia y la certeza jurídica de su vida interna, no así lo suficiente con
relación a desarrollar los componentes doctrinarios, programáticos y éticos de
la misma, así como analizar el rol del Instituto Federal Electoral, (IFE), en
ese proceso, para exigir que se ponga énfasis en ello.
Todo
partido político es un gobierno en ciernes, es una propuesta ideológica, una
conducta pública, una oferta programática y una expectativa de resolución
positiva de las causas de al menos un sector de la sociedad. Por ello es un
despropósito constatar en México la insuficiencia de esos elementos en el
devenir partidario, resultado del excesivo pragmatismo electoral dominante.
Comparado
con países como Alemania, donde se reserva el 20%, resulta muy poco "...destinar anualmente por lo menos el
dos por ciento del financiamiento público (...) para el desarrollo de las
actividades específicas", que son las referidas a la elaboración
ideológica-programática, para todavía encontrar en ello una buena dosis
simulación. Al igual que destinar
anualmente otro "...dos por ciento
del financiamiento público ordinario para
la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres"[1].
Lo anterior, pese a que el artículo 41 constitucional,
numeral II, inciso c), mandata que "el
financiamiento público por actividades especificas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias".
Adicionalmente,
el artículo 105 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales,
(COFIPE), establece que son fines del IFE "Preservar el fortalecimiento
del régimen de partidos políticos; Contribuir al desarrollo de la vida
democrática; Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de
la educación cívica y la cultura democrática".
Es
decir, le ordena al IFE desarrollar tres propósitos de carácter ideológico,
programático y ético, de ocho en total, altamente correlacionados, que
representan el 37.5 % de sus prioridades asignadas y complementan el otro 37.5%
relativo a la organización electoral. El 25% restante, por una parte ordena
asegurar el cumplimiento de los derechos y las obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y, por otra, establece la administración
única de los tiempos oficiales de radio y televisión reservados para la
materia.
Es
decir, la mitad del 75 % de las funciones ordenadas al IFE están dirigidas a desarrollar
el régimen de partidos políticos, la educación cívica y la cultura democrática
del país. Aspectos estos tres, que también guardan una alta correlación entre
sí y con el mandato del artículo 41 constitucional ya referido.
Sin
embargo, para hacer cumplir estos propósitos las atribuciones del IFE son muy
limitadas, en especial respecto de fomentar el sistema de partidos políticos,
toda vez que el artículo 38 del COFIPE no obliga a los partidos políticos a
desenvolver el debate, ni la capacitación y la producción ideológica y
programática interna, a menos que en un exceso minimalista se consideren
quehaceres suficientes para satisfacer lo anterior, los siguientes:
·
"Editar por lo menos una publicación trimestral de
divulgación, y otra semestral de carácter teórico";
·
"Sostener, por lo menos, un centro de
formación política"; y
·
Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que
participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de
radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en
la elección de que se trate[2].
Es
decir, malamente el IFE tiene fines que carecen de instrumentos específicos
para su desempeño. Desarrollar la propuesta, el compromiso con las causas de la
ciudadanía y la consistencia ética e ideológica en su vida interna, constituyen
ejes centrales para el fomento de sistema de partidos. La esencia de la
democracia es la participación ciudadana, misma que nace del debate de sus
causas, una tarea fundamental, insuficientemente practicada, que la
Constitución encarga a los partidos políticos y que el IFE no puede vigilar.
Las
deficiencias en este campo se traducen en una cada vez menor preparación de los
cuadros políticos y por ende de los futuros mandos y representantes electos, cuyas
calificaciones políticas y profesionales tienden a caer, así como en la falta
de correlato entre partidos, causas ciudadanas y consignas de rumbo, lo cual
conforma la base del alarmante alejamiento ciudadano de la política, que
trabaja en contra de "Preservar el
fortalecimiento del régimen de partidos políticos" y consigna la una
causa central de la baja calidad de la política mexicana.
LA DEMOCRACIA, EI IFE Y LA EDUCACIÓN CÍVICA
Como se estableció
líneas arriba, los partidos políticos está obligados por el artículo 41
constitucional a ser entidades educativas en materia de construcción de
ciudadanía y de formación y capacitación de sus militantes y agremiados. El IFE
también está obligado a cumplir un papel muy relevante tanto en materia de
educación cívica y cultura democrática,
como en la preservación y fortalecimiento del régimen de partidos,
aspectos estos dos altamente correlacionados, como ya se ha planteado.
Ambas
instituciones constituyen un formidable aparato para alcanzar los fines antes
expuestos y lograr así elevar la calidad de la democracia mexicana, pero
desafortunadamente o no se emplea en estas tareas o su aplicación, en la
práctica, resulta del todo insuficiente.
Respecto del IFE, aunque
la institución despliega un importante trabajo en este campo, su impacto es
limitado y concentrado en dos aspectos: difusión de valores cívicos y
democráticos y enseñanza del proceso electoral.
El IFE ha desarrollado
instrumentos institucionales serios para realizar esta misión educativa, tales
como el Programa Estratégico de Educación
Cívica 2005-2010 y la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la
Cultura Política Democrática en México 2011-2015, por ejemplo. Sin embargo su operación es demasiado formal, incluso
administrativista, cuando no meramente académica. Pierde de vista que la mejor
escuela para la educación cívica y la cultura democrática es el debate
cotidiano de las causas de la propia gente a quienes se destinan estos
programas. Es decir, en el debate de sus propias agendas la gente se convierte
en actor de la democracia, un asunto donde resulta estratégico garantizar la
participación, - no sólo en período electoral, sino en el día con día-, de los partidos políticos, que así cumplen un
mandato constitucional.
Esa es la forma
adecuada de estimular la comprensión ciudadana sobre el fin de la democracia
electoral, es decir: resolver democráticamente el ejercicio del poder y no sólo
garantizar elecciones libres, ciertas y equitativas.
El objetivo es elevar
la calidad de la democracia a partir de propiciar el debate plural de los
grandes temas sobre el sesgo mercadológico que actualmente tiene nuestra vida político-electoral,
así como agilizar en el sistema de partidos políticos en su calidad de gozne de
la sociedad con la toma de decisiones de los poderes públicos, en particular de
los ejecutivos y de los legislativos.
Para alcanzar este
objetivo, es necesario actuar sobre el sistema de partidos políticos en cinco
aspectos:
·
Garantizar la
cercanía permanente con la sociedad, no sólo en período electoral, para
asegurar la fluida trasmisión de la demanda social hacia la representación
partidaria en los poderes públicos y garantizar el cumplimento de las
plataformas electorales sancionadas por el voto, así como la frecuente
renovación de compromisos con sus electores;
·
Asegurar la
formación continua de la militancia para servir mejor a la ciudadanía en el
desempeño de sus funciones representativas de la voluntad de los electores;
·
Estimular el
desarrollo permanente y de altura del discurso propio ante el acontecer
político, como plataforma para su participación constante en el debate plural
de la sociedad, donde se muestren claramente diferencias y coincidencias y se
colabore a la evolución de la cultura política nacional;
·
Cumplir las tareas
de construcción de ciudadanía a través del impulso a la educación democrática
de la sociedad por medio del diálogo constante con ella, no sólo en período
electoral, sobre temas del debate
nacional, local y global;
·
Propiciar en los
partidos políticos el desarrollo de una robusta vida democrática interna, donde
los principios de transparencia y rendición de cuentas se articulen con el
respeto y aplicación correcta de sus documentos básicos y el pleno ejercicio de
los derechos políticos de sus militantes consagrados en la Constitución.
Para ello es menester que el IFE y los partidos políticos mantengan una
relación más proactiva, que sin vulnerar la necesaria independencia de sus
respectivas funciones, se asegure el irrestricto acatamiento de la norma. Se trata
de actuar con mayor eficacia en los propósitos aquí señalados para fortalecer
la construcción de ciudadanía a través de una educación que enfatice los
componentes del ejercicio del poder en la democracia y de avanzar, en el caso
del IFE, en el cumplimiento del precepto 1b) del artículo 105 del COFIPE
destinado a "Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos
políticos" .
Como antes se expresó, Todo sistema por definición convive con su
antisistema, una suerte de entropía que condiciona su vigencia y cuya fuerza
depende de la capacidad de inclusión o de la debilidad excluyente del primero.
En una democracia como la mexicana los partidos políticos están
obligados ser una detente principal de la entropía del sistema. En la medida en
que sean capaces de realizar una firme trasmisión de los intereses de esa parte
de ciudadanía que cada uno representa, ese propósito se podrá alcanzar.
Estamos en la fase de renovar para fortalecer nuevas instituciones
creadas: el sistema de partidos políticos y las autoridades electorales. No
lograrlo sería abrir la puerta al fortalecimiento de otras opciones políticas
distintas al compromiso democrático que nos anima para continuar en la
consolidación de la transición a la democracia.
PROPUESTA DE
REFORMA AL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS VIGENTE
I.
Incorporar en el
artículo 38 del COFIPE la obligatoriedad a los partidos políticos de participar
al menos una vez al mes, en debates entre partidos políticos, ciudadanos y
especialistas, sobre las agendas de la propia ciudadanía en cada distrito,
municipio o estado.
II.
Incorporar en el
artículo 105 del COFIPE, la obligación del IFE de organizar al menos con una
regularidad mensual, debates entre partidos políticos, ciudadanos y
especialistas, sobre las agendas de la propia ciudadanía en cada distrito,
municipio o estado, que el propio IFE deberá integrar.
III.
Incrementar a 10%
la proporción del financiamiento ordinario que se asignan a actividades específicas,
modificando en consecuencia el artículo 41 constitucional y el 78 del COFIPE.
IV.
Reformar los
artículos 38 y 105 del COFIPE, para hacer obligatoria la evaluación del
desempeño partidario en materia de desarrollo doctrinario, programático y de
formación de cuadros, así como la consecuente fiscalización del IFE en la materia.
V.
Reformar el
artículo 28, inciso 1 del COFIPE en el aspecto relativo a notificar al IFE en
enero del año siguiente a la elección presidencial el interés de constituir un
partido político, para al menos reducir ese tiempo a tres años o quitar todo requisito
de temporalidad en el aviso al IFE.
Muchas Gracias
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