Universidad Nacional Autónoma de México
La Facultad de Derecho y El Colegio de
Profesores-Investigadores con Actividades
Formales en Universidades Extranjeras de
Excelencia A. C.
El Cuarto Pacto de Poder
J. Alberto Aguilar Iñárritu
Colaboración para el libro:
“Constitucionalizar es Democratizar”
Editorial Porrúa/Facultad de Derecho,
UNAM/COPUEX
Noviembre
20, 2010
Planteamiento de
la Cuestión
¿Constitucionalizar es democratizar?, es la
pregunta con la que el Colegio de
Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades
Extranjeras de Excelencia, A.C. (COMPUEX), nos convoca a reflexionar en este nuevo ensayo que forma parte del
séptimo libro de su serie Monitor Democrático. A mi juicio la respuesta a la
pregunta propuesta se debe elaborar a partir de responder tres consideraciones:
·
¿Todo
ejercicio constitucional es necesariamente democrático o, en su caso, que requisitos
debe cumplir para ser así calificado?;
·
¿Que tan
eficaz es constitucionalizar para democratizar?; y
·
¿Cómo
constitucionalizar para democratizar, qué se requiere?
Primera
consideración
Con relación a la primera parte de la
consideración: ¿Todo ejercicio constitucional es necesariamente democrático? la
respuesta es no. No desde una visión histórica que rememore ejercicios
constitucionales previos al constitucionalismo moderno heredero de la
Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No si nos referimos a muchas de
las constituciones liberales del siglo XIX que no permitían el sufragio
universal. No, desde luego, respecto de los ejercicios constitucionales
fascistas que irrumpieron la vida de occidente a lo largo del siglo pasado y
cuyos epígonos todavía amenazan por ahí. Ni tampoco, claro está, con relación a
las constituciones que rigen la vida de los
muchos regimenes de gobierno autoritarios hoy vigentes.
En consecuencia, para contestar la segunda
parte de la pregunta en cuestión: ¿o, en su caso, que requisitos debe cumplir
para ser así calificado?, es necesario constreñir la respuesta al ámbito de
aquellos ejercicios constitucionales que, por sus características, pueden
guardar una clara empatía con la democracia, no obstante surgir de dos procesos
distintos, uno, el constitucional, relativo a la tutela de la libertad del
individuo mediante el control del poder y otro, el democrático, referente a
garantizar la igualdad del individuo para participar en la conformación de las
decisiones políticas que lo condicionarán como destinatario y miembro
integrante de la soberanía popular.
Más aún, se debe reducir el ámbito de la
respuesta a aquellos ejercicios constitucionales que incorporan en los derechos
fundamentales a los derechos sociales, no solo como un acto de justicia, sino también
como la posibilidad real de la democracia. La democracia es una forma de
gobierno que no puede funcionar a plenitud si únicamente se garantizan los
derechos liberales de los ciudadanos, requiere extender esa tutela a los
derechos sociales porque en ellos reside la posibilidad de contar con
ciudadanos realmente libres de deliberar, decidir y elegir.
Lo anterior sólo es posible a partir de asegurar
un nivel mínimo aceptable de educación, salud y subsistencia a todos los
ciudadanos; de otra manera la democracia queda condenada a ser de baja calidad,
tan baja como la libertad real que puede disfrutar una ciudadanía carente de
esos mínimos de igualdad. En consecuencia, una democracia que no cumple con
estos requisitos, tiende a instaurar una igualdad ciudadana aparente; una
simulación de la igualdad a la que está obligada y, en el tiempo, a restringir
su eficacia de gobierno y su capacidad de inclusión social.
Es decir, toda acción de constitucionalizar que
no contemple entre sus propósitos la salvaguarda, incluso ampliación de los derechos de igualdad para elegir,
representar, deliberar, decidir, junto con los derechos de libertad personal, de opinión, de reunión, de
asociación, -las cuatro libertades de los modernos diría Bobbio[1]-, así
como los derechos de sociales de
educación, trabajo, salud, alimentación, ocio creador, en fin de equidad de
oportunidades entre otros, no puede ser analizada en sus posibilidades democratizadoras
porque carece de ellas.
Tampoco ninguna intensión de constitucionalizar
que no tenga por objeto garantizar, con base en la división del poder, que los
límites de sus estructuras devengan del respeto irrestricto a esos derechos
fundamentales y su misión y la medida de su eficacia sean transparentes y
controlables por la ciudadanía, puede juzgarse desde una perspectiva
democratizadora.
Y menos aún, ningún quehacer para
constitucionalizar que no se proponga asegurar las reglas del juego democrático[2] o la
denominadas seis condiciones que requiere la democracia para funcionar definidas
por Norberto Bobbio, a saber:
i.
Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la
mayoría de edad, sin distinción de raza, de religión, de condición económica o
de sexo, deben disfrutar de los derechos políticos, es decir, que cada uno debe
disfrutar del derecho a expresar la
propia opinión o de elegir a quien la exprese por él;
ii.
El voto de todos los ciudadanos debe tener igual peso;
iii.
Todos aquellos que disfrutan de los derechos
políticos deben ser libres de poder votar según la propia opinión formada
lo más libremente que sea posible, es decir, en una competencia libre entre
los grupos políticos organizados en competencia entre ellos;
iv.
Tienen que ser libres en el sentido de que deben encontrarse en condiciones de elegir
entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas
distintos y alternativos;
v.
Tanto para las elecciones como para las
decisiones colectivas debe valer la
regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere elegido al
candidato o se considere válida la decisión que obtenga el mayor número de
votos;
vi.
Ninguna
decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría,
particularmente el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de
condiciones.
En especial esta última que, en palabras de
Bovero, es “(…) una limitación del propio
poder de la mayoría y, por tanto, significa la posibilidad de “salvaguarda o
supervivencia” de la misma[3].
En síntesis, no cualquier acción de
constitucionalizar puede considerarse con posibilidades para democratizar y las
que pueden analizarse en los términos de la pregunta que nos convoca deben
atender a garantizar o mejorar al menos una de las precondiciones y condiciones
antes mencionadas.
En consecuencia, constitucionalizar para
democratizar es una acción o conjunto de acciones jurídicas y políticas que en
primer lugar forman parte de un tipo de constitución: la constitución del constitucionalismo y que, en segundo lugar, se
ubican por fuerza en el ámbito de la democracia
constitucional. Es decir, son aquellos actos constitucionales capaces de
vertebrar libertad con igualdad en un ejercicio de mutuo soporte, para dar
lugar a una edificación compleja cuyas tensiones y característica expone en
forma amplia y precisa Pedro Salazar Ugarte en un excelente libro denominado La
Democracia Constitucional. Un trabajo que arroja luces sobre uno de los
problemas implícitos en la reflexión que nos ocupa: las posibilidades y dificultades de la reforma constitucional.
Pedro Salazar define que (…) el máximo problema del constitucionalismo democrático es encontrar
la manera de tutelar los derechos fundamentales sin reducir a la banalidad la
soberanía popular. La tensión es contundente: salvaguardar la constitución
implica limitar la autonomía política; apostar seriamente por la democracia
supone reconocer que la autodeterminación ciudadana puede arrasar con el
documento constitucional (incluso cuando esto implique desfondarse a sí misma).
Todo indica que no hemos logrado escapar del acertijo hobbsiano: ¿Quién sino el
que impone los límites, es el verdadero soberano?[4]
Y afirma que (…) la democracia constitucional sólo existe cuando se materializan,
entre otros, los siguientes elementos: a) un verdadero sufragio universal que
implica la exclusión de toda discriminación por motivos de sexo, raza,
religión, etc., b) el reconocimiento de (al menos algunos) derechos sociales
como derechos fundamentales de rango constitucional, c) la plena
constitucionalización del ordenamiento jurídico que conlleva la existencia de
(algún tipo de) mecanismos de control de constitucionalidad[5].
En consecuencia, en la medida en que la
Constitución de México se ubica dentro del constitucionalismo democrático, las
acciones constitucionalizar para democratizar que se realice atendiendo y
respetando sus características intrínsecas y fundamentales, podrán ser
analizadas desde su potencial para hacer avanzar o no a la democracia, siempre
y cuando atiendan a desarrollar alguno o varios de los factores antes expuestos.
Segunda
consideración
Respecto a la segunda consideración planteada: ¿que
tan eficaz es constitucionalizar para democratizar?, obligadamente la respuesta
debe ser elaborada desde la perspectiva de la eficacia jurídica de la ley,
finalmente desde el grado de fortaleza o debilidad institucional del Estado
para hacer cumplir la ley.
Establecer la eficacia jurídica de la Ley implica
constatar la materialización de las consecuencias que genera la conducta que
cumple con los preceptos de la hipótesis normativa, tal y como se establece en
la sanción, por lo que toda ineficacia significa algún grado de negación de la
norma y con ello de la certeza del sistema de justicia; de su veracidad y
confiabilidad institucional. En este sentido, el nivel ineficacia jurídica de la
Ley determina el grado de fortaleza o debilidad del Estado de derecho.
El incumplimiento de las consecuencias
establecidas en la norma pueden ser de dos tipos: funcionales o estructurales,
las primeras se relacionan con problemas de organización o debilidades de la
misma, y las segundas con la presencia de formas de poder arcaicas integradas al
Estado moderno en forma de usos y
costumbres[6].
El significado de la Ley en la cultura mexicana,
se ha macerado al influjo de una larga historia[7] de
fueros y privilegios; de formas autoritarias que han incubado usos y costumbres
añejas que se han entrelazado con lo moderno en la edificación del Estado de
derecho. En nuestro país la aplicación de la Ley se ha llegado a asociar con el
trato que se debe dar a los enemigos, mientras que para los amigos se reserva justicia y gracia.
En la sociedad mexicana priva una perversa y
premoderna percepción, que tiende a otorgar a la Ley un carácter de mero
referente para negociar la sanción del delito, al menos para aquellos actores o
estamentos capaces de acceder a los ámbitos
o recámaras paralelas que se supone acompañan a todos los niveles del sistema
de justicia y donde realmente se resuelven los asuntos.
De ahí que en la convicción social prive la
idea de que siempre hay manera de arreglar cualquier propósito o despropósito si
se cuenta con los recursos sociales, económicos y políticos necesarios para
ello, en el entendido que los responsables de aplicar la Ley cuentan a su favor
con una especie de franquicia de privilegios que se espera usen en su beneficio,
lo cual permite, si se puede pagar el precio, acceder a la trágica gracia de la
impunidad.
La impunidad a su vez puede ser el resultado de
fallas en el sistema de justicia, en cuyo caso su naturaleza sería funcional, o
puede ser la consecuencia de una forma de organización social y entonces su
naturaleza sería estructural. En cualquier caso, la impunidad es siempre uno de
los motores de la corrupción, además de aquellos asentados en el subdesarrollo
social y moral, y es invariablemente un problema que le corresponde solucionar
al Estado. A su vez, la corrupción define la escala que mide la eficacia
jurídica de la Ley, motivo de esta reflexión, con base en su grado de
generalización y profundidad; una escala donde a la impunidad le corresponde jugar
el papel del mercurio en un termómetro.
Cuando la corrupción se generaliza, penetra los
poros de la vida social y no puede explicarse solamente como una falla del
sistema de justicia, sino como el resultado de una forma de organización de las
relaciones de poder, generalmente autoritaria, uno de cuyos fundamentos de
dominación, radica precisamente en el comercio discrecional de privilegios, a
diferencia de una forma democrática y constitucionalista que garantiza la universalizalidad
de los derechos y las obligaciones para todos los individuos en la tutela de la
libertad y de la igualdad.
Es decir, en un régimen de privilegios, la
corrupción y su motor, la impunidad, se convierten en un medio para progresar y
muchas veces simplemente para acceder a lo esencial. El que no transa no avanza, dice la conseja popular. La corrupción y
su posibilidad, la impunidad, permiten la exacción extra legal de rentas
sociales que le otorgan funcionalidad al sistema autoritario, soportado en el
beneficio oscuro de una larga cadena de tomadores de decisión.
El régimen de la Revolución, colapsado en 1982,
tuvo en el clientelismo uno de sus soportes fundamentales de gobernabilidad,
una relación social que prevalece hasta nuestros días y que rivaliza en el
espacio público con la ineludible aunque incipiente ciudadanización de las
relaciones entre gobernantes y gobernados. En el clientelismo anidan la
corrupción y la impunidad, si la gobernabilidad se hace descansar en esa
práctica, será el sistema quien induzca la generalización y profundidad de las
primeras. Para evitarlo, el antídoto es universalizar los derechos y
ciudadanizar la vida pública; una tarea imprescindible para progresar por los
causes del Estado de derecho y avanzar hacia la modernización democrática del
poder.
Desafortunadamente la joven democracia mexicana
no ha logrado rebasar su faceta inicial de soberanía del voto y posibilidad de
alternancia y pasar al cambio de estructuras que permitan avanzar más rápido en
materia de gobernabilidad democrática, de la cual como ya se ha dicho, la construcción
de ciudadanía es una pieza clave. Por el contrario, la problemática del ejercicio
democrático del poder y desde luego el necesario robustecimiento institucional del
mismo, se ha dejado a los vaivenes de un largo debate hasta ahora sin
consecuencias prácticas. Mientras tanto, los poderes fácticos legales e
ilegales avanzan y copan importantes espacios de soberanía; la eficacia del
Estado se debilita y en cada vez más áreas, incumple su función.
Muestra de lo anterior es el agotamiento
institucional no resuelto en cuestiones tales como régimen de gobierno, fiscal
y seguridad, cuyo deterioro ha encendido las alertas y llevado la discusión
pública a las fronteras del Estado fallido. En ese mismo tono se ubica también
la evaluación de resultados en materia de políticas públicas, donde se
multiplican los focos rojos en asuntos fundamentales como educación, empleo, fomento
industrial, crecimiento económico y ciencia y tecnología, relaciones
internacionales, entre otros[8].
En síntesis, no es fácil en las actuales
circunstancias de debilidad institucional de la joven democracia mexicana llegar
al acuerdo, producir la norma y garantizar su cumplimiento. Se puede arribar a
un cierto consenso en el diagnóstico, incluso en aproximarse a un diseño
institucional específico, pero al momento de llevarlo a la norma, las
contradicciones de un régimen de gobierno que no está hecho para el concierto afloran
y tienden a empantanar el proceso. Adicionalmente, los altos niveles de ineficacia
jurídica de la Ley existentes, complican que la norma como sistema sea capaz de
verter sus consecuencias en la realidad, por lo cual la eficacia de
constitucionalizar para democratizar tiende a ser baja.
Incrementar su eficacia exige de manera
fundamental, renovar el vigor de la vida pública a través de devolver a la
política su utilidad y capacidad para resolver las grandes causas del interés
general, es decir restituir la fortaleza de la República impulsando un nuevo
pacto de poder de la actual diversidad mexicana; un pacto mayoritario de
minorías activas, que cohesione un bloque mayoritario de gobierno con capacidad
para construir la norma y asegurar su cumplimento; un capítulo no resuelto en
esta muy dilatada transición mexicana a la democracia.
Sin embargo en México, junto a la desconfianza
generalizada en el sistema de justicia, sin hacerse muchas preguntas sobre su
eficacia, convive una confianza cuasi mágica en el poder de constitucionalizar.
Una confianza que se afirma en la concepción dominante de la Constitución como
proyecto, donde toda adición o modificación normativa, significa dejar una especie
de marca pétrea en la organicidad de
la nación que testifique un compromiso con el advenimiento de la nueva realidad
deseada. Lo anterior explica buena parte de los múltiples añadidos y cambios
constitucionales realizados en concordancia con nuestros usos y costumbres, a
diferencia de la tradición constitucionalista en otras culturas, como la de
nuestros vecinos inmediatos en América del Norte.
Por ello la respuesta a la pregunta: ¿que tan
eficaz es constitucionalizar para democratizar?, tiene que ser respondida a
partir del cedazo de la ineficacia de la Ley en México, considerada como
sistema, pero también de la enorme confianza que la cultura nacional le otorga
a la Constitución como forma superior de la esperanza y comprender que al final
el éxito de la oportunidad de cambio institucional que esa propuesta representa,
está en función de la voluntad política que las fuerzas proponentes logren desatar.
Tercera
consideración
Con relación a la tercera consideración, ¿cómo
constitucionalizar para democratizar, qué se requiere?, nuestro país, en estos
momentos, constituye un caso emblemático del análisis. Del arribo de la alternancia a la fecha,
entre otros ha habido dos debates políticos que se destacan por su fondo, uno ha
sido acerca de la idoneidad de nuestras instituciones políticas para resolver
los retos que presenta la consolidación de la democracia en México, se le ha
denominado Reforma del Estado y el otro ha sido la necesidad de construir un
nuevo sistema fiscal, que en su momento se llamó Nueva Convención Nacional
Hacendaria y de Contribuyentes.
En ambos debates se discuten asuntos de la
mayor importancia para el funcionamiento de la democracia. En el primero, un
eje central del mismo lo ha constituido la necesidad de mejorar las
posibilidades del régimen político para resolver la ecuación
presidencialismo-multipartidismo y así estar en capacidad de generar mayorías
estables que soporten la gobernabilidad de la democracia sin afectar la
pluralidad alcanzada.
Entre otros temas relevantes, han sido
recurrentes también los relativos a incorporar mecanismos de democracia
directa, fortalecer el control ciudadano sobre la representación legislativa y
mejorar su funcionamiento, dar autonomía al ministerio público y modernizar al
poder judicial, al federalismo, ampliar las garantías sociales y poner al día el
eterno tema electoral, además de impulsar una ley de partidos políticos que los
modernice en términos de garantizar la representatividad ciudadana y abata su
actual sentido de franquicias propiedad de sus cúpulas.
En el segundo, el eje ha sido la revisión integral
del sistema fiscal, ingreso-gasto para financiar de manera sana, es decir con
suficiente recaudación de impuestos y sin depender del petróleo, las
necesidades de un nuevo esquema presupuestal que permita resolver la enorme
desigualdad social y regional del país, así como contar con una activa política
pública de fomento para mejorar el modelo económico vigente, particularmente en
materia de crecimiento, empleo, competividad, en fin, de desarrollo. Se trata
desde luego, de liberar al presupuesto de sus atávicas inercias, al tiempo que
hacer transparente y eficiente su ejercicio por parte del poder ejecutivo
federal y local.
Ambos debates han sido objeto de varios
ejercicios de la mayor envergadura desde el punto de vista ciudadano, técnico,
político y legislativo, que han dado como resultado diagnósticos sólidos de la
situación, además de un cuantioso número de propuestas de solución, donde
resaltan muchas por su viabilidad y sensatez. Han sido incluso motivo de
múltiples iniciativas de ley que duermen el sueño de los justos en las
invernales cavernas de la célebre congeladora legislativa.
Incluso se han diseñado foros apropiados, del
más alto nivel, para avanzar en la modernización de estas materias, es el caso
de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado que coordinó el actual
diputado Porfirio Muñoz Ledo entre 2000 y 2001; es también el caso de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del
2007, generada por la Ley para la Reforma del Estado, expedida por el Senado;
es también el caso de la Convención Nacional Hacendaria que se firmó en febrero
de 2004 en Querétaro auspiciada por la CONAGO, con la participación del
legislativo y del gobierno federales
En el ejercicio de Reforma del Estado que
implementó el Senado en 2007, por
ejemplo, se trabajó para lograr acuerdos legislativos transformadores en cinco
grandes rubros de reforma: electoral, régimen político y de gobierno,
federalismo, poder judicial y garantías sociales, se generaron casi 6000
propuestas, mismas que fueron clasificadas con base en su idoneidad respecto
del diagnóstico con mayor consenso, de su viabilidad legislativa, definida por
el número de fuerzas políticas que la proponían, y de acuerdo con la mayor
frecuencia en que aparecieron en las propuestas.
Sin duda fue un ejercicio rico y productivo,
sin embargo al final de todo ese trabajo sólo se pudo avanzar en la
acostumbrada reforma electoral. Los demás temas fueron desatendidos y la
estructura creada para tal fin, fue desmantelada en medio de los embates
destructivos de las fuerzas políticas que quedaron a su cargo.
Lo paradójico es que ese ejercicio
político-legislativo se agotó en medio de los embates de las fuerzas políticas,
al momento de legislar sobre el tema de régimen de estado y de gobierno,
justamente aquello que se consideró y lo sigue siendo el problema más urgente a
resolver para garantizar la gobernabilidad de la democracia y con ello el
destino de la nación carente de proyecto.
Algunos analistas han calculado que si las
propuestas mejor calificadas de estos trabajos, se hubieran plasmado en la
Constitución, esta se hubiese reformado en más de 80 de sus 136 artículos, con
lo cual en la práctica se estaría ante el supuesto de contar con una nueva
constitución. Pero todo volvió a quedar en los anaqueles de la impermeabilidad
al cambio.
Recientemente ha habido ejercicio auspiciados
por organismos civiles, como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias[9],
donde, con la participación de un grupo plural de expertos, se hizo una
evaluación de la gran mayoría de las propuestas de reforma política presentadas
entre 2009 y 2010. Las mejor calificadas fueron:
·
La
propuesta del PRI en el Senado para la conformación de la
Cámara de Diputados y de Senadores;
·
Las propuestas del Ejecutivo
Federal para la elección consecutiva de legisladores federales y locales y de
autoridades locales, así como para
candidaturas independientes;
·
La propuesta de PRI en el Senado
relativa a la ratificación de los miembros del gabinete;
·
Las posiciones del Ejecutivo
Federal respecto de la remoción de los miembros del gabinete;
·
La iniciativa presidencial preferente para reformas constitucionales,
pero dejando sin efecto la propuesta inicial del Ejecutivo, de utilizar el
referéndum popular para modificar la Constitución;
·
La iniciativa ciudadana;
·
El porcentaje mínimo de votación
para mantener el registro como partido político;
·
La propuesta de consulta popular, referéndum y plebiscito, presentados
por el PRI en el Senado;
·
La posición del PRI en el Senado,
del DIA y del PVEM, con relación a la
segunda vuelta en la elección presidencial;
·
Las propuestas de PRI en el Senado
respecto de la suplencia en caso de falta del titular del Poder Ejecutivo;
·
La propuesta relativa al fomento
del trabajo en las comisiones legislativas;
·
La posición del Ejecutivo Federal
y de PRI en el Senado, relativas a la revocación de mandato; y finalmente;
·
Las propuestas de juicio político y de autonomía del Ministerio Público,
hechas por el PRI en el Senado.
Mediante ese trabajo se volvió a poner de
manifiesto que desde una perspectiva técnica es perfectamente posible llegar a
acuerdos de modernización constitucional en materia de régimen de estado y de
gobierno, es decir, se demostró otra vez que desde ese ámbito de la
racionalidad contamos con todas las condiciones que requiere constitucionalizar
para democratizar.
En el caso de la reforma fiscal el caso es muy
parecido, actualmente la discusión circula en torno a las mismas columnas del
debate acordado en 2004, en Juriquilla, Querétaro, en materia de gasto, de
ingreso, de deuda, de patrimonio, de eficiencia, eficacia y justicia
recaudatoria entre otros, pero los avances son tan nulos, como las
modificaciones constitucionales que en ocasión de las propuestas presentadas se
formulaban.
Aspectos tales como crear un capítulo económico
de la Constitución, la obligatoriedad de utilizar la deuda pública sólo para el
desarrollo o el otorgamiento de facultades explicitas a los estados, entre
otros temas, han quedado en el tintero; es también una reforma viva detenida
por la incapacidad transformadora de nuestra política.
Es decir, la tercera consideración: ¿cómo
constitucionalizar para democratizar, qué se requiere? conduce a realizar cuatro
observaciones:
·
En primer
término asumir que toda modificación de la Constitución, es objeto de la
confrontación o tensión, que trata muy bien en el texto referido de Pedro
Salazar Ugarte, entre el control constitucional, como salvaguarda y tutelaje de
los derechos fundamentales y del marco que divide y articula el poder, y la
autonomía política o capacidad de autodeterminación ciudadana para cambiar, a
plenitud incluso toda la norma constitucional.
·
Este
aspecto de la cuestión se vuelve particularmente complejo cuando un proceso de
reforma, como es el caso de la Reforma del Estado, implica cambiar más del
cincuenta por ciento del texto de la norma fundamental. Es una situación que
exige generar un nuevo equilibrio que satisfaga ambas premisas y contribuya a
estabilizar una estructura político-jurídica en transición, dando lugar a otra
realidad jurídica y política.
·
En segundo
término, en el marco de las posibilidades de reforma constitucional dentro del
marco institucional, es correcto reiterar que constitucionalizar para
democratizar es una acción o conjunto de acciones que por fuerza deben estar
firmemente asentadas en un bloque de poder específico y que su éxito o fracaso,
más allá de consideraciones técnicas, dependerá del peso que ese bloque logre
en la correlación de fuerzas existente entre la conservación y el cambio hacia la
modernidad.
·
En tercer
lugar, derivado de los planteamientos anteriores, se puede afirmar que en una
estructura política-jurídica en transición, constitucionalizar para democratizar
sólo puede tener éxito si esta acción es la resultante natural de un nuevo
pacto de poder mayoritario que convoque a la formación de un nuevo bloque
gobernante capaz de vencer las resistencias de las fuerzas conservadoras.
·
En cuarto
lugar, se puede afirmar que modernizar es la acción subyacente en
constitucionalizar para democratizar y que, en consecuencia, esta sujeta a las
reglas del éxito de la modernización, que definen que el triunfo de todo
intento de modernización depende de la capacidad de este esfuerzo para incluir
al arcaísmo en su propuesta de cambio, toda vez que modernizar es desde una
visión operativa, un asunto de correlación de fuerzas donde el arcaísmo será
siempre más numeroso.
En el caso de México, todos los esfuerzos por
modernizar las estructuras públicas del poder se han enfrentado a varias
circunstancias que hasta ahora no han podido rebasar e impiden su éxito:
·
Una, al
final muchos actores dominantes de la sociedad, se benefician del estatus
vigente. Sería una ingenuidad pensar que todos sufrimos por igual los efectos
del agotamiento e incapacidad de las actuales estructuras para afrontar los retos
de gobernabilidad que supone la
democracia.
·
Dos, la
transición mexicana a la democracia se perdió en su componente electoral y
devino en un régimen político de mala calidad, porque el advenimiento del sufragio
libre, primero no es tan libre, porque la mayoría de la población sufre la
falta de educación y de la pobreza y es fácilmente manipulable y solo ha
servido para legitimar al conservadurismo autoritario de los intereses creados en
el poder, no para completar el cambio, en un momento donde el bienestar del
interés general demanda retomar la senda de la transformación.
·
Tres, México
vive los efectos perniciosos de una modernización fallida que ha dejado a la
nación en el limbo de su transformación, entre la no muerte de lo viejo y el no
nacimiento de lo nuevo, abriendo el espacio para el acomodo de fuerzas fácticas
legales e ilegales que dominan y usufructúan en su beneficio los estertores de una
República enferma, que urge restituir.
·
Cuatro, la
única posibilidad de robustecer nuestra pálida democracia reside en el hecho de
retomar la senda de la modernización con una propuesta incluyente de la
diversidad social que genere opciones al arcaísmo, a partir de conformar un
bloque gobernante que por encima de pasarelas mercadotécnicas tenga la
capacidad de marcar el rumbo.
·
Un bloque
gobernante mayoritario, que refleje la diversidad y comprometido con la
salvaguarda de las minorías para mantener
la salud de la democracia. Esa debería ser la tónica hacia el 2012, año
electoral que será un referéndum de gobernabilidad de la democracia y en esa
dimensión se evaluarán las ofertas partidarias.
Es decir, México necesita avanzar rápida y
consistentemente por la ruta de conformar un nuevo pacto de poder de su
diversidad, un pacto mayoritario cuyas bases de acuerdo signifiquen la
posibilidad de superar los problemas de la modernización fallida y completar la
transformación del país en la democracia, para marcar el rumbo de la nación.
No es una tarea fácil, a los mexicanos de esta
época nos corresponde emular a los mexicanos que en el siglo XIX y en siglo XX
fueron capaces de realizar una obra de esa envergadura. México en 200 años de
existencia ha vivido de tres pactos de poder: el que permite arribar a la
Constitución de 1824 y conformar el gobierno de Guadalupe Victoria; el que se
genera al triunfo de la pléyade liberal con Juárez y se consolidad con Porfirio
Díaz; y el que se crea para convertir en régimen político a la Revolución con
Obregón-Calles-Cárdenas, y que se agotó en 1982 en medio de una crisis fiscal.
Ahora una buena manera de honrar el
bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, en vez de
tanta parafernalia dispersa y vacía, sería iniciar el cuarto pacto de poder de la vida independiente de México, es
decir, el pacto que dé lugar al Estado constitucionalista democrático y social
que requerimos.
Sólo así podremos concluir con nuestra eterna
transición a la democracia y en consecuencia llevar a una práctica exitosa los
ejercicios de constitucionalizar para democratizar de cuya reflexión surge este
ejercicio.
El cuarto pacto de poder
Consideraciones
generales
Muchos de los problemas del México de hoy son
resultado de un proceso de modernización fallida que, focalizado en la
economía, se inicia en 1983 como respuesta al derrumbe del régimen de la
Revolución, que colapsa en 1982 en medio de una crisis fiscal. Este intento de
modernización entró en crisis en 1994, sin embargo las políticas instrumentadas
a favor de su entronización se han mantenido inamovibles desde entonces, aplicadas
con una imperturbable ortodoxia que ha profundizado sus efectos más negativos.
Esta propuesta, de corte economicista, hoy
calificada como neoliberal, que incubaba desde el principio el vicio de la
exclusión social en su seno, se ha desenvuelto a lo largo de tres fases. En su
primera fase, de 1983 hasta 1994, fue concebida como un cambio integral que contemplaba
dos momentos: el ajuste económico y el cambio estructural. Este segundo
momento, además de pronunciados golpes de timón en el rumbo de la economía,
consideraba crear sus propios agentes de modernidad, para sustituir a los del
arcaísmo.
En este segundo momento de su primera fase de
instrumentación, los operadores del modelo se ocuparon de abrir opciones para
el surgimiento y posterior robustecimiento de nuevos empresarios, sindicatos y organizaciones
de productores rurales, entre otros actores, para responder mejor a los
requerimientos de la nueva etapa. También impulsó, bajo pautas más ciudadanas,
una poderosa organización comunitaria en el territorio, destinada a renovar las
capacidades de operación del partido hegemónico.
En síntesis, buscó fraguar una alianza o nuevo
pacto de poder con la sociedad que soportara ese radical golpe de timón, pero contemplando
sólo a los nuevos actores que deseaba fortalecer y negando a los que provenían del arcaísmo un lugar
en el carro de su modernidad, sin observar que con ello, estaba fraguando el origen
de su derrota, tal y como sucedió.
Sus acciones destinadas a consolidar su ruta
hacia la modernidad, sucumbieron en el contexto de la grave descomposición
política que la exclusión no evitada generó y que le costó la vida al candidato
del PRI a la Presidencia de la República y facilitó el surgimiento de una
guerrilla postmoderna[10]. A
manera de desenlace de este terrible golpe al proyecto modernizador, se formó un
conflicto sucesorio entre los grupos promotores del mismo, que habría de ganar
el ala más neoliberal.
El insuficiente conocimiento de las
circunstancias por las que atravesaba la implementación de la propuesta
económica y sobre todo la impericia en su operación, propiciaron una errática
una toma de decisiones a nivel macroeconómico plena de equivocaciones técnicas
y juegos de complicidad. Se prohijó el denominado error de diciembre y el posterior advenimiento del efecto tequila, cuyas consecuencias
financieras, de impunidad a favor de unos cuantos y de destrucción de muchos de
los agentes del cambio construidos, así como de subordinación externa de los
medios de pago del país, no sólo terminaron de definir el fracaso de la
alternativa neoliberal para sustituir al antiguo régimen, sino que marcaron el
destino nacional con costos que seguimos pagando todavía y que lo seguiremos
haciendo por muchos años más hasta que haya la convicción, la fuerza y la
voluntad políticas para cambiar el rumbo.
En la segunda fase, hacia el cambio del siglo, con
el derrumbe de la mayoría de las innovaciones de la primera fase, se ahondó el
perfil economicista, neoliberal y socialmente excluyente del modelo. La otrora alianza
social de los modernos elegidos
perdió sus avances y se circunscribió al circuito de los grupos de interés
triunfantes en la guerra de poder que se desató.
Se despreció a la política y se redujo a instrumento
del mero juego de los acomodos cupulares. Se dislocó la capacidad económica y
política del Estado, en ambos casos se desarticularon aparatos previos sin
sustituirlos. Todo se dejó a la sacrosanta ley del mercado, eso si, matizada
por los sempiternos privilegios otorgados a particulares selectos, fiscales y
de todo tipo, que habrían de ser la base del predominio oligopólico en el actual
modelo neoliberal.
Se amplió la dependencia del modelo hacia el
mercado del norte. Las opciones para los sectores tradicionales se circunscribieron
a los preceptos de un acendrado darwinismo económico con asistencialismo social.
Si bien se abrió el espacio para el advenimiento de la alternancia electoral,
no se sentaron las bases para el surgimiento del régimen político de la
democracia, todo se concentró en un sistema de partidos que habrían de volverse
franquicias del poder alejadas de la ciudadanía.
En síntesis, al tiempo que los empeños de la
modernización neoliberal para sustituir el pacto de poder del antiguo régimen
se habían hecho añicos, los conductores en
turno de la implantación de ese modelo, no
advertían en su gravedad las peligrosas consecuencias de no contar con una renovada
versión del mismo, acorde con los tiempos. En todo caso, en concordancia con su
perfil neoliberal, pretendían que avanzar por el camino de la alternancia
electoral, precedida de varias de las llamadas concertacesiones del gobierno para con la oposición, sobre todo en
materia de cederle gobiernos estatales y municipales, bastaba para que por
generación natural se gestara el
nuevo equilibrio de poder que requería la vida pública nacional.
Mientras tanto, de las cenizas de los fracasos previos,
surgía un profundo divisionismo entre los grupos del poder que se profundizaría
con la alternancia electoral y que daría inicio al trayecto de debilitamiento
de republicano y de creciente oligarquización que hasta ahora todavía no hemos
podido superar.
En la escala de prioridades del proyecto
neoliberal, lo importante era garantizar la vigencia y la ortodoxia de su
propuesta económica, por lo que el asunto de su debacle política pasaba a un
segundo término. De ahí que junto con su apuesta por la alternancia, muchas estructuras
políticas del antiguo régimen fueron mantenidas, toleradas, incluso premiadas,
mientras aceptaran y apoyaran los designios del nuevo trato económico.
La resultante fue que éstas últimas, ya sin la
misma naturaleza, eficacia, funcionalidad y articulación de antes, y en el
contexto de un Estado disminuido y empobrecido, terminaron por imbricarse con
la democracia mexicana desde su gestación y contagiaron con sus prácticas tanto
la lucha como el ejercicio del poder posterior al cambio electoral del 2000,
limitando los alcances y la profundidad de la transición.
Con el tiempo, estas estructuras habrían de
convertirse en el refugio y base de la fortaleza de poderes fácticos nacidos de
los aparatos del antiguo régimen. Poderes fácticos que, ahora, con plena
autonomía, habrían de reconvertirse en actores prominentes del nuevo escenario político
de la democracia, exhibiendo una gran capacidad para condicionar, en función de
sus intereses, la gobernabilidad de la misma.
El cambio del siglo se recibió junto con el triunfó
electoral de una nueva propuesta, el partido hegemónico había sido derrotado
por sus contradicciones, desgaste y no poca ayuda interna para que perdiera.
El triunfo de la oposición se había fraguado en
un concepto frentista, cuyas características hubieran permitido a sus actores
convertirlo en la semilla de un nuevo bloque de gobierno, moderno, diverso y
plural que dotara a la joven democracia mexicana de un soporte político y
social mayoritario para desmantelar el antiguo régimen político y construir uno
nuevo acorde con los requerimientos de la gobernabilidad democrática. Sin
embargo, esta posibilidad se perdió en medio de la ambición y de la cortedad de
miras de los nuevos mandatarios y con ello, también se perdió una vez más, la
posibilidad de renovar el fraccionado pacto de poder de la República.
Incluso, a la fragmentación del poder referida,
ahora se añadiría la proveniente de las disputas por mejorar su lugar en la corte entre los grupos
del primer círculo de la nueva Presidencia de la República, así como las que
resultan de la lucha legítima por el poder de una diversidad que no cuenta con
un marco de acuerdos previos que garantice la certeza política del sistema con
independencia de quien sea el depositario en turno del veredicto mayoritario de
las urnas o de la minoría.
Se comenzaría a consolidar la endémica
dificultad para gobernar en mayoría, propia de un régimen político dominado por
tres fuerzas con una participación equitativa en el total de sufragios cercana
a la tercera parte cada una, con un esquema de ejercicio del poder basado en la
permisa de que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo y con una
estructura presidencialista imposibilitada para conforma acuerdos de confianza
con el legislativo para poder alcanzar la mayoría gobernante que las urnas no
le dan o, incluso, gobernar en mayoría teniendo una mejor relación con la minoría.
Así, mientras la coalición electoral originaria
era rápidamente sustituida por un arreglo de cofradías, el modelo económico de
la modernización fallida entraba en su tercera fase: la de franca decadencia y sus
aspectos más nocivos se entronizaban y se volvían recalcitrantes. Se había
confundió alternancia con transición a la democracia, apostando todo cambio al
ámbito electoral recién reformado.
El Estado que había abdicado de su compromiso
con el desarrollo social, limitó su acción social a continuar con el asistencialismo
para limar las aristas más puntiagudas del deterioro social que combinadamente provocaban
el continuo abatimiento del salario, la incapacidad estructural para hacer
crecer la economía y crear empleos, así como la desarticulación de las cadenas
productivas y el subdesarrollo del mercado interno.
Se había conformado un México
desindustrializado, exportador de mano de obra barata con desempleo
estructural, tecnológicamente dependiente, plenamente sometido al capital
financiero global y a un solo mercado en el norte, que importa cuatro de cada
cinco insumos que requiere, dejando en el exterior los beneficios de los
efectos multiplicadores de la relación ahorro inversión. Es decir se había
creado una economía capitalista integrada subordinadamente al concierto global,
sin modelo eficiente de acumulación de capital.
Pero sobre todo, debido a la manifiesta
incapacidad de inclusión social del orden vigente, el país se había dividido
profundamente y su polarización económica, social y política, crecería mucho
más durante los siguientes años.
En detrimento de las grandes mayorías, se benefició
a un reducido número de poderosos grupos de interés que hoy conforman una verdadera
oligarquía; un gobierno que se propuso dejar hacer y dejar pasar, salvo en los
casos en que había que cargar la decisión a favor de si mismo o de alguno de
los integrantes del primer círculo.
La
creciente desigualdad del ingreso dio lugar a la más grave destrucción del
tejido social de la que se tenga memoria en México, lo cual explica una parte de la escalada de
violencia que se vive ahora.
El Estado, vetusto en sus instituciones
políticas respecto de las necesidades de la democracia, no solo se debilitó con
relación a su capacidad de regulación del mercado, sino también en la
conducción política de la nación y en el cumplimiento de su primaria tarea de
brindar a la ciudadanía educación, salud, seguridad social y seguridad pública.
La Republica se privatizó y la política perdió
todo sentido de utilidad para la ciudadanía, fue secuestrada en el circuito de
las cofradías partidarias, cortesanas u oligárquicas y limitada a ser instrumento
al servicio de su conflictiva. El interés general quedó sometido a la
arrebatiña de los intereses
particulares.
En torno a las pasadas elecciones
presidenciales del 2006, la polarización del país se expresó con toda su
gravedad y mostró las consecuencias de no contar con el tantas veces referido
pacto de poder que reclama la democracia. Se pretendió que las todavía recién
estrenadas instituciones electorales resolvieran por si solas lo que le
correspondía solucionar al propio régimen de estado y de gobierno, es decir, la
conformación del gran acuerdo plural entre todas las fuerzas de la diversidad.
De nuevo falto un gran acuerdo de la democracia
que soportara la vigencia de la República y al que todas esas fuerzas
participantes quedaban obligadas a honrar y defender. Desde luego, eso no fue
así.
Las elecciones para suceder al primer gobierno
de la alternancia, transcurrieron precedidas de una gran conflictiva política,
muchas maniobras y una ríspida campaña que dejó ver la fuerza de la oligarquía
y la obsesión del gobierno por mantener el poder a toda costa. Se convirtieron
en un referéndum entre dos opciones incapaces ambas por si solas de lograr el necesario
acuerdo de la República: los depositarios de la modernidad fallida por un lado
y los representantes del arcaísmo social excluido por el otro.
El gobierno de ahí surgido, lo hizo en medio de
acusaciones de fraude que terminaron de agotar el bono democrático del año 2000
y lastimaron seriamente la credibilidad de la democracia; sus recién creadas
instituciones electorales significaban la única medida de la transición
democrática de México y se vieron trituradas por quienes estaban obligados a
protegerlas desde el poder del Estado.
La irresponsabilidad del gobierno saliente
había arrojado sus ajados frutos, se había conformado un gobierno que habría de
navegar por las turbulentas aguas de una transición detenida, bajo la bandera de
la ilegitimidad. Junto con el duro daño a la confianza en la democracia, se había
afectado seriamente su gobernabilidad.
Por eso, ese gobierno surgido del desaseado 2006,
estaba todavía más obligado que sus predecesores, a plantearse seriamente el
añejo asunto del poder dividido e impulsar en consecuencia un nuevo pacto de
poder. Su precaria situación de primera minoría cuestionada, constituía también
un oportunidad para hacerlo, bueno al menos para reformar sustancialmente el
marco constitucional del régimen político.
Tuvo a su favor la iniciativa del Senado en el
2007 para reformar el Estado, pero no solo la despreció, sino que la limitó y
de ese ejercicio legislativo sólo emergió una nueva reforma electoral destinada
a remozar la dañada institucionalidad electoral de la débil democracia mexicana
y a cobrar algunas afrentas del pasado proceso electoral presidencial de 2006.
Considerando sus restricciones numéricas, de
régimen político y de legitimidad, este gobierno podría haber superado algunas
de ellas echando mano de la voluntad política, para generar un gobierno de
coalición y lograr así pautas de consenso en el rumbo, pero tampoco tomó esa
decisión. Se hicieron pactos con la oposición, pero estos no rebasaron la línea
de los acuerdos particulares a cambio de prebendas económicas o electorales.
Mientras tanto, en sus definiciones básicas,
este gobierno prefirió refugiarse en las vanas seguridades de su círculo más
íntimo y se convirtió en un gobierno de partido, abandonando del todo su
responsabilidad de Estado.
En este contexto, tomó la decisión de caminar
en los últimos márgenes de gobernabilidad del sistema y, después de hacer a un
lado la posibilidad política de la reforma, escogió el camino de la guerra
interna contra el narcotráfico como una costosísima e inestable vía de
legitimación.
En síntesis, ante la demanda de impulsar un
nuevo esquema de desarrollo para superar la fase decadente de la modernización
fallida, el liderazgo nacional debilitado en su legitimidad, sin capacidad para crear consenso,
se mantuvo en su condición de minoría. Mientras que, por su parte, la oposición
tampoco termina de articular una propuesta interna para negociar con la
sociedad en condiciones de unidad, lo cual permitiría la conformación de un
nuevo bloque gobernante de carácter mayoritario con el cual podría asistir al
referéndum sobre gobernabilidad del 2012 y ofrecer una alternativa de orden y
de rumbo, dentro de la democracia, a la nación.
Una propuesta que le diera a la República
privatizada, fiscalmente empobrecida y políticamente debilitada, una solución para
hacer frente a los conflictos de un poder
seriamente dividido y de una ciudadanía subrepresentada y cada vez más
expulsada de las decisiones que afectan su destino.
Adicionalmente, en esta etapa decadente de la
modernización fallida, la dañina consolidación del modelo oligopólico de bajo
crecimiento, soportado en unas finazas públicas petrolizadas que se han quedado
sin petróleo y en un ejercicio del poder excluyente que ha impedido la reforma
del Estado y la reforma fiscal o hacendaria, no sólo condena todos los días a un mayor
número de mexicanos a la pobreza y crecientemente a todos a una imparable
violencia, perfila la inviabilidad de la nación.
México esta urgido de progresar en una nueva convocatoria
a la unidad, no la de los privilegios, sino la de la libertad con igualdad de
oportunidades y de condiciones para aprovecharlas. Necesita un llamado a la
concordia que sólo puede surgir de la solidaridad y de la justicia social.
Requiere restituir el vigor de la República para garantizar el interés general
en la definición del rumbo.
Diagnósticos y soluciones abarrotan los
anaqueles de la inteligencia nacional, que sigue siendo mucha, pero la
aplicación de sus alternativas es directamente proporcional a la decadencia de
sus élites que se encuentran dominadas por los controles derivados de esos
denominados poderes fácticos interesados, a toda costa, en mantener el impasse de la nación e impedirle la
entrada al cambio, entrelazados con su pequeñez de miras que no alcanza a ver
más allá de la satisfacción de su ganancia inmediata.
Es decir, la correlación de fuerzas sigue
estando a favor de conservar lo que muere, aunque con ello se esté matando al
país, porque las fuerzas progresistas no han encontrado algún detonador que
propicie un punto de inflexión y cambie esa correlación de fuerza a partir de
generar la aglutinación de un nuevo bloque mayoritario con capacidad de
gobierno.
En estas circunstancias el peligro de México es
mayúsculo porque se impide que operen los mecanismos institucionales de
transformación del propio sistema y se facilita que su lugar lo ocupen las
explosiones sociales de todo tipo, con ideología y sin ella, con organización y
sin ella, con propósitos nobles o delincuenciales.
Por eso la disyuntiva es activar los mecanismos
de cambio del sistema o resignarse a que las explosiones tomen la forma de un
movimiento coherente por la renovación o por la plena destrucción de la
República, mientras esta se sigue deshaciendo en la inanición política,
acercando la extinción de la viabilidad de la nación.
Los países que han vivido etapas similares y
que han logrado superar esta circunstancia, han encontrado la salida en la
generación de un nuevo pacto político de la democracia, que permita desmotar al
antiguo régimen y construir el nuevo acorde con las necesidades del nuevo
rumbo. Nosotros ya no tenemos mucho margen para superar nuestra detenida
transición superando la fragmentación oligárquica del poder mediante un pacto
en favor de la democracia, un nuevo
pacto de poder, el cuarto de nuestra historia.
Si fracasamos deberemos prepararnos para que el
pueblo demande cualquier tipo de solución, incluso autoritaria y/o soportada
más allá de nuestras fronteras. Es hora de apostarle en serio y patrióticamente
a la democracia y evitarnos muchos dolores más.
¿Cómo
lograrlo?
En primer lugar, es necesario identificar en el
difícil panorama nacional alguna bandera que permita aglutinar y movilizar un
contingente representativo de intereses políticos y sociales capaces de desbordar
las condiciones de permanencia de la situación actual.
Una bandera que se construya a partir de
seleccionar aquellas causas, temas o circunstancias de gran relevancia, capaces
de sacudir a los actores sociales y políticos, incluyendo a muchos que forman
parte del bloque conservador, para encontrar una solución de consenso y generar
con ella una plataforma de definiciones fundamentales. Llevarla a la práctica estableciendo
un compromiso y una convocatoria que constituyan la simiente de un nuevo
acuerdo político, soportado en una nueva correlación de fuerzas favorable al
cambio del modelo agotado.
El objetivo final es avanzar hacia la
conformación de un nuevo pacto de poder de
la democracia mexicana; un pacto que frene la división en el poder y lo
vuelva a reunir restituyendo la República bajo las condiciones del nuevo
régimen en transición y que abra sus compuertas a la plena representación y
participación ciudadana. Para conseguirlo, es necesario cubrir cuatro aspectos:
·
Contar con
un motivo fundamental que lo convoque y permita derivar la organización
necesaria;
·
Tener un
tema detonador del mismo que propicie un punto de inflexión en la conducta
pública de al menos un sector o conjunto de sectores representativos de la
organización política y civil de la sociedad;
·
Identificar
el liderazgo capaz de favorecer la movilización política y social en torno a
ese tema para conseguir aquello que lo motivó;
·
Construir
a partir de ese liderazgo, un bloque mayoritario pactado y con capacidad de
gobierno.
En este orden de ideas, un motivo fundamental
puede ser, por ejemplo, superar las debilidades de una economía incapaz de
satisfacer las necesidades de crecimiento, desarrollo, bienestar, seguridad y
esperanza de una sociedad lastimada por la pobreza, la inequidad y el
subdesarrollo o la imposibilidad de desplegar a fondo sus talentos y ganar con
competitividad horizontes mejores.
Un detonador de la misma puede ser modificar el
papel del Estado en la regulación de esa economía, en particular la política
económica y definir una agenda temática para lograrlo y precisar sus objetivos
y líneas de acción.
Con base en ella convocar al compromiso de las
fuerzas políticas y de sus liderazgos y/o hacer lo propio respecto de la
organización civil de la sociedad, para que asuman la bandera propuesta y
convoquen a la movilización.
A partir de los objetivos trazados, convertir
la movilización en una opción de gobierno.
Hasta ahora sobran los hechos que dan
testimonio de la incapacidad de los liderazgos actuales para detonar el cambio,
particularmente en lo que se refiere a temas tan relevantes como complejos, por
ejemplo la reforma del Estado. Por ello, la experiencia previa recomendaría
seleccionar temas de más fácil comprensión y convocatoria, así como de
operación práctica y repercusiones múltiples en todos los actores sociales, sin
renunciar a los temas complejos, pero propiciando su articulación puntual con
el tema detonador.
En la circunstancia actual dos temas destacan y
con mucho por su potencial de rebase del mandato de la correlación de fuerzas
dominante, uno es el grave problema de la seguridad y el otro es el tema fiscal
que, por otro lado, mantienen entre si una alta correlación.
Desde una perspectiva integral el tema de la seguridad
acosada resulta de la combinación de factores como la degradación de la
cohesión social, el desempleo estructural, el insuficiente control ciudadano el
ejercicio de los bienes públicos, la impunidad, el ejercicio del cargo público
como botín, entre otras y, desde luego, una muy mala estrategia de combate al
crimen organizado.
En cualquier caso la solución de esos problemas
esta en función del fortalecimiento del Estado, algo que es difícil de lograr
si no se tiene resuelto al menos el tema de su financiamiento.
De ahí que el aspecto fiscal tenga capacidad de
aparecer como prioritario, no porque se pretenda una gran conciencia de actores
acostumbrados a contar con el expediente del privilegio fiscal para hacer
crecer sus fortunas o porque se suponga que la clase media en extinción,
estaría feliz de aumentar su pesada carga fiscal. No, lo importante en este
caso es que se ha agotado el esquema vigente y eso abre dos posibilidades: el
cambio o el colapso del sistema fiscal. La ubre petrolera, sobre la que se basó
el sistema fiscal mexicano funcional para los oligopolios, se secó con la
inducida quiebra de PEMEX, en consecuencia están en riesgo todos los acuerdos
previos y la viabilidad misma de la nación que los soporta.
En otros escritos [11] he planteado esta cuestión en los siguientes
términos:
- “El modelito económico dominante se basa en la exportación de mano de obra barata con desempleo estructural, emigración y programas asistenciales destinados a retardar la explosión de la creciente masa de pobres, desecho natural de un sistema excluyente. Combina sacrificio arancelario, equilibrio fiscal y monetario restrictivo con sobrevaluación y retraída participación pública en la inversión.
- No genera tecnología, perdió el control de sus medios de pago y sufre ausencia de crédito, se terciariza como producto de su amplia desindustrialización e importa cuatro de cada cinco insumos que requiere, lo cual propicia una deficiente acumulación endógena de capital que necesita ser compensada con trasferencias netas de renta social a un reducido y poderoso sector económico que así soporta su inserción global. Las fuentes de ese subsidio, que no regresa a la sociedad, son el sistema fiscal vigente y la libre fijación oligopólica de precios.
- En una sociedad que ha sido secada, el financiamiento de esa trasferencia ha corrido mayoritariamente a cargo de PEMEX y de los crecientes impuestos a las clases medias en extinción, grupo que en los últimos diez años ha perdido nueve millones de miembros.
- Al empatar la ubre petrolera al regresivo sistema fiscal, se consolidó una verdadera privatización de la renta petrolera de la que poco se habla y explica el destino de los doscientos mil millones de dólares, equivalentes a cinco planes Marshall, que pasaron por el gobierno de Vicente Fox, sin que la mayoría de los mexicanos lo registraran.
- Este es el fundamento del pacto fiscal reinante: los beneficios extraordinarios de una cúpula de poder divorciada del interés general de la nación, donde el estado y la mayoría ciudadana resultan damnificados. Su imperio es tal que ningún intento de reforma fiscal ha podido lograr la correlación de fuerzas necesaria para rebasar sucesivas misceláneas fiscales.
- El modelo oligopólico de finanzas públicas petrolizadas se agotó, es la oportunidad de superar nuestra modernización fallida mediante un nuevo acuerdo fiscal, como la forma más tangible del nuevo pacto de poder que le urge a México.
- Así podremos desechar lo que no funciona y construir un nuevo bloque gobernante... Es una cuestión de sobrevivencia que otra vez reclama a las élites cumplir con su responsabilidad; hasta ahora han fallado, esperemos que no opten por tomar la falsa puerta del suicidio…”
Ese ha sido el meollo del debate sobre la
apertura de PEMEX, ¿cómo reanimar la ubre petrolera con la inversión externa,
para no perder el dadivoso, para unos cuantos, sistema fiscal?, cuando el
verdadero debate debe ser cómo generamos un
nuevo pacto fiscal que permita afrontar en las mejores condiciones los
retos actuales de la nación y al mismo tiempo constituir la simiente del nuevo pacto de poder mayoritario que le
urge a la débil democracia mexicana. Dicho de otra manera[12]:
- “La cuestión fiscal es la columna vertebral del Estado, es la versión en ingresos y egresos del acuerdo político que soporta a la República; su estado de salud es un indicador de la vigencia de ese contrato. Si lo fiscal enferma, es capaz de producir el derrumbe del sistema político; su desplome es una condición sine qua non de los estados fallidos. Su sanidad siempre descansa en la equidad y contribuye a la concordia.
- La historia mexicana da cuenta del derribe fiscal de estructuras políticas desde el siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y más recientemente del colapso del Régimen de la Revolución en 1982. En torno a lo fiscal se detonó también la Revolución Francesa, después de años de abusos y de irresponsabilidad de las élites monárquicas.
- (Si se renuncia) a curar al cuerpo fiscal enfermo (se desaprovecha) ese potencial para propiciar el nuevo pacto de poder que le urge a México; (el cuarto de su historia). El pacto de poder de la modernización incluyente y por tanto efectiva que necesitamos para renacer. Un pacto que…se vuelve muy tangible a la hora de definir quiénes contribuyen al sostén de la República, con cuánto lo hacen y en qué modalidad.
- Institucionalmente a los mexicanos siempre nos ha costado mucho subordinar el interés grupal al interés superior de la nación, por eso periódicamente la violencia ha sido la comadrona de nuestros cambios. Nuestra crónica incapacidad para cobrar impuestos es testimonio de lo primero.
- No obstante hoy tenemos muchas oportunidades de demostrarnos que hemos aprendido la lección para transformarnos dentro del estado democrático de derecho. Una de ellas es asumir un papel proactivo y denunciar que la vida artificial de la organización fiscal se agotó: PEMEX ya no puede ser el placebo de sus dolencias, ni la fuente de pago de privilegios fiscales, de subsidios a las ineficiencias o de detente de la fábrica de pobres en que se ha convertido nuestra economía.
- Es exigible una reforma fiscal de fondo, gana-gana, que articule la laboral y de seguridad social universal, que quite a las empresas de esas cargas y determine la recuperación sustancial del salario mínimo en bien de la cohesión social y del mercado interno”.
En efecto la calidad estratégica de lo fiscal
es tal, que su reforma daría viabilidad a otras como la laboral y a la
universalización de la salud, la seguridad social, el seguro al desempleo, las
pensiones y la aportación a la vivienda de los trabajadores. Incluso, en la
medida en que admitiría quitar a las empresas la carga de pagar la seguridad
social como parte del costo de un puesto laboral, que por lo demás resulta
desestimulante en un país urgido de crear empleos, permitiría acordar con los
sindicatos un sustantivo aumento al salario mínimo que a los empleadores le
costara la mitad de lo que actualmente pagan por un trabajador y que se
traduciría en un avance progresivo en la muy desigual distribución del ingreso,
en la reactivación del mercado interno en favor del fortalecimiento de las
PYMES y por tanto en el crecimiento del PIB, del empleo y de la recaudación
fiscal misma.
Como puede observarse, por sus características,
la cuestión fiscal tiene un carácter multisectorial en sus impactos y significa
redefinir las condiciones de inserción económica de una diversidad de actores cuya
reproducción económica seguirá las modalidades que se deriven del curso que tomen
las determinaciones hacendarias. Por ese motivo, el tema en sí mismo posee la
facultad de movilizar con amplitud a la diversidad de actores sociales.
Es decir, proponerse avanzar en la reforma
fiscal, no sólo es dar viabilidad a la vida pública de la nación, es abrir la
posibilidad de contar con la fuerza necesaria para cambiar el rumbo, superar
los males de la modernización fallida y volver a poner a México en los rieles
de su transformación para ser una nación con viabilidad, peso y destino en el
contesto global del siglo XXI. Es la oportunidad de caminar
hacia la conformación del urgente
nuevo pacto de poder que reclama el México de la unidad en la concordia de la
inclusión social.
Por sus características, el nuevo pacto fiscal es en sí mismo un nuevo pacto de poder que
surge de haber recogido las barajas y haberlas vuelto a repartir. Implica la
redefinición de compromisos, derechos y obligaciones. Es también un avance en la construcción de
ciudadanía y por tanto de la democracia porque la obligación de aportar
conlleva el derecho a definir el destino del gasto y por tanto el rumbo del
modelo económico y social, así como a exigir las fórmulas que garanticen la
transparencia de su ejercicio y el control ciudadano del mismo, su seguimiento
y evaluación; es también un asunto de control del poder.
Construir un nuevo pacto fiscal es proponerse
mover a México ubicando un punto de apoyo y aplicando la fuerza de una poderosa
palanca.
Corolario
- Las fuerzas políticas comienzan sus preparativos hacia la sucesión presidencial del 2012. Con independencia de quien gane los comicios, es claro que si el nuevo gobierno asume el poder en las condiciones de vulnerabilidad institucional en que se desempeña la vida pública, volverá a tener muchos problemas para dar los resultados que la ciudadanía le exigirá con motivo de la emisión del sufragio y no tenemos muy claro si habrá todavía margen de maniobra para resistir.
- Aquí se ha hecho una muy rápida revisión de las tres fases en que se fraguó la modernización fallida que nos agobia, con independencia de los errores cometidos o de las preferencias ideológicas de rumbo, el hilo conductor de su fracaso sin duda alguna ha sido la ausencia de un gran acuerdo mayoritario de la diversidad nacional que asegure a todos un lugar en el presente y una expectativa de futuro y establezca una agenda precisa y la legitime.
- A ese gran acuerdo le hemos denominado nuevo pacto de poder que, bajo el requisito de la inclusión, esta obligado a restituir la República es decir el imperio del interés general en la resolución de la vida pública. Ese que se daño cuando el Estado abdicó de su obligación para con el mismo.
- Nos hemos referido al pacto de poder de la democracia y por lo mismo a las garantías de libertad, igualdad y solidaridad social que esta definición política y jurídica implica y que, por lo mismo, deben constituir características fundantes del referido pacto.
- Hemos propuesto una vía para convocarlo, que no pretende eliminar ninguna otra, sólo referir las fortalezas que observamos en el tema fiscal, para cumplir un papel de palanca que permita romper el ya muy largo impasse que vivimos desde 1994 y en particular durante estos últimos diez años, respecto de convocar al acuerdo de fondo que requerimos. Lo anterior con independencia de sus virtudes intrínsecas e imprescindibles para garantizar la viabilidad del Estado mexicano.
- Sea por esa vía o por cualquier otra, afirmamos nuestra convicción de que necesitamos recuperar la capacidad de constitucionalizar nuestra democracia para hacerla avanzar de acuerdo con los criterios establecidos en la primera parte de este escrito y que eso sólo se puede lograr si se trabaja para alcanzar un nuevo pacto de poder; el cuarto de nuestra historia.
- No estamos sólo ante desajustes provocados por el error, la impericia, la avaricia, la ignorancia, vamos ni siquiera la falta de voluntad política o la mala fe, atribuibles a los liderazgos políticos, nos encontramos en medio de una seria crisis estructural de un régimen de estado y de gobierno que no ha podido evolucionar hacia su nueva época.
- El país se encuentra estructuralmente atascado en el interregno de lo añejo y de lo nuevo, sin poder renacer y por tanto esta el peligro de muerte.
- El 2012 y su muy difícil camino el 2011, serán claves para conocer el destino de nuestra patria en los siguientes años. Si a la sucesión presidencial las fuerzas políticas asisten como representantes de verdaderos bloques de gobernantes; de bloques de poder conformados con la sociedad, con una clara agenda de transformación y por tanto de constitucionalización para fortalecer la debilitada institucionalización de la democracia, estos desgastantes años que hemos sufrido se podrán entender como el tiempo que requiere nuestra cultura para comprender la necesidad del cambio.
- Con independencia de quien gane, el camino será el mismo, hacer lo que no se ha hecho, sentar las bases para el desarrollo de la democracia mexicana a partir lograr un nuevo pacto de poder que inaugure la entrada a la nueva época de la nación mexicana que el siglo XXI nos depara.
- Para lograrlo requerirá de al menos otra parte representativa de la diversidad nacional acompañe al ganador en ese trayecto y eso implicará algún tipo de gobierno de coalición, asunto que se ha visto como necesario en estos últimos diez años y que nadie ha atendido a satisfacer.
- Al menos dos de las tres fuerzas políticas más representativas de nuestra vida pública requerirán acordar para hacer realidad ese nuevo pacto de poder, idealmente las tres, realistamente con dos basta y eso suena bastante factible.
- Si por otro lado, el 2012 se convierte en un juego de pasarelas, guerras de lodo y acomodos de cofradías y el 2011 prefigura esa elección con la exacerbación de las contradicciones, será muy difícil que el gobierno surgido de ese proceso tenga un destino mucho mejor que el actual.
- La diferencia la puede hacer la política si en los próximos dos períodos legislativos se logra avanzar al menos en tres asuntos centrales para la gobernabilidad: el tema fiscal, algunos temas de reforma política orientados a facilitar la creación de mayorías y aquellos temas de seguridad que colaboren para crear un punto de inflexión en la curva ascendente de la violencia.
- El panorama es claro, las fuerzas políticas mostrarán su verdadera capacidad estratégica y de gobierno para el 2012 y después, actuando desde el 2011.
[1] M. Bovero, Contro il gobernó dei
peggiori. Una grammatica della democrazia, citado por
Pedro Salazar Ugarte en La
Democracia Constitucional, FCE 2006 pag
82
[2] Norberto Bobbio, Teoria generale della
politica, citado por Michelangelo Bovero en La Democracia Constitucional, Pedro
Salazar Ugarte FCE 2006 pag 32
[3] La Democracia Constitucional, Pedro Salazar Ugarte FCE 2006 pag 34
[4] La Democracia Constitucional
Pedro Salazar Ugarte FCE 2006 pag 178
[6] Cuando esas formas de poder de carácter cultural
dominan la capacidad operativa del sistema de justicia e impiden todo
cumplimiento de la norma o cuando surgen nuevas formas que abiertamente retan
el poder del Estado, estas establecen su propio sistema normativo y se
convierten en los responsables de su ejecución, en esa condición se transforman
en formas de poder beligerantes. En cualquiera de ambos casos la cuestión
planteada deja de ser un problema estructural, para convertirse en un asunto de
sobrevivencia de ese Estado.
[7] Que se remonta a tiempos
anteriores al surgimiento de la nación y que lejos de terminar con el
surgimiento de este evento, adquiere carta de naturalización en la nueva época independiente y se proyecta
incluso a lo largo de todos los esfuerzos de modernización, permaneciendo
vigente hasta nuestros días.
[8] Lo anterior depende en
buena medida de la voluntad de la actual representación popular para reformar
el sistema fiscal y con base en ello universalizar la salud, la seguridad
social e incorporar el seguro al desempleo, de tal manera que cualquier
mexicano tenga acceso a esos derechos por el simple hecho de haber nacido en
México.
[9] Ver CEEY, Mayo 5, 2010, http://www.ceey.org.mx/site/evaluacion/es-viable-reforma-politica-positiva-mexico
[10] El artero asesinato de Luis Donaldo Colosio ha dañado mucho a México. Es un grave asunto cuya insuficientemente explicación, ha dejado en la conciencia colectiva un fuerte tufo a impunidad. Sus consecuencias se seguirán extendiendo por
muchos años más hasta que se aclare satisfactoriamente ¿quién, quiénes y
porqué?
J Alberto Aguilar Iñárritu publicado en El
Universal en Junio 23, 2010
J
Alberto Aguilar Iñárritu publicado en El Universal, Octubre 31, 2010
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