Colegio de
Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en
Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C. “COPUEX”
2012: La
última elección del siglo XX
J.
Alberto Aguilar Iñárritu
Editorial Porrúa/Facultad de Derecho,
UNAM/COPUEX
Diciembre 12, 2011
Planteamiento del
problema...
El
tema que nos convoca: La sucesión Presidencial 2012 ¿Qué hacer para
legitimarla, por qué, cómo y cuándo?, es relevante no sólo porque la renovación
de la Presidencia de la República y del Congreso de Unión, además de la
celebración de quince elecciones concurrentes, constituye un proceso mayor de reproducción política del Estado mexicano[1]. Lo es también porque después de
más de tres décadas de transición mexicana a la democracia, la pregunta explícita
resulta al menos sorprendente y da lugar a formular varias preguntas implícitas,
por ejemplo:
¿El que el voto contara y se contara como
fuente primaria de legitimidad electoral, consumó o no el proceso de adecuación
institucional realizado a través de sucesivas reformas electorales: 1977, 1989-1990,
1996, 2007-2008?;
¿Con el advenimiento de la
alternancia en el año 2000, concluyó o no el proceso de transición mexicana a
la democracia?;
¿Las instituciones que se crearon con
motivo de ese proceso de transición, perdieron su capacidad para oficializar la
legitimidad de los procesos electorales?, ¿Si es así por qué?;
¿En términos de certeza jurídica y
política, cuál es el estado de nuestras elecciones?;
¿Asistimos a una regresión de nuestra
joven democracia?
¿Qué ha pasado desde 2006 con
nuestras instituciones?
En síntesis: ¿por qué a 12 años del
ascenso del primer gobierno de la alternancia, nos estamos formulando una pregunta
tan grave como angustiosa?;
Las respuestas posibles, aunque dan
lugar a argumentar un amplio espectro de razones, comparten una matriz común: necesariamente
deben surgir de la crítica a la interpretación dominante de la transición a la
democracia. Según esta, la conquista de la certeza del voto y su derivación posible:
la alternancia, resumían la conclusión de ese proceso que se profundizaría de
manera natural en la vida de la nación, por la presencia misma de esos factores.
Desde luego es una perspectiva que no
sólo pierde de vista el mayor logro de este proceso: la segmentación plural del poder, sino que anestesia la necesidad
de actuar en favor de crear una nueva arquitectura institucional que promueva la profundización democrática, logre
eficacia y evite la pérdida de gobernabilidad que hoy se constata. Es una
visión que, en combinación con la inercia conservadora de intereses creados, ha
estimulado la flagrante inobservancia de la clase política de la necesidad aún
no satisfecha de actualizar las instituciones del antiguo régimen o de crear
una nueva edificación ad hoc a los
requerimientos de la naciente democracia, lo cual ha frenando el desarrollo de
la misma e incluso ha dañado lo alcanzado, impidiendo la gobernabilidad
democrática anhelada.
Las élites mexicanas en general, no
obstante contar con el suficiente número de diagnósticos y propuestas para
actuar en favor de la nueva institucionalidad requerida, siguen siendo incapaces
de dotar de eficacia republicana al régimen político y de gobierno en la democracia.
Ejemplos de sus carencias, son la urgente virtud, hasta hoy ausente, de
conformar mayorías estables de gobierno o de garantizar la efectiva representación
de las causas de los votantes en el ejercicio del poder y permitir una realista
y cierta participación ciudadana en la toma de decisiones de las políticas
públicas.
Se han realizados ejercicios
colectivos tan amplios y tan plurales, como inteligentes y viables para definir
el nuevo rumbo. Sin embargo, sus trabajos y conclusiones no han merecido en la
práctica un mejor destino que abarrotar los anaqueles del voluminoso archivo
muerto, que se acumula a lo largo de este penoso impasse nacional. Sin duda hay avances, pero estos son insuficientes
respecto a la agenda que requiere el cambio democrático nacional. Entre
otras, se han pospuesto cuestiones estratégicas como:
- Solucionar la no resuelta ecuación presidencialismo-pluralismo partidario, a partir de abrir el camino a las coaliciones de gobierno y a la cooperación entre poderes, sin menoscabo de su independencia;
- Garantizar la voluntad de los militantes y de las causas ciudadanas en la toma de decisiones de los partidos políticos, en particular respecto de selección de candidatos, de dirigencias y en la definición y el respeto pleno de sus documentos básicos;
- Exigir a los partidos políticos contribuir a la educación política y cívica nacional y por tanto a la creación de ciudadanía, así como a la elevación del debate político, mediante la definición programática de por qué quieren ganar una posición de representación de la ciudadanía y que ganaría ella si eso sucede;
- Flexibilizar las reglas para la creación de nuevos partidos políticos y permitir las candidaturas ciudadanas con el fin de abrir el oligopolio de las actuales franquicias electorales: concesiones insalvables, que cierran vías a la lucha democrática por el poder en función de intereses personales y de grupo;
- Hacer de la transparencia y de la rendición de cuentas a nivel federal y, donde hay más rezago, a nivel local, una exigible pauta cotidiana de conducta pública;
- Dar carta de naturalización a instrumentos de democracia semidirecta, como el referéndum y el plebiscito y la iniciativa ciudadana.
- Avanzar en la reelección de diputados, senadores y alcaldes, para propiciar el profesionalismo en los representantes, así como un mayor involucramiento y control de la ciudadanía en la vida pública y estimular a sus representantes a tomar decisiones con un horizonte de largo aliento y a no considerar sólo el interés de padrinazgos políticos e intereses coyunturales;
- Fortalecer las capacidades constitucionales del Poder Judicial para intervenir en controversias entre poderes federales, entre poderes nacionales y locales, y entre poderes locales, a través de la creación de un tribunal de casación o de un tribunal constitucional, que colabore también en la necesaria doble relación de contrapeso y cooperación entre poderes;
- Avanzar hacia un federalismo fuerte y cooperativo que potencie la ventajas competitivas de las regiones del país a partir de quitar las restricciones constitucionales a las asociaciones o alianzas entre estados y entre municipios. Incluso crear un cuarto nivel de gobierno de carácter supra regional o de cuencas, metropolitano y comarcal, en bien de un vigoroso desarrollo compartido y una mejor gobernabilidad;
- Robustecer la capacidad recaudatoria y tributaria del Estado Mexicano, en el entendido que lo fiscal es la columna vertebral del estado y que su diseño y aplicación resulta de un pacto de poder fundador que soporta el rumbo de la nación y que cuando éste no está resuelto, por insuficiencia o mala gestión, se pone en riesgo la propia estabilidad nacional.
El ausente nuevo pacto de poder...
La posposición, incluso freno a la
instrumentación de estos temas y de muchos más, ha propiciado que a lo largo de
los últimos diez años México se haya envejecido y perdido el paso en la ruta de
su modernización. Un proceso lastimado desde 1994, cuando entró en crisis el
proyecto de modernización nacional emprendido desde 1983, al colapso del
antiguo régimen en 1982, y que en otros trabajos he denominado la modernización
fallida[2] que padecemos en lo económico, en lo
político y en lo social.
En el aspecto político, el aspecto
más dañino de esta situación radica en la no resolución de la contradicción
existente entre la segmentación plural del poder, característica de la realidad
política actual, y la forma de gestión cerrada y excluyente que sobre de ella
se ejerce, acorde con las inercias de un diseño propio de circunstancias ya rebasadas.
El ejercicio actual del poder se sigue
fundamentando en el añejo principio presidencialista de que el que gana, gana todo, y el que pierde, lo
pierde todo, lo cual propicia estímulos racionales a la confrontación entre
las partes, muy distantes a la colaboración entre las mismas que requiere una
democracia bien asentada para poder gobernar con eficacia.
Al que gana hay que confrontarlo en
todo y al que pierde, no hay que dejarlo brillar. Esas son las reglas vigentes
que requerimos cambiar y que hoy hacen que se compita electoralmente y que se
gobierne entre enemigos, no entre adversarios.
De igual forma con relación a los
órganos de gestión electoral de última generación, su diseño no ha sido capaz
de superar los intereses del oligopolio de los partidos políticos y de frenar
sus embates por partidizar la acción de la institución electoral desde adentro,
-es el caso del jugador que hace lo posible
por controlar al árbitro-, menos aún lo han podido hacer para contrarrestar
las frecuentes acometidas de los grandes grupos fácticos, en complicidad o no
con los partidos políticos.
En buena medida el actual debilitamiento
de los órganos electorales autónomos, resulta de haber fincado su trazo
institucional en el imaginario supuesto de la neutralidad ideológico-partidaria
de sus integrantes, cuestión que ha caído por sus fueros una y otra vez a cargo
de los propios consejeros elegidos bajo esa premisa. En vez de buscar la
inexistente neutralidad política, la institución electoral debió, -y debe tratar
de hacerlo ahora -, haber cimentado su diseño en la imparcialidad jurídica y en
garantizar su reproducción a partir de las fortalezas de su propio servicio
civil de carrera, lo cual cerraría rendijas de influencia a los partidos
políticos y eliminaría el tortuoso proceso de designación cameral de sus consejeros,
basado en satisfacer cuotas partidarias, así como la existencia de la nueva
contraloría externa, también de origen legislativo.
Pero más allá de esas fallas de
diseño, y esto rebasa la competencia de los mencionados órganos electorales
autónomos, las élites tampoco han trabajado en construir la única muralla capaz
de defender al árbitro: la conformación
del acuerdo político nacional o pacto de poder mayoritario, que funde y soporte
a la democracia como nueva época de la nación.
Me refiero a un gran concierto de
voluntades entre todos los segmentos plurales de poder o al menos entre su
mayoría absoluta, -yo le he denominado un pacto
mayoritario de minorías activas[3]-, donde se convienen las líneas
básicas del rumbo nacional que son aceptadas y aprobadas por todos los
concertantes y que, -entre otros aspectos-, permiten situar las elecciones en
su verdadera dimensión: procesos que
definen mandatos y caminos en un ejercicio ceñido a una hoja de ruta y a una
brújula estructuralmente pactadas.
En ningún lugar, ni en ningún momento,
las elecciones se hicieron para redefinir el rumbo estructural pactado de una
democracia, cierto que pueden ser el vehículo para cambiar radicalmente su
trayectoria, pero en todo caso eso se dará en el ejercicio del poder y para
tener éxito deberá contar con un alineamiento mayoritario de las voluntades
diversas y opuestas[4].
Lo que no es sano, y yo diría
demoledor para una democracia, es que sus elecciones se conviertan en los
vehículos para hacer la guerra entre sus partes, porque entre ellas no hay
acuerdos de fondo y privan sus miedos al exterminio mutuo.
En esos casos, no hay adversarios,
sólo enemigos, lo cual afecta desde ese momento la futura gobernabilidad, que
por razón de la propia segmentación del poder, necesariamente implica algún
grado de colaboración entre triunfadores y derrotados.
Así es México, tres fuerzas
principales que se disputan alcanzar el tercio mayor de los votos, - yo le denomino el 33% plus -, para
lograr un precario triunfo y otras cuatro que se acomodan en los intersticios
de los resultados determinantes para sacar provecho de la situación en favor de
su frágil permanencia.
El resultado son elecciones convertidas
en batallas campales, acompañadas de guerras sucias y de todas las mañas
posibles para no ceder un ápice de la pequeña parcela al enemigo y después
hacer del gobierno del ganador, un gobierno minoritario acosado; esto fue el
2006, seguimos padeciendo sus secuelas, y muy posiblemente también será el
escenario posterior al primero de Julio del 2012.
En estas condiciones pedirle a los
órganos electorales de la nación o incluso a buena parte de los votantes y a
los partidos derrotados que acepten la legitimidad de una elección en esos
términos, resulta una tarea ardua, por más que se satisfagan los expedientes
jurídicos del caso.
Es tanto como requerirle al cuerpo
arbitral de un partido de futbol que además de trabajar con su tarjetas, correr
para vigilar el respeto al reglamento y garantizar la imparcialidad de sus
decisiones, también se encargue de supervisar la seguridad interna y externa
del estadio y si se puede de la ciudad, así como de la conducta interna de
dirigencias y jugadores en cada liga, en cada equipo y en la propia federación
de futbol.
La solución se conoce, está en iluminar
aquellos puntos oscuros de nuestra estructura institucional y reanudar los
caminos muchas veces desandados: aquellos que llevan a reformar el régimen
político y de gobierno y a los partidos políticos.
La elección del 2012 sería muy
diferente a lo que se presagia, si alrededor de ella se tejiera un acuerdo
básico entre todos los aspirantes a ocupar la silla presidencial para que gane
el que gane se reforme el régimen político con el objetivo de hacerlo
incluyente de la diversidad en contienda, comenzando por instituir las deseables
coaliciones gobernantes en caso de que nadie, como se prevé, obtenga al menos
el 50% más uno de los votos tanto en el Ejecutivo, como en el Legislativo.
Claro su contexto sería todavía mejor
si los honorables legisladores nos obsequiaran con algunos avances en materia
de reforma política, que aunque tal vez insuficientes, tendrían –parafraseando al
Doctor Diego Valadés- “…la virtud principal de marcar el
inicio de la reconstrucción institucional del país. Un primer paso de gran
trascendencia, aplazado en exceso, que indicaría que el estiaje político ha
terminado…y que podemos revertir el déficit de gobernabilidad que padecemos,
con unas instituciones que desde hace tiempo no dan para más y que se han
sostenido por la inercia de un pasado que se enquistó”
Cierto
que otras opiniones afirman en que no hay que hacer nada, que las vetustas
instituciones están bien y que sólo es un asunto de sustituir a personas
incapaces que no saben gestionarlas. Esta corriente constituye el ala más
conservadora de nuestra pluralidad, un segmento plenamente restaurador, y su
discurso, congruente con su imaginería, concluye en que si la realidad no se
adapta a su modelo peor para la realidad porque habrá que forzarla, lo que en
este caso significa limitar o, incluso, cercenar el pluralismo.
Otras
opiniones, situadas al centro de la anterior, establecen que la solución es
simple y se resuelve por medio de decretos. En consecuencia proponen modificar el
tope de 8% a la sobrerrepresentación en el Legislativo[5]
y regresar a la cláusula de gobernabilidad[6]
para que el segmento que obtenga el 33% plus
de los votos pueda tener mayoría absoluta.
Una
propuesta adicional, que se ubica dentro del mismo grupo de la anterior,
plantea como solución la incorporación de la segunda vuelta en la elección
presidencial, con desfase de un mes en la elección legislativa, suponiendo que
el elector le otorgará la mayoría legislativa a la misma bandera que hizo ganar
la Presidencia, cuestión que en el análisis comparado[7]
no se comprueba.
Esto
dos últimos métodos suponen que toda mayoría formal es real, no importa si su
construcción se hizo por decreto o por artilugio y tampoco si su conformación
implica la exclusión de una parte de la pluralidad en un contexto de alta
difusión del poder. La crítica las considera mayorías artificiales y establece que una vez decretadas corren el riesgo de que las
partes excluidas no las asuman como tal, ni les hagan caso, para efectos de
gobernabilidad[8].
El
tercer grupo se sitúa del centro a la izquierda y congrega a todas aquellas
posiciones que se plantean algún grado de parlamentarización del régimen
político, desde generación de un sistema presidencial funcional o de un gobierno presidencial de gabinete, hasta la
creación de un régimen parlamentario, pasando por el semipresidencialismo que
separa al Jefe del Estado y al Jefe del Gobierno.
El
leit motiv de las propuestas de este
grupo, es fortalecer la eficacia de la
gobernabilidad democrática a partir de adecuar la forma de gobierno a los requerimientos de la realidad plural
segmentada, surgida de la pasada transición.
Su
virtud está en hacer avanzar la arquitectura institucional de acuerdo con los
requerimientos de la modernización democrática que necesita México. La gran
mayoría de ellas se pronuncian por modificar en parte modelo presidencial y no
por sustituirlo.
De
tal suerte que los analistas[9]
identifican tres esquemas dominantes en
este segmento de propuestas: el sistema presidencial funcional y
equilibrado; el sistema presidencial con gobierno de gabinete o racionalizado;
y el sistema semipresidencial.
El primero, sistema
presidencial funcional y equilibrado o funcional, busca garantizar
la eficacia del Poder Ejecutivo. Mantiene al Presidente en su carácter de Jefe
de Estado y Jefe de Gobierno, y lo dota de varios instrumentos constitucionales
para gestionar mejor su relación con el Congreso.
El
Presidente puede modificar la correlación de fuerzas en el Legislativo a favor
de su gobierno mediante la construcción de alianzas interpartidistas. Es por
tanto un modelo proclive a la formación de gobiernos de coalición que no
requiere cambiar una letra de la Constitución o de cualquier ley o reglamento,
porque sólo basta que la comprensión y aceptación de su circunstancia motiven en
tal sentido la voluntad política del Ejecutivo.
Esta
propuesta busca estimular la corresponsabilidad del Congreso con el Ejecutivo
por vía de conformar y honrar un acuerdo político y legislativo plural
específico, -también denominado pacto legislativo expreso-, para generar un
equilibrio favorable a la cooperación y colaboración entre esos dos poderes. De
ahí que también se proponga fortalecer al Poder Legislativo y sobre todo
profesionalizarlo, por lo que es compatible con instituir la reelección
consecutiva de legisladores.
Establece
la necesidad de construir varios instrumentos constitucionales para tramitar
adecuadamente la relación entre esos dos poderes mencionados, entre ellas: la iniciativa legislativa preferente del Presidente;
la potestad del de emitir decretos
legislativos sujetos a control por el Poder Legislativo; la reconducción del
presupuesto; el veto presidencial sobre leyes, precisar su ejercicio; el veto
presidencial sobre presupuesto; y el fortalecimiento de las competencias de las
comisiones congresuales.
Respecto de la segunda propuesta: el sistema presidencial con gobierno de gabinete o
racionalizado, los proponentes mantienen también en el Presidente la
jefatura del Estado y del gobierno, pero al control del Poder Legislativo sobre
el Ejecutivo, le adicionan un denominado por los analistas[10]
control intraorgánico que proviene
del nominado Gabinete del Poder Ejecutivo.
Esta figura supone la creación del Jefe
de Gabinete, que es un funcionario subordinado al Presidente que lo propone
como responsable de coordinar esa nueva figura, de elaborar el Plan Nacional de
Desarrollo, de gestionar el desempeño del programa presupuesto anual y de ser
el principal interlocutor con el Congreso, lo que le permite asistir y
participar a las sesiones camerales, con voz pero sin voto.
De esta manera se responsabiliza en forma más
orgánica al Congreso de las tareas del gobierno, en primer lugar porque, a
propuesta del Presidente, este ratifica y/o otorga un voto de confianza al
Ejecutivo en la nominación de los integrantes del Gabinete en general y, con respecto
del denominado Jefe de Gabinete, en particular.
En segundo lugar porque a través de este
esquema, el Congreso establece el seguimiento puntual de la acción de gobierno,
cuya evaluación puede en su caso dar lugar a la censura legislativa, que puede
propiciar la remoción de cualquier funcionario, incluyendo al Jefe de Gabinete
y en consecuencia generar la necesidad de nominar otro Gabinete.
En este modelo, la coaliciones de gobierno,
no sólo son altamente valoradas, sino que se establecen por obligatoriedad para
evitar que se gobierne en minoría si el candidato triunfante no tiene los votos
suficientes para garantizar la mayoría absoluta en el Congreso.
Entre los instrumentos de gobierno y de
control de gobierno del sistema
presidencial con gobierno de gabinete se configuran: el
reconocimiento constitucional del Gabinete del Poder Ejecutivo; la ratificación
del Gabinete por el Poder Legislativo, el reconocimiento constitucional del
Jefe de Gabinete; la ratificación del Jefe de Gabinete por el Poder Legislativo;
la desaprobación congresual de los miembros del Gabinete y del Jefe de Gabinete;
la remoción libre como potestad presidencial del gabinete legal; el derecho del
gobierno a hacer uso de la voz en el Congreso; la iniciativa legislativa
preferente del Presidente; la reconducción presupuestal; la pregunta
parlamentaria; la interpelación parlamentaria; el veto sobre leyes precisando
las condiciones de su ejercicio; y la
potestad de publicación de las leyes por el Congreso.
La tercera opción, el denominado modelo
semipresidencial, a diferencia de las anteriores, propone la
separación entre la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. La primera
corresponde al Presidente electo por la
ciudadanía y la segunda, el Jefe de Gobierno, recae en un funcionario electo
por el Congreso a propuesta del Presidente, en concordancia con la correlación
mayoritaria de fuerzas ahí representadas. Esta última circunstancia consolida la relación de confianza política del gobierno
con el Congreso quien además de su nombramiento, determina su permanencia en el
cargo.
Las competencias del Jefe de Gobierno se
establecen en la Constitución y para el ejercicio de la función contaría con la
nominación de un Gabinete reconocido constitucionalmente, nombrado por el
Legislativo a propuesta suya. Esta forma de gobierno tiene por definición un
carácter de coalición obligatoria que asegura
la formación de mayorías estables.
Entre los instrumentos de gobierno y de control de
gobierno del sistema semipresidencial se enumeran los siguientes: el
reconocimiento constitucional del Gabinete del Poder Ejecutivo; la ratificación
del Gabinete por el Poder Legislativo; el reconocimiento constitucional del
Jefe de Gobierno; el reconocimiento constitucional de las atribuciones del Jefe
de Gobierno, entre las que se encuentra la potestad de iniciar leyes; la aprobación
del nombramiento del Jefe de Gobierno por el Poder Legislativo; la moción de
censura vinculante de los miembros del Gabinete y del Jefe de Gobierno; el fortalecimiento
de las competencias de las comisiones del Congreso para evaluar la gestión del
gobierno y participar en el proceso presupuestal; el fortalecimiento de la
potestad del Congreso de citar a comparecer al Jefe de Gobierno y en general a
los servidores públicos del Poder Ejecutivo, el
veto sobre leyes precisando las condiciones de su ejercicio, y la
potestad de la publicación de las leyes por el Congreso para superar el veto de
bolsillo.
La contienda definitiva entre
arcaísmo y modernidad...
Desafortunadamente
para el destino de toda propuesta de reforma sustancial del régimen de
gobierno, el tema no forma parte de los candidatos definidos hasta ahora por el
PRI y el PRD y muy probablemente sea el mismo caso en el PAN. La constante ha
sido que los aspirantes más modernos en cada una de esas fuerzas han dejado su
lugar a los más tradicionales, quienes en general consideran que todavía es
posible ganar la Presidencia de la República por una mayoría aplastante y, aún
más, que ese efecto repercutirá en la conformación del Legislativo y suprimirá
los congresos divididos, sin mayorías estables.
La
realidad habrá de imponerse y demostrar quién tiene la razón, si los que
pensamos que la segmentación del poder en México llegó para quedarse o los que
consideran que pueden lograr la mayoría absoluta desde las urnas. En todo caso
es claro que la elección 2012, que por desgracia será última del siglo XX y no la primera del
XXI, además de establecer un ganador, definirá si las concepciones
tradicionales triunfan o son derrotadas y, en función de ese veredicto, se
franquearán o no las compuertas que han detenido el cambio.
Sin embargo, todo hace suponer que
la elección que haga la diferencia en la disputa entre arcaísmo y modernidad, -a
la que venimos asistiendo desde hace muchos años y donde hasta ahora ha ganado
el primero-, se dará hacia el 2015 después de hacer pagar todavía mayores costos
a la nación por la asfixia que impone el conservadurismo a su desarrollo.
Cuando
quien triunfe en la contienda se dé cuenta que la ingobernabilidad es también
un asunto de no contar con instituciones renovadas y funcionales a las nuevas
realidades, entonces tal vez se disponga abrir la posibilidad de la reforma.
Mientras tanto, parece que el 2012 se volverá a jugar entre distintas versiones
de la tradición, sus fantasmas y sus muertos insepultos: entre el discurso
Atlacomulco-Agualeguas y el discurso Echeverrista-Cardenista o contra alguna forma
de reedición del panismo calderonista. Es decir, de nueva cuenta el siglo XX, -con
sus saldos negativos no resueltos, en torno al desmoronamiento del fallido proyecto
modernizador-, volverá a actuar en el 2012 y a determinar el rumbo de un suceso
nacional de reproducción política en el siglo XXI.
El
tan sobado discurso de unidad, que retumba en las bocinas de todos los partidos
políticos, sólo presagia la división interna. Hasta ahora quien ha resultado mejor
librada de la división es la izquierda. Sin embargo, para mantener y acrecentar
su cohesión interna requiere acompañar su proceso electoral con la imprescindible construcción de un nuevo
partido del siglo XXI[11]
y no pretender cubrir las necesidades insatisfechas de la democracia con la
figura del caudillo, por muchos votos que este pueda lograr.
El
principal partido de izquierda, el PRD, fue el primero en tocar fondo en la
descomposición que a todos los partidos políticos afecta. Solucionaron bien sus
ajustes internos de coyuntura pero su reto sigue siendo construir una oferta
atractiva al hartazgo de la ciudadanía con la política y sus actores. Si lo
logra, sin duda podrá ganar el 2015 y perfilar la constitución de un nuevo
bloque de poder pactado que sustituya al actual, cada vez más desgastado por su
incapacidad para imprimir certidumbre, inclusión, prosperidad y seguridad al itinerario
de la nación. Si lo hace ahora, podría dar la sorpresa en el 2012.
El
PRI tiene por delante un complejo problema de inclusión que no podrá superar con
su tradicional "cargada": la ilusión de la “cargada” es eso; la inclusión
es un asunto de abrir espacios para hacer política y demostrar capacidad de
gobierno a través del acuerdo interno que arriba a la unidad. Es un partido bajo
sospecha de restauración, obligado a demostrar en su propuesta su declarativa renovación
y ese requerimiento no lo puede satisfacer con fachadas juveniles que asocian
edad y modernidad como si fueran pares automáticos.
El PRI debe refrescar su pacto interno,
empezando por abandonar toda simulación
en la construcción de su oferta hacia una sociedad que reclama ética y certeza,
lo cual comienza por respetar las definiciones de sus documentos básicos. No
puede olvidar que el 2012 será un referéndum de gobernabilidad y que de las
fortalezas que exhiba en la materia dependerá su posibilidad de triunfo. Apostar
todo al marketing resulta riesgoso en
una elección donde se impulsará el debate de fondo para impactar a los
electores "swishers", quienes
definirán el resultado de la elección. Si se filtra en el electorado, que su
oferta es hueca, mucha forma y poco fondo, sufrirá para ganar.
La
corriente actual en el poder del PRI pertenece al neoliberalismo que condujo la
modernización fracasada de los años 90. Es la corriente minoritaria de las tres
que conforman esa organización política pero la que, aunque en forma subordinada,
tiene más presencia en la visión y voluntad del sector pro-oligárquico de la
vida nacional. Las otras dos son el añejo nacionalismo revolucionario presente
entre los cuadros más antiguos del partido y la socialdemocracia o democracia
social que practican los cuadros más modernos, en congruencia con la
Declaración de Principios del PRI, pero la que paradójicamente tiene menos
posiciones de mando.
Si
el PRI no lo logra incluir a todas las corrientes internas en un proyecto
común, corre el riesgo de volver a fracturarse y perder de nuevo la carrera
presidencial. Hasta ahora las dirigencias de ese partido han mostrado ser
buenas para ganar a toda costa, pero todavía no han dejado claro ni por qué, ni
para qué lo hacen y menos aún qué gana la mayoría de la sociedad con ello.
Muestran un pragmatismo muy alejado de las demandas éticas de una sociedad que
necesita poder creer y parecen no darse cuenta que el triunfalismo, el
avasallamiento y el fantasma de la restauración, constituyen su grandes venenos
no sólo electorales, si no estructurales respecto del reto nacional de hacer de
México una Patria donde quepamos todos y todos podamos progresar con dignidad.
El
PAN se debate entre la intromisión de su gobierno en sus procesos internos y
sus tradiciones civilistas, en medio de un profundo desgaste de sus colores
después de más de una década de gobiernos incapaces de cambiar a México por la
ruta de la modernidad con equidad social, seguridad y prosperidad; eso que la
gente esperaba de ellos cuando les otorgó su voto. Más aún, se pueden
vislumbrar grandes divisiones a su interior, al menos entre tres bloques: el
panismo tradicional, el panismo foxista y el calderonista, lo cual sin duda
constituye un serio flanco de debilidad.
Además
sus aspirantes a la candidatura presidencial no logran posicionarse
convenientemente en el ánimo de los electores. Parecieran estar más
esperanzados en contar con la fuerza de su gobierno como apoyo, que en sus
propias capacidades de liderazgo.
Desde
luego la obsesión del actual gobierno por mantener el poder a toda costa será
un factor temible en todos los sentidos en las elecciones 2012, pero su
eficacia estará en función primero de que el candidato nominado sea el
preferido por el Presidente Calderón y segundo que los anticuerpos del propio
sistema no neutralicen sus acciones en defensa de la estabilidad institucional
de la democracia mexicana.
Los
otros partidos bisagra, se encuentran ocupados por sobrevivir y avanzar explotando
las debilidades de los partidos grandes, sin duda se volverán a beneficiar pero
eso no implicará ningún tipo de mejora política nacional. Conservaran y aún
mejoraran sus posiciones por cierto a costa del encono de las militancias de
los partidos grandes, quienes ya se sienten asaltadas por su intromisión en la
selección de candidatos, en particular en el PRI.
La
elección del 2012 se visualiza mucho más reñida de lo que indicarían algunas
encuestas, desde mi punto de vista será más parecida a la de Michoacán que a la
ocurrida en el Estado de México, ambas celebradas en este 2011. Se prevé un
padrón de alrededor de 80 millones de
votantes, con una participación de entre 45 y 50 millones de personas, donde el
PRI, aunque está bien posicionado, con muy buena campaña tendría problemas para
llegar a los 17 millones de votos de la elección de Ernesto Zedillo; el PRD
bien podría superarse de un piso de 10 a 12 millones de votos y el PAN tendría
por lo menos otro de 10 millones, lo cual hace un total estimado de entre 37 y
39 millones de votos sobre 45 o 50 millones posibles.
Es
decir que habría entre 6 y 13 millones de electores que todavía no definen su
voto, -y donde hay votos en blanco y por los partidos bisagra-, por lo que no se
visualiza espacio para triunfos holgados. Como ya se dijo, la definición de la
elección 2012 corresponderá a los votantes cambiantes o independientes, en particular a los segmentos de conformados
por las amas de casa clase media baja y por los trabajadores con negocio
propio.
Con
independencia de quien gane, es claro que nadie logrará la mayoría absoluta y
de nuevo hay espacio para que se presenten altos niveles de cuestionamiento a
la legitimidad de la elección en general y a la fuerza triunfante en particular.
Lo anterior pese a las buenas intensiones del abigarrado diseño de la norma
reformada en 2007-2008 y a los constantes llamados a la civilidad por parte de
las autoridades electorales.
Una
vez más la ausencia de un nuevo pacto de
poder[12] estará
en la base del contexto de la elección, complicando y determinando la
conflictividad de la misma en el marco de un país acosado por la inseguridad de
una guerra que no parece tener fin y de una economía incapaz de proveer de los
mínimos de bienestar a crecientes masas de la población, mientras se profundiza
la grosera concentración del ingreso que padecemos.
Una vez más quedará claro que sin
ese nuevo pacto de poder de la democracia, no hay manera de transformar los
enemigos en adversarios y las elecciones no dejaran de ser un juego de
exterminios con nocivas repercusiones en la gobernabilidad de gobiernos de
primera minoría con congresos divididos.
Sin
duda las autoridades electorales harán bien su tarea, pero de nueva cuenta
difícilmente eso bastará para evitar deslegitimaciones, toda vez que ellas
mismas han estado sometidas a campañas incrementales de desprestigio con la
finalidad de coparlas. En particular, si las señales negativas que se han percibido,
-que advierten de una seria intervención electoral del gobierno en favor de su
partido-, se cumplen, entonces habría que prepararse para asistir a una
conflictiva de grandes proporciones que los mexicanos no merecemos ni deseamos.
Finalmente,
at least but not last, la situación
de alta inseguridad que se padece en varias partes del país, en el contexto de
la denominada guerra contra el narcotráfico, declarada por el gobierno del Presidente Calderón, indudablemente le añade
un factor adicional de incertidumbre al proceso 2012. Es patente en el dicho de
muchas autoridades, así como en hechos constatados por la opinión pública, -como
el caso del Diputado del PRD, Julio César Godoy Toscano[13], acusado
de tener ligas con una organización del narco-, que existe el riesgo de sufrir en
algunas zonas intromisiones distorsionantes de este tipo de organizaciones delincuenciales
durante las próximas elecciones, tanto en materia de financiamiento sucio, como
de compulsión extralegal a candidatos y votantes.
Este
es un asunto claramente rechazado por todos los partidos políticos y por la
ciudadanía en general, lo cual juega algún papel en su prevención. Pero
incontestablemente tanto la prevención, como en su caso la persecución,
aseguramiento y sanción conducentes, competen en primer lugar al gobierno
federal, a los gobiernos estatales y municipales y, en lo relativo a su función,
a las autoridades electorales, aunque es un tema básicamente ministerial.
Me
parece que no debemos dudar que se están tomando las medidas necesarias por
parte de todos los actores en la esfera de su responsabilidad para neutralizar
este riesgo: no hay lugar para concebir
unas narco elecciones 2012. Por eso sería muy grave que cualquiera de las
opciones en próxima contienda discurriera la posibilidad de convertir en un
arma de desprestigio o de alteración de resultados el espectro de la
intromisión electoral del narco. Algunos partidos incurrieron en esa negativa hipótesis
en las pasadas elecciones de Michoacán cuando no se vieron favorecidos con el
voto mayoritario, no obstante haber proclamado horas antes su triunfo, -nunca
confirmado-, con base en encuestas de salida mandadas a hacer por ellos mismos.
Peor
aún sería que en una inaceptable lógica de entrometerse en las elecciones, más
allá de sus legítimas preferencias partidarias y de la justa defensa de sus
acciones de gobierno, el Presidente Calderón
cediera a la tentación de convertir el tema del narco en un instrumento que pudiera
alterar o manipular el clima electoral en distritos manifiestamente perdidos
para su causa.
Actuar
de esa manera sería como poner una verdadera carga de dinamita en el proceso
electoral, que haría explotar no sólo la confianza ciudadana en el mismo, sino la
certidumbre institucional de nuestra reproducción política y, con ello, la
precaria estabilidad política nacional, con consecuencia imprevisibles.
Ante
eso se debe exigir al Titular del Ejecutivo Federal no sólo un pulcro
comportamiento apegado a la norma constitucional, sino también la máxima
responsabilidad política y plena consistencia con su convicción democrática y
con el amor a la Patria más allá de cualquier color, bandera o candidato
partidario.
¿Qué
hacer...?
En
primer lugar terminar de conformar el Consejo del IFE para dar un mensaje de
certeza jurídica. Es imprescindible obligar a la Cámara de Diputados a cumplir
con la Ley, lo contrario resulta por lo menos aberrante. Es claro que el alto
nivel de institucionalidad y eficacia
operativa alcanzados por las autoridades electorales es suficiente para
garantizar que las elecciones se realicen dentro de los estándares esperados,
pero eso no basta para cerrarle la puerta a las suspicacias y a las tentaciones
de denunciar ilegitimidad ante la eventual derrota, se demanda también integrar
y completar la forma.
Adicionalmente
es necesario neutralizar el efecto de las campañas mediáticas contra el IFE
comenzando por exhibir moderación y prudencia en el comportamiento
administrativo del Instituto Federal Electoral, en particular con relación al
manejo de los recursos por parte los consejeros, en especial con respecto a sus
prebendas de ley. Pero también se requiere explicar a la opinión pública que
cerca del 65% del alto presupuesto electoral que a mucha gente ofende y es base
ataques mediáticos se gasta en dos rubros: registro electoral y capacitación de
funcionarios insaculados en cada proceso electoral, 50% y el 15% respectivamente. Son dos rubros
resultantes del criterio de desconfianza en el que se basó el diseño del modelo
electoral mexicano y cuya superación dependerá, -reiteramos-, de que las
elecciones se realicen entre adversarios pactados y no entre enemigos a
destruir.
Aún
más, en un informe reciente, la Organización de Estados
Americanos (OEA)[14], establece
que de acuerdo con la relación entre el costo total de las elecciones y el número
de votantes registrados, el coste de cada voto en México se ubica en 4.2 dólares, mientras que en Estados
Unidos alcanza los 28 dólares y en Brasil 19.9 dólares. Refiere también que son los partidos políticos
mexicanos quienes reciben un subsidio muy elevado y sugiere aplicar el modelo
mexicano en toda América Latina.
Por
otro lado, resulta imperativo avanzar en el fortalecimiento de los órganos
reguladores en materia de medios y así apoyar el trabajo de las autoridades
electorales para equilibrar la acción mediática. Se debe evitar que los medios sobre
determinen la elección, al gravitar excesivamente sobre las preferencias del
elector, así como trabajar en la regulación del uso proselitista de las
encuestas, tan en boga a últimas fechas.
Así
mismo, es necesario hacer un replanteamiento de la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a partir de la revisión de los
tipos penales y de las sanciones en materia electoral vigentes, en el entendido
que esa normatividad presenta un alto grado de obsolescencia respecto de nuevos
supuestos no contemplados en su origen. Además de impulsar su plena autonomía
del Ejecutivo Federal, como la mejor garantía de eficacia jurídica de la ley en
la materia.
Sin embargo, lo más importante es
neutralizar la creciente tendencia hacia la "espotización" de las
elecciones que minimiza la importancia de la propuesta política, no educa al
elector y somete al debate a una ruidosa cascada de mensajes de 30 segundos.
A
pesar de los esfuerzos del legislador en la reforma electoral de 2007-2008,
vuelve a ser necesario revisar el régimen de propaganda electoral, para incrementar
la cultura política ciudadana mediante el debate, porque hasta ahora siguen ganando
la carrera los espots. Esta "espotización"
propicia, además de vaciedad,
distorsiones que convierten en un mero espectáculo el ejercicio electoral que determina
el destino del país, donde la baja calidad de la información proporcionada por
estos mensajes, hace posible una mayor manipulación del elector. La importancia de la propuesta es sustituida
por el peso de la sensación, mientras la racionalidad del votante es
neutralizada, y su opinión es reducida a un cambiante estado de ánimo.
La
forma de combatir este nocivo fenómeno es forzar el debate público entre los
aspirantes, primero al interior de los partidos políticos y luego de cara a la
ciudadanía. Las redes sociales, muchos más dinámicas y libres, han venido
constituyendo una alternativa para superar el cerco del espot, pero siendo muy
importantes, todavía no llegan con suficiencia a los grandes públicos que
definen una elección.
De
ahí que el IFE debería estimular la formación de organizaciones ciudadanas
independientes de cualquier partido, para que, en calidad de sus coadyuvantes, impulsen
el debate de propuestas entre aspirantes, toda vez que esa vía constituye un
eje de educación democrática del elector que además eleva la calidad de la
política en las elecciones.
La
fiscalización del dinero en los comicios es otro punto complejo y todavía no
resuelto, a atender. Neutralizar la acción del llamado dinero sucio y en
general de todo recurso que propicie inequidad y rebase los topes de campaña,
requiere de la acción coordinada de varias instituciones del Estado y del gobierno,
sobradamente las financieras. Desde luego hay avances significativos[15],
pero todavía existen campos oscuros capaces de distorsionar los procesos electorales,
que ameritarían acciones más contundentes que pueden llegar a cancelar el triunfo
del candidato cuya campaña rebasó los topes de ley o incluso cancelar el
registro del partido en cuestión.
Otro
rubro fundamental donde se podría avanzar para colaborar con la legitimidad de
la elección, es el relativo a impulsar una Ley de Partidos. Es claro que tal y
como está, el sistema de partidos se
encuentra desgastado. Hemos arribado al
fin de la era Reyes Heroles y es momento de abrir de nuevo las compuertas para
refrescar al sistema.
Hay
cinco maneras de hacerlo: una, la que nos ocupa, promulgar una nueva ley de
partidos políticos; dos, -ya se dijo-, fortalecer el debate contra la espotización, a los órganos reguladores para
que sean verdaderamente independientes particularmente en materia de medios y hacer
una revisión a fondo de tipificación penal con que cuenta la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como dotarla con
autonomía efectiva respecto del Ejecutivo Federal y reforzar la fiscalización
del dinero; tres dar lugar a las candidaturas independientes; cuatro a la
reelección de legisladores y alcaldes, y cinco, impulsar algún avance en
materia de gobiernos de coalición.
Nueva Ley de Partidos Políticos...
Es
de recordarse que el actual sistema de partidos tiene su origen en la reforma
electoral que impulsa Jesús Reyes Heroles en 1977, denominada: Ley de
Organizaciones y Procesos Electorales (LOPPE)[16].
Esta Ley surgió de la necesidad de ampliar los márgenes de maniobra del antiguo
régimen político, cuya alta rigidez se expresó en la campaña electoral de 1976
donde el candidato del PRI, José López Portillo, fue el único postulante del
sistema legal de partidos políticos.
El
otro candidato fue el viejo líder ferrocarrilero comunista, Valentín Campa
Salazar, cuyo partido político, -proscrito en 1940[17]
por segunda vez desde su creación en 1919 y fuertemente golpeado después del
Movimiento estudiantil de 1968-, recibió
alrededor de un millón de votos no válidos por
carecer de registro. Estos votos exhibieron con claridad el principio del
agotamiento del sistema de partido hegemónico, mismo que comenzaría un largo camino
hacia el derrumbe de su hegemonía a partir de 1983, con dos fuertes crisis en
1988-89[18] y en 1994-95, hasta el
advenimiento de la alternancia en el año 2000.
La
sagacidad política del entonces Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles,
abrió la puerta para que el Presidente José López Portillo decidiera iniciar la
construcción de una nueva arquitectura en materia de partidos políticos,
diseñada bajo el criterio reyes heroliano
de que lo que opone apoya.
La
apertura política que implicaba la LOPPE constituiría una bocanada de oxigeno
para renovar la fortaleza del régimen político de la Revolución que, no
obstante, habría de colapsarse pocos años después en medio de una profunda
crisis fiscal para dar lugar, con las siglas del PRI todavía en el poder, pero
con un priismo distinto al surgido de la Revolución, a la fracasada búsqueda
sustitutiva de un nuevo régimen político[19].
De
esta manera se inició un largo proceso de conformación de un nuevo sistema de
partidos políticos que tendría su segundo gran momento de impulso con la
Reforma Política de 1996[20].
La característica central de este proceso de constitución de un nuevo sistema
de partidos políticos fue su verticalidad, es decir su conformación de arriba hacia abajo, y no como resultado
de la voluntad de partes específicas de la ciudadanía que deciden organizarse
políticamente desde abajo hacia arriba
para luchar electoralmente y llevar al poder su visión de país, intereses y
propuestas, como sucede en la mayoría de los procesos democráticos.
Surgió
en consecuencia el actual sistema de partidos franquiciado, basado en concesiones
otorgadas a grupos específicos de poder que pronto fueron dueños excluyentes de
las mismas y desde entonces las dominan para beneficio de sus propios intereses
personales o de grupo. Este proceso propicio un alto grado de impermeabilidad
tanto al interior de los propios partidos políticos como de la sociedad en
general, respecto de la representación de las causas de la gente, de las
propuestas de sus militantes y de las decisiones de acceso a las candidaturas.
En
resumen, la lucha por abrir el acceso democrático al poder se tradujo en la
formación de otro oligopolio que volvía a limitar, ahora desde una apariencia
de pluralidad, las legitimas aspiraciones de participación política de los
mexicanos y se perdió no sólo la posibilidad del entreveramiento generacional,
sino de la renovación misma de los cuadros, de los partidos y de su discurso y propuestas.
Se
llenó de oro a los partidos políticos e indirectamente a sus cofradías propietarias.
Sus fallas en la representación social, redujeron cada vez más sus
posibilidades de ayudar a procesar los intereses particulares por el
ecualizador tamiz del interés general. Por tanto, por omisión, contribuyeron a
incrementar los riesgos de no poder canalizar institucionalmente la conflictiva
social y a que el sistema perdiera cada vez más parcelas de gobernabilidad.
Es decir, en un contexto general de
debilitamiento de la República, del ascenso de los denominados poderes fácticos
legales e ilegales, de la conformación de gobiernos de primera minoría con
congresos divididos, de insuficiencia económica y de vulneración de la
seguridad ciudadana, el actual sistema de partidos políticos ha revelado su incapacidad para representar a la sociedad
y muestra así su baja utilidad para el interés público.
La
política actual perdió condición para ser constructiva, es incapaz de modificar
la correlación de fuerzas excluyente que hoy asfixia el desarrollo compartido,
democrático y equitativo del país, porque se encuentra subordinada al mismo. En
consecuencia dejó de ser útil a la mayoría ciudadana y se convirtió en materia
de negociaciones cupulares, que normalmente se traducen en dinero.
La pluralidad partidaria se mantuvo
en el número pero no en la esencia y la lucha del poder por el poder mismo se
constituyó en emblema de la práctica partidaria.
De ahí la necesidad de crear una Ley de Partidos Políticos que supere los planteamientos actuales contenidos en el Libro Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para democratizar y transparentar sus procedimientos y estimular la recuperación de la confianza ciudadana en esas instituciones.
Se deben instituir nuevos bienes a tutelar por esa Ley como por ejemplo: la garantía de respeto absoluto a sus documentos básicos y a sus procedimientos para renovarlos; la salvaguarda de la integridad del instituto político por encima del peso que cualquier líder, caudillo o candidato en su momento pueda tener; y la congruencia entre sus pactos internos y su oferta a la sociedad, que desde luego puede variar con cada elección pero no respecto de la esencia partidaria de cada organización; y sobre todo la permeabilidad y representatividad social de la organización partidaria.
De igual forma se debe proteger que los partidos políticos cumplan con su obligación de educar, tanto a la sociedad para colaborar en la construcción de una mayor y más solida ciudadanía, como al interior de su vida partidaria respecto de la capacitación de sus cuadros, de su desarrollo ideológico y de su visión nacional e internacional del país y por tanto de su discurso y propuestas.
Los partidos políticos constituyen proyectos de gobierno en ciernes y como tal están obligados a comportarse con la máxima responsabilidad ante la nación; esa es la base de su carácter constitucional como entidades de interés público.
La nueva Ley de Partidos debe bajar los requisitos para constituir nuevos partidos políticos, -cuya creciente elevación parece diseñada para proteger el vetusto oligopolio de las franquicias agotadas-, y con ello evitar la violación a los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 6 y 9 de la carta magna, en la que incurren las disposiciones del mencionado Libro Segundo del COFIPE que sólo permiten constituir un partido político cada seis años a partir del mes de enero siguiente a la elección presidencial[21] y que claramente limitan las tuteladas libertades de expresión y de asociación de los mexicanos.
Adicionalmente se debe revisar el requisito de las asambleas. En la práctica sólo ha demostrado ser otra limitante a la constitución partidaria, -además de una vía de entrada del corporativismo-. Cuando un partido pierde su registro por no cubrir el tope de votos de ley, muestra su poca utilidad: sus otrora sedicentes asambleístas brillan por su ausencia.
Es necesario dejar de medir la representatividad de los partidos políticos con un criterio sólo numérico y simplificar los requisitos para formar nuevos partidos desvinculando este hecho del financiamiento público automático. Se debe diferenciar el otorgamiento de prerrogativas a los partidos ya registrados de los que aspiran a un registro o eliminar la vinculación entre registro y financiamiento público y ligar esta última a la votación que obtengan las organizaciones recién creadas.
Es indudable que al flexibilizar los requisitos constitutivos de nuevos partidos políticos, sin demérito de la formalidad requerida para asegurar su plena legalidad, se abrirán opciones que contribuirían a distender el cerrado clima político que padecemos y permitirían aquilatar la validez de las propuestas y de la opciones de cada candidatura por lo que valen y no porque estas sean funcionales a quienes controlan las oligopólicas llaves de acceso al poder.
En México lo que hace falta es airear, oxigenar la política, abrir opciones y romper concesiones para incluir y dar oportunidades al gran talento desperdiciado de la nación. Por eso sigue siendo central a ampliar y tutelar la democratización de la vida interna de los partidos, en particular respecto de la nominación de dirigencias y candidaturas, donde es fundamental asegurar la plena consistencia entre la aspiración a una candidatura y el compromiso, manejo y defensa de los documentos básicos partidarios.
Por lo anterior, sería deseable que en la nueva Ley de Partidos Políticos, además de hacer de las elecciones primarias una constante, se definieran los requisitos mínimos que deben cubrir los aspirantes. Se debe establecer un piso de derechos y obligaciones de los militantes para defenderlos con base en los derechos fundamentales de asociación y de participación políticas consagrados en la Constitución y no únicamente respecto de la norma interna de cada organización partidaria y coligar la imprescindible certeza de la justicia partidaria a la existencia de órganos internos, cuyas garantías de autonomía e independencia también deben estar protegidas por la mencionada Ley de Partidos.
Por otro lado, la nueva Ley de Partidos debe enfatizar la transparencia y la rendición de cuentas hacia la militancia y hacia la sociedad por parte de las dirigencias de cada organización[22] y obligarlas a presentar un padrón vigente de militantes y adherentes que evite la doble afiliación y exhiba la real representatividad social de cada partido.
En materia de destino del gasto partidario, la nueva Ley de Partidos, debe ampliar y garantizar el financiamiento a las fundaciones y centros de capacitación de cuadros asociados a cada instituto político, para evitar, -como ahora sucede-, que estos sean los rubros que menos recursos reciben, lo cual consolida la perniciosa pobreza del actual discurso partidario en todas las organizaciones.
Candidaturas Independientes y Reelección Consecutiva...
Con relación a las candidaturas independientes la buena noticia es que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados en el mes de noviembre de 2011[23] y que el Senado seguramente ratificará esta voluntad legislativa en el retorno de su modificada minuta, la mala noticia es que los ciudadanos interesados sólo podrán comenzar a ejercer este derecho a partir de las elecciones federales intermedias de 2015 y que todavía no se establece la fórmula para financiar sus campañas electorales.
Es decir, para efectos del tema que nos ocupa en este ensayo, los efectos benéficos de las candidaturas independientes previstos para impactar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos y su rendición de cuentas, en tanto que un sistema complementario de competencia que colaborara con el buen fin de la próxima elección, no existirán.
El caso de la
reelección consecutiva de legisladores y
de alcaldes no vio la luz verde en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser
revisada por los Senadores que tendrán la opción de rechazar la minuta
aprobada, lo cual resulta poco probable, y/o de enviar una nueva iniciativa al
respecto o dar por cancelado el asunto.
Es de recordarse que
los promotores de la reelección de legisladores y de
alcaldes le otorgan la virtud de profesionalizar a los representantes, responsabilizarlos
ante la ciudadanía y por tanto disminuir el poder de coacción que sobre ellos
pudieran ejercer las cúpulas partidistas y los cacicazgos locales. Sin embargo hay
quienes consideran que la reelección consecutiva debe complementarse con la
existencia paralela de procedimientos de revocación de mandato.
Otros
analistas establecen que basta con acompañar este proceso con una ley general
de rendición de cuentas y de transparencia partidista -Ley de Partidos-, así
como con una reglamentación en materia de financiamiento y una reforma a la Ley de Radio y Televisión.
Al
respecto hay que recordar que la figura de la reelección consecutiva de
legisladores formaba parte de la Constitución mexicana hasta 1933, cuando fue
abolida para asegurar la disciplina partidista en ambas cámaras y así apoyar la
consolidación del régimen de partido hegemónico propio del siglo pasado. Por lo
que mantener esa prohibición en el contexto de pluralidad política actual,
pierde todo sentido.
Quienes
consideran que la restitución constitucional de esta figura colaboraría en el
fortalecimiento de la democracia, asumen que también actúa en favor de una
mayor y mejor gobernabilidad, debido a que la mencionada profesionalización de
la clase política se traduciría en el impulso a agendas de mayor profundidad y aliento.
Establecen también que se impactarían las
decisiones políticas de los representantes en favor de la ciudadanía, toda vez
que se encarece ir en contra de los intereses de sus electores, so pena de
lastimar sus propias posibilidades de reelección y por tanto de sobrevivencia
política.
Es
claro que decretar la reelección consecutiva a nivel federal, implica su
homologación en las constituciones
locales, además de precisar sus límites[24].
Este último, es un aspecto particularmente importante respecto de la reelección
de alcaldes, -que se asocia al debate sobre la revocación del mandato-.
Definirlo implica optimizar por un lado la búsqueda de una mejor administración
de las presidencias municipales, al tiempo que, por otro lado, se evite la
generación de eventuales cacicazgos.
Revocación de mandato o Juicio
Político...
Este
instrumento, -pensado para robustecer la rendición de cuentas y el buen
gobierno-, es un tipo de referéndum que promueve la destitución de un
gobernante cuando un porcentaje determinado de ciudadanos censura de manera muy
seria su desempeño. Sin embargo, algunos autores la consideran una herramienta no
deseable, en atención a dos aspectos: el impacto negativo que produce su
aplicación sobre la estabilidad del gobierno y/o a su posible uso faccional en la confrontación
política de grupos de interés.
En
consecuencia afirman que contar con la posibilidad de la reelección consecutiva
antes referida, también fortalece la rendición de cuentas y el control
ciudadano sobre los gobernantes y no genera las consecuencias negativas
mencionadas. No obstante para otros analistas el problema de la perpetuación de
un mal gobierno, causa un daño mayor, lo cual amerita reducir el tiempo de duración
de su afectación, por lo que consideran que no hay motivo para permitir su
extensión hasta la próxima elección.
Coaliciones de Gobierno...
En el aparatado correspondiente a la Reforma
al Régimen de Gobierno, se hizo una descripción del estado del debate en México.
Primero se estableció que existe una suficiente variedad de propuestas para
tomar una decisión, misma que está en función de lograr una correlación de
fuerzas favorable al cambio, a partir de construir un liderazgo colectivo
portador de la voluntad política de hacerlo.
Segundo se mostró que hay una gran cercanía entre
las distintas posiciones que proponen reformar el sistema presidencial, en
particular respecto de la necesidad de abrir las compuertas culturales, legales
y políticas, para instituir los gobiernos de coalición en México.
Tercero, se afirmó que avanzar en un reforma
de gobierno en el sentido expresado, además de estimular la formación de las
urgentes mayorías estables, transformaría a los actuales enemigos que hoy se
confrontan en las elecciones mexicanas, en adversarios pactados comprometidos
con una democracia de resultados. Es decir, se abonaría el camino para construir
lo que he denominado el Cuarto Pacto de
Poder[25]
en la historia de la nación mexicana y con ello, a la consolidación de la
democracia mexicana.
Recientemente en México se reavivó el debate
en torno a los gobiernos de coalición con base en una iniciativa que en tal
sentido presentara el Senado[26],
lo que dio lugar a otras similares en la Cámara de Diputados y luego al rechazo
a la propuesta por parte de sectores partidarios conservadores y a la
manifestación de apoyo de un grupo plural de intelectuales y políticos. Al
respecto es importante precisar que la intensión de esas iniciativas para la
formar gobiernos de coalición, se concibieron con un sentido táctico para
avanzar en la Reforma del Régimen de Gobierno, de ninguna manera tenían la
intensión sustituir el todo por la parte, ni de reducir o mutilar el gran
calado de las reforma.
Se
buscaba comenzar por las coaliciones de gobierno optativas detonar la transformación
integral de las reglas de gobierno para recobrar
la eficacia del Estado y atender, entre otros, los tópicos más
acuciantes de la agenda nacional: seguridad y economía.
Sin
embargo, al calor de su presentación y discusión públicas, se mezclaron
posiciones tácticas con simplificaciones que tendían a comprimir la Reforma del
Régimen de Gobierno al tema de las coaliciones, sujetando el debate integral a
una de sus partes. Incluso hubo algunas posiciones que incurrieron en el grave
error de confundir un gobierno de coalición, con una coalición electoral,
olvidando que el debate actual sobre las coaliciones de gobierno en México las
considera un instrumento para reunir una mayoría gobernante, después de emitido
el veredicto del elector.
Además
esas posiciones confusas no consideraron que inducir una suerte de electoralización de las coaliciones de
gobierno, las convertiría en bandera de un frente de unos contra otros, lo cual
encarecería todavía más su viabilidad.
En
síntesis, la propuesta de abrir el camino para instituir los gobiernos de
coalición no supera la Reforma del gobierno y menos la del Estado, toda vez que
es sólo un instrumento muy útil de las mismas. Por tanto, su mención por
separado debe ser vista con un sentido táctico, que tiene por objeto contribuir
a detonar la necesaria edificación de la nueva arquitectura institucional que
requiere el México democrático del siglo XXI.
Incorporar en la Constitución la factibilidad
opcional de los gobiernos de coalición, tiene el propósito de señalar a los
contendientes, pasadas las elecciones, en un camino de concordia que produzca
nuevos equilibrios políticos en bien de la República, sin restringir a ninguna
fuerza en su legítima lucha por el poder.
Por
ello es contra natura y resulta ridículo utilizar este concepto en sentido
excluyente. La viabilidad misma de los gobiernos de coalición supone que en la
fase electoral los contendientes se miren como adversarios, no como enemigos a
exterminar.
Se
debe intentar lograr mayorías estables de gobierno en las urnas, pero también
considerar que se puede conformar un gobierno de mayoría a través de pactos
legislativos expresos que tengan como base la integración plural del programa y
del gobierno.
La
integración plural debe ser tan amplia o tan intensa, como sea el soporte del
voto ciudadano a la propuesta triunfadora. Lo importante es hacer trasparente
la voluntad del elector al respecto, medida por el porcentaje específico votos
que recibió la bandera ganadora en la integración del Congreso.
Conclusiones...
La democracia mexicana a través de
la voluntad del elector, determinó el fin de todo poder hegemónico, por lo que
toda voz que afirme lo contrario o es ingenua o es mal intencionada.
El 24 de agosto de 2011, fueron dados a conocer los
resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional levantada
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, todos ellos
testimoniales muy relevantes de la percepción ciudadana sobre el maltrecho estatus
del Estado de Derecho en México[27].
En particular se destaca que el 70% de los entrevistados
manifestó su aprobación a convocar un Congreso Constituyente y que, ante el
severo deterioro institucional al que se ha llegado, el análisis de las
respuestas arroja la necesidad de rediseñar el Estado. Al final de este ensayo
me permito presentar algunas de sus láminas, que colaboran, -como todo ese
interesante esfuerzo-, en precisar el contexto de opinión pública que rodea los
esfuerzos de las fuerzas políticas en torno a la sucesión
presidencial del 2012.
Desafortunadamente
, -al igual que durante los últimos casi doce años-, parece que antes del
comienzo de esas elecciones ya no se superará el raquitismo legislativo en
materia de reformas de gran calado. Una vez más nuestra vida pública enfrentará
con más debilidades que fortalezas una trascendental reproducción política,
ahora en el 2012.
La falta
de un gran acuerdo mayoritario de la diversidad nacional seguirá siendo el gran ausente en
el proceso. No sólo no se concretará, sino que incluso está
fuera de las agendas partidarias. De nueva cuenta la restitución de la
República será pospuesta de cara a otra sucesión presidencial y México volverá
a afrontar los nuevos retos del su siglo XXI con las inercias del pasado, sin
contar con la renovación institucional requerida.
Lo dicho, 2012, será la última
elección del siglo XX, esperemos que los costos de esta oscura audacia no
graviten demasiado sobre nuestras posibilidades de retornar como nación
integrada a la modernidad cuya ruta hasta ahora tenemos perdida.
Segunda
Encuesta Nacional de Cultura Constitucional
Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Instituto
Federal Electoral
24
de agosto de 2011
o de el
1.
Campeche: 21
Diputados de Mayoría Relativa, 14 Diputados de Representación Proporcional, 11
Ayuntamientos;
2.
Colima: 16
Diputados de Mayoría Relativa, 9 Diputados de Representación Proporcional, 10
Ayuntamientos;
3.
Chiapas: Gobernador,
24 Diputados de Mayoría Relativa, 16 Diputados de Representación Proporcional,
118 Ayuntamientos*;
4.
Distrito Federal: Jefe de Gobierno, 40 Diputados de Mayoría Relativa, 26 Diputados de
Representación Proporcional, 16 Delegaciones;
5.
Guanajuato: Gobernador,
22 Diputados de Mayoría Relativa, 14 Diputados de Representación Proporcional,
46 Ayuntamientos;
6.
Guerrero: 28
Diputados de Mayoría Relativa, 18 Diputados de Representación Proporcional, 81
Ayuntamientos;
7.
Jalisco: Gobernador,
20 Diputados de Mayoría Relativa, 19 Diputados de Representación Proporcional,
125 Ayuntamientos;
8.
México: 45 Diputados de Mayoría Relativa,
30 Diputados de Representación Proporcional, 125 Ayuntamientos;
9.
Morelos: Gobernador,
18 Diputados de Mayoría Relativa, 12 Diputados de Representación Proporcional,
33 Ayuntamientos;
10.
Nuevo León: 26 Diputados de Mayoría Relativa, 16 Diputados
de Representación Proporcional, 51 Ayuntamientos;
11.
Querétaro, 15
Diputados de Mayoría Relativa, 10 Diputados de Representación Proporcional, 18
Ayuntamientos;
12.
San Luis Potosí: 15 Diputados de Mayoría Relativa, 12 Diputados de Representación
Proporcional, 58 Ayuntamientos;
13.
Sonora:
21 Diputados de Mayoría Relativa, 12 Diputados de Representación
Proporcional, 72 Ayuntamientos;
14.
Yucatán: Gobernador, 15 Diputados de Mayoría Relativa, 10 Diputados de
Representación Proporcional, 106 Ayuntamientos;
15.
Tabasco: Gobernador,
21 Diputados de Mayoría Relativa, 14 Diputados de Representación Proporcional,
17 Ayuntamientos; **;
* La reforma electoral de 2010 al Código de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas contempla que las elecciones de diputados locales y ayuntamientos serán coincidentes a partir de 2012.
**En 2009 hubo 11 elecciones coincidentes con la del 5 de julio, sólo Coahuila y Tabasco celebraron su elección en una fecha posterior a la elección federal. Las elecciones de ayuntamientos en Coahuila se llevan a cabo cada 4 años.
* La reforma electoral de 2010 al Código de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas contempla que las elecciones de diputados locales y ayuntamientos serán coincidentes a partir de 2012.
**En 2009 hubo 11 elecciones coincidentes con la del 5 de julio, sólo Coahuila y Tabasco celebraron su elección en una fecha posterior a la elección federal. Las elecciones de ayuntamientos en Coahuila se llevan a cabo cada 4 años.
Fuente IFE. Fecha de actualización 26 de octubre de
2011
[2] Ver "México, una modernización fallida", J.
Alberto Aguilar Iñárritu, Colaboración para el libro:“Balance en el proceso
democratizador de México 1988-2009”, Editorial Porrúa/Facultad de Derecho, UNAM/COPUEX,
Noviembre 30, 2009.
[3] Ver "El
Cuarto Pacto de Poder", J. Alberto Aguilar Iñárritu, Editorial Porrúa/Facultad de Derecho,
UNAM/COPUEX, Noviembre
20, 2010
[4] Es cierto también,
que si esa democracia es incapaz de abrir las compuertas del cambio estructural
una vez que la voluntad mayoritaria lo ha decidido, entonces habrá fracasado en
su institucionalidad, ésta se habrá roto y el camino restante podrá ser la
insurgencia de cualquier signo.
[5]
El 22 de
agosto de 1996 se publicó una reforma constitucional que modificó la formula de
sobrerrepresentación, fijándola en 8%. Dicho mecanismo consiste en la
prohibición de que un partido tenga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En la
minuta de Reforma Política aprobada en noviembre de 2011, los diputados
eliminan la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea del DF y homologan su
marco jurídico con el de la Cámara de Diputados al introducir el tope de 8% a
la sobre representación.
[6] Córdoba, José.
“Para gobernar México”, Nexos. Futuros
políticos para México, México, número 384, diciembre de 2009. En: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=56106 (10 de febrero
de 2009).
|
[8]
Es de
observarse que representantes de estas y todas las opiniones agrupadas en estos
tres segmentos, existen en todos los partidos políticos, desde luego de algunos
grupos en unos más que en otros, pero ningún instituto político se puede
definir como un tipo homogéneo o puro.
[9] Ver Informe Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM-Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso
de la Unión CENCA
[10]
Ver Informe
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM-Comisión Ejecutiva de Negociación
y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión CENCA
[11] El
segundo partido nacional que nacería en la nueva centuria, después del PANAL,
pero esperemos que este no se proponga mirar al futuro por el espejo retrovisor.
[12] Ver "El
Cuarto Pacto de Poder", J. Alberto Aguilar Iñárritu, Editorial Porrúa/Facultad de Derecho,
UNAM/COPUEX, Noviembre
20, 2010.
[13] "Godoy Toscano, el diputado acusado de nexos con el narco, asume el cargo" CNN México. Jueves, 23 de septiembre de 2010
[14]
Política, Dinero y Poder, Un dilema para las democracias de las
Américas. Sección de Obras de Política y Derecho. Organización de
Estados Americanos (OEA). Diciembre, 2011. Uruguay, 16. 2 dólares; Honduras
10.2 dólares, y Costa Rica 9.6 dólares http://www.oas.org/es/sap/docs/OEA_Politica_dinero_y_poder.pdf.
[15]
El IFE cuenta
con la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. No
está limitada por los secretos bancario, fiduciario y fiscal y tiene acceso a la
información del sistema bancario nacional y de las autoridades fiscales.
[16] Historia del Instituto Federal Electoral http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/
Nuria Fernández, La reforma política: orígenes y limitaciones. Cuadernos Políticos, número 16, México, D.F., editorial Era, abril-junio de 1978, pp. 16-30 http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.16/CP16.4.NuriaFernandez.pdf
[17]
El Partido Comunista Mexicano se fundó en 1919,
siendo en consecuencia el más antiguo del siglo XX. En 1929 fue declarado
ilegal y de nuevo en 1940 volvió a la clandestinidad, después de un período de
5 años de legalidad, que inició en 1935 bajo el gobierno del General Lázaro
Cárdenas. Fue el núcleo para la formación de la Confederación
General de Trabajadores y de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) que luego constituiría hasta la fecha uno de los sectores que conforman
el PRI. Durante los años 50 y 60, el Partido Comunista Mexicano fue duramente
combatido por los gobiernos del PRI, cuestión que se precipitó en torno al
Movimiento estudiantil de 1968. Posteriormente el PCM evolucionó hacia posturas
cercanas al Eurocomunismo que se desarrolla sobre todo en Italia y en la
crítica a las acciones. Después de la promulgación de la LOPPE, el PCM
participa en las elecciones legislativas de 1979 para conformar la LII
Legislatura y gana también por vez primera en su historia una presidencia municipal en Alcozauca de Guerrero, además de
18 diputados de representación proporcional. En 1981, el PCM se fusiona con el Movimiento
de Acción y Unidad Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano y el Movimiento de Acción Popular, para
constituir el Partido Socialista Unificado de México, mismo que posteriormente
dará lugar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) mediante su fusión con la Corriente
Democrática que entonces abandonaba al PRI. No obstante una pequeña corriente
se negó en 1981 a extinguir el PCM en 1981 y continuó publicando su órgano
oficial bajo el nombre de “Resurgimiento”. Ver Carr, Barry (1996). La izquierda mexicana a través del siglo XX. México: Era. 968-411-387-0.
[18] Ver
Elecciones de 1988 en México. crisis del autoritarismo (pp. 229-262) Juan Molinar, Jeffrey Weldon Revista Mexicana de Sociología Vol.
52, No. 4, Oct-Dic 1990 y Evolución Política
del PRI de 1994 a la fecha. Sociedad y Desarrollo en México.
Ing. Francisco Amparán. ITESM Campus
Laguna (2001)
[19] Ver "México, una modernización fallida", J.
Alberto Aguilar Iñárritu, Colaboración para el libro:“Balance en el proceso
democratizador de México 1988-2009”, Editorial Porrúa/Facultad de Derecho,
UNAM/COPUEX, Noviembre 30, 2009.
[20] LA REFORMA
POLÍTICA DE 1996 EN MÉXICO Eduardo Andrade http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=155
[21] Artículo 28 Libro Segundo COFIPE
1. Para constituir un partido político
nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto
Federal Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección
presidencial. A partir de la notificación, la organización interesada deberá
informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos
que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del
registro legal y realizará los siguientes actos previos tendentes a demostrar
que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:
a) Celebrar por lo menos en veinte
entidades federativas o en doscientos distritos electorales, una asamblea en
presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:
I. El número de afiliados que concurrieron
y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser
menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo
dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que asistieron
libremente y conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa
de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación
formal de afiliación;
II. Que con las personas mencionadas en la
fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre,
los apellidos, su residencia y la clave de la credencial para votar, y
III. Que en la realización de la asamblea
de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras
con objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el caso
de agrupaciones políticas nacionales.
b) Celebrar una asamblea nacional
constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto,
quien certificará:
I. Que asistieron los delegados
propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales;
II. Que acreditaron por medio de las actas
correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo
prescrito en el inciso a) de este artículo;
III. Que se comprobó la identidad y
residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial
para votar u otro documento fehaciente;
IV. Que fueron aprobados su declaración de
principios, programa de acción y estatutos; y
V. Que se formaron listas de afiliados con
los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con el objeto
de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por este
Código. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del
inciso anterior.
2. El costo de las certificaciones
requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los funcionarios
autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones
correspondientes.
3. En caso de que la organización
interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en el
párrafo 1 del artículo 29 de este Código, dejará de tener efecto la
notificación formulada.
[22] En todo caso es dable y se puede establecer que cierta información relativa a las estrategias electorales de cada partido político tenga un carácter reservado o confidencial.
[23] Se reforma
el párrafo primero y la fracción II del artículo 35 constitucional: "II.
Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos,
así como a los ciudadanos que soliciten
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación;"
Martes, 08 de Noviembre de
2011, Primer Periodo Ordinario, No. Gaceta del Senado: 304
[24] En
el dictamen aprobado por el Senado, se establecen tres períodos para diputados
y dos períodos para senadores.
[25]
Ver
"El Cuarto Pacto de Poder", J. Alberto Aguilar Iñárritu, Editorial Porrúa/Facultad de Derecho,
UNAM/COPUEX, Noviembre
20, 2010.
[26]
Ver
Gobiernos de Coalición. Senador Manlio Fabio Beltrones. Coordinador del Grupo
Parlamentario del PRI y de la Junta de
Coordinación Política del Senado de la República. 14 de septiembre de
2011.
[27]
Ver Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Instituto Federal Electoral.
24 de agosto de 2011
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