Reflexiones para una Agenda Legislativa…

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J Alberto Aguilar Iñárritu
El Universal

Mañana, primero de septiembre, dará inicio el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura. Como es costumbre, los imperativos seguirán siendo muchos y pocas las posibilidades de avanzar en temas de fondo. Los temas de Estado, las reformas política, fiscal y de seguridad entran en alerta roja, resultado de aplazar la renovación institucional que le urge a México.
Los más reclamarán a las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión su escasa voluntad para arribar a acuerdos. Con razón otras voces insistirán en que el agotado régimen presidencialista —incapaz de construir mayorías estables en la pluralidad—, es el origen del no acordar para romper el círculo vicioso de la inmovilidad. Por fortuna, habrá quienes volverán a apostar a la construcción del cambio, porque saben que si se echa mano de la política como arte de lo posible, es factible encontrar la luz al final del túnel y avanzar sin maximalismos en la tarea de reconocer, en las tendencias dominantes, aquellos resquicios que permiten progresar.
Ese es el propósito de la Evaluación Conjunta de las Iniciativas de Reforma Política, que se realizó en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) entre enero 26 y marzo 23 de 2010, con las iniciativas presentadas hasta entonces, donde el análisis de un grupo plural de especialistas convocados ex profeso por el CEEY, demuestra que se puede construir consenso en la diversidad y avanzar en al menos 17 temas, donde la mejor propuesta, en una escala de cero a 10, obtuvo una calificación aprobatoria.
Las mejor calificadas fueron: la propuesta del PRI en el Senado para la conformación de la Cámara de Diputados y de Senadores, las propuestas del Ejecutivo federal para la elección consecutiva de legisladores federales y locales y de autoridades locales, así como para candidaturas independientes; la propuesta del PRI en el Senado relativa a la ratificación de los miembros del gabinete; las posiciones del Ejecutivo federal respecto a la remoción de los miembros del gabinete, de la iniciativa presidencial preferente para reformas constitucionales, sin referéndum, y de la iniciativa ciudadana; el porcentaje mínimo de votación para mantener el registro como partido político y la propuesta de consulta popular, referéndum y plebiscito, presentados por el PRI en el Senado; la posición del PRI en el Senado, del DIA y del PVEM, con relación a la segunda vuelta en la elección presidencial; las propuestas del PRI en el Senado respecto de la suplencia en caso de falta del titular del Poder Ejecutivo y sobre el fomento del trabajo en las comisiones legislativas; la posición del Ejecutivo federal y de PRI en el Senado relativas a la revocación de mandato y, finalmente, las propuestas de juicio político y de autonomía del Ministerio Público hechas por el PRI en el Senado. Este reporte está disponible en: www.ceey.org.mx/site/seccion/evaluacion/Poder%20Legislativo
A los temas anteriores habrá que añadir dos que no existían al momento de la elaboración del reporte del CEEY: el debate sobre la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados de construir mayorías legislativas aritméticas a partir de eliminar los topes a la sobrerrepresentación y mediante el regreso de la cláusula de gobernabilidad, y el reconocimiento a que las famosas alianzas aparecidas en las pasadas elecciones no sólo llegaron para quedarse, sino que han causado una nueva etapa de la lucha política donde se dibuja una clara tendencia hacia un bipartidismo mayoritario PRI-PAN y sus aliados, con un polo de izquierda social firme representado por el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en el PT.
Esto último puede ser el principio de una nueva arquitectura electoral que facilite la formación de mayorías sin lastimar la pluralidad alcanzada, siempre y cuando se superen dos problemas: primero, el sentido meramente electoral de las alianzas, a las que se obligue a tener consecuencias de gobierno, ejecutivas y legislativas y, segundo, que el actual grado de discrecionalidad de las dirigencias partidarias que trabaja a favor de sus necesidades personales de crecimiento político y en contra de la integridad y consistencia de sus partidos y de la representatividad ciudadana, se acote para mejorar la calidad de la política mexicana.
Conseguir ambas regulaciones presenta un grado de dificultad menor, toda vez que se pueden realizar a nivel Cofipe, sin requerir de complejas mayorías calificadas, y constituiría un avance muy significativo en materia de sanidad y seriedad políticas. Lo primero se alcanza al obligar a que las plataformas electorales de las alianzas se traduzcan en programas de gobierno, agendas legislativas y posiciones ejecutivas y/o legislativas para cuadros representativos de las diversas fuerzas. Lo segundo mediante la sanción, con todo rigor, a las dirigencias partidarias que se aparten o permitan que los militantes se aparten o contradigan los documentos básicos de sus partidos políticos.
josealbertoaguilar@terra.com.mx
Político y escritor